La fiscal adjunta titular de Chachapoyas, Luz Rojas, fue le encargada de presentar la denuncia ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba el pasado viernes. El juez encargado deberá determinar si hay razones para abrir un proceso.
Los generales acusados fueron el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano, y el comando operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza.
El delito que ahora enfrentarán estas personas junto con otros 15 efectivos de menor rango será el de homicidio calificado en agravio de cuatro pobladores indígenas y dos civiles. Esta es la primera acción legal contra los policías que participaron en el enfrentamiento, en tanto los pobladores indígenas vienen siendo juzgados, detenidos y perseguidos.
La fiscal manifestó que dichos generales acusados tuvieron a su cargo la operación de desalojo de unos cinco mil nativos de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del lugar conocido como Curva del Diablo. En el documento presentado por la Fiscalía, Rojas asegura que los agentes hicieron un "uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance".
Inmediatamente después de interponer la denuncia, la fiscal Rojas fue trasladada por la Fiscalía de la Nación a Chachapoyas como titular adjunta. Este traslado ha despertado suspicacias en los medios locales, quienes relacionan el hecho con las investigaciones que la fiscal seguía en torno a lo que ocurrió el pasado 5 de junio, informa la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Los indígenas no utilizaron armas de fuego
A pesar que todas las voces del gobierno acusaban a las comunidades indígenas de haber participado en una emboscada, de que ellos atacaron a la policía y ésta repelió el ataque, hoy la Junta de Fiscales de Amazonas informó que tras la necropsia y las pruebas de absorción atómica realizadas a los cinco fallecidos en la Curva del Diablo se descartó que hayan disparado armas de fuego, aseveró el presidente de la institución, Oswaldo Bautista.
Ya el 22 de julio pasado, tras las primeras investigaciones la Junta de Fiscales afirmó que los indígenas apostados en la Curva del Diablo no portaban armas de fuego antes del operativo de desalojo y que todo el armamento incautado pertenecía a efectivos de la DINOES.
Además, Bautista denunció que las fiscales no pudieron llegar a la zona de los enfrentamientos hasta pasadas las 07:30 horas debido a que la policía no las trasladó oportunamente.
