Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, de 46 años y madre de seis hijos, fue detenida en agosto de 2006 y condenada a 21 años de cárcel.
Según los informes a los que ha tenido acceso Amnistía, el 26 de marzo de 2006 entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones vestidos de civil, que decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD "piratas".
En medio de la tensión consiguiente, los agentes intentaron confiscar productos del mercado y los vendedores les pincharon los neumáticos de algunos de sus vehículos.
Esa noche, los seis agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, alegando que las personas participantes en la protesta los habían tenido secuestrados varias horas.
Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta fue detenida y conducida a la Procuraduría General de la República. En ese momento, le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado, así que hasta que no la llevaron a la prisión no se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, del secuestro de los agentes.
La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes en la protesta, informa Amnistía.
Jamás se ha presentado ninguna otra prueba de su participación en el incidente, y durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta.
En aquel momento Jacinta hablaba muy poco español y no entendía lo que ocurría. No se le proporcionó ningún intérprete, y su abogado de oficio no habló nunca con ella para explicarle su derecho de defensa. Jacinta afirma que el letrado se limitó a permanecer sentado en un rincón de la sala, sin decir nada, cuando la obligaron a firmar unos documentos que no entendía.
Amnistía Internacional ha afirmado que a Jacinta se le negó un juicio justo y que está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia. La organización ha pedido a las autoridades mexicanas que la dejen en libertad de inmediato y sin condiciones.
Jacinta se encuentra encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006, asegura AI. "El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social", ha afirmado Rupert Knox, investigador del organismo de derechos humanos.
El 17 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que había habido graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta. La mujer continúa en prisión a la espera del resultado de un nuevo juicio.
