De acuerdo con la directora del Programa Regional para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Susan Lee, aún el gobierno mantiene actitudes que alimentan la desconfianza en la población sobre la buena voluntad que dice tener para investigar y esclarecer los sucesos del 5 de junio en Bagua.
La comisionada precisó que entre los factores que alimentan la desconfianza se hallan la presencia de las Fuerzas Armadas en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), pese a que el Estado de Emergencia ya ha sido levantado por el Ejecutivo. "Hay presencia militar en edificios, en todo el casco urbano todavía", remarcó.
Lee aseguró también que un segundo factor de gran inquietud entre los indígenas es que luego de la derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, aún se mantienen las concesiones de explotación de recursos amazónicos. Dichas concesiones fueron rechazadas por los indígenas porque se superponían a sus tierras.
"Las concesiones existen, se están activando; y si por una parte los pueblos escuchan al gobierno decir por un lado que ahora sí vamos a conversar; pero mientras tanto, las concesiones están en marcha, están en operación y no hubo ninguna consulta sobre el impacto de estas sobre las comunidades", comentó Lee.
Respecto a su visita a la zona de conflicto, Lee manifestó que hubo muchos casos de violaciones de derechos humanos durante los días más álgidos del conflicto. Corroboró que los maltratos se extendieron hasta las personas que físicamente no podían defenderse. "Hubo maltratos físicos a manifestantes y a los detenidos; personas heridas fueron sacadas de las ambulancias y maltratadas físicamente".
En cuanto a los indígenas desaparecidos, dijo que de comprobarse "sería una situación muy grave". Sin embargo, reconoció que esclarecer este asunto es muy difícil porque no es posible acceder a la zona. Admitió, en ese contexto, que su organización no ha visitado todas las comunidades que participaron en las movilizaciones -que sobrepasan la centena- pues son muy apartadas.
Finalmente, lamentó que se haya utilizado políticamente el informe que elaboró la Defensoría del Pueblo referente a los desaparecidos. "El informe fue mal leído porque no dice que no hubieran desaparecidos. Lo que dice es que no habían podido corroborar desapariciones en las comunidades que visitaron", puntualizó.
