Los problemas
El informe de Anaya es producto de su estancia en diferentes lugares de Brasil en agosto de 2008. Anaya elogia el trabajo de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y la Fundación Nacional de la Salud (Funasa), pero alerta de los "bajos indicadores sociales de los indígenas, especialmente en educación, salud y justicia".
Anaya denuncia también que las políticas del Gobierno brasileño dan la espalda a los indígenas pese a que esas mismas políticas afectan muy de cerca al desarrollo de las comunidades originarias, como es el caso de la extracción de recursos naturales.
Otra denuncia grave del Relator tiene que ver con la "invasión y ocupación ilegal de tierras indígenas, incluso cuando esas áreas han sido demarcadas y registradas con anterioridad para proteger el derecho de las comunidades sobre sus tierras y recursos naturales".
Las soluciones
Para resolver esta situación, Anaya sugiere implementar una fuerte campaña de educación con la ONU y el Gobierno de la mano, para que la población entienda la importancia de respetar las diferencias.
Como no podía ser de otro modo, Anaya sólo defiende las políticas públicas que tengan como base el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y que vayan encaminadas a garantizarles el derecho sobre el control de sus tierras y recursos naturales. Por supuesto, el Gobierno debe coordinar estos planes de desarrollo con los mismos pueblos.
Sobre el problema de la educación, el Relator defiende alianzas entre el ministerio, los estados y los municipios, con el fin de fomentar el acceso a la educación para las comunidades indígenas utilizando, eso sí, "métodos que incluyan su cultura en el día a día de las escuelas". Además, Anaya recomienda el desarrollo de acciones afirmativas que faciliten el acceso de la población indígena a las universidades.
La postura del Gobierno brasileño
Anaya afirmó ayer que "el Gobierno brasileño manifestó el compromiso de avanzar en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con parámetros internacionales y con base en el apoyo a la Convención de la OIT para esos pueblos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".
No obstante, a pesar de algunas acciones positivas del Gobierno en esta materia, Anaya todavía observa algunos serios obstáculos que necesitan de unas políticas públicas mucho más efectivas.
El documento divulgado ayer será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 14 de septiembre, en la sede de la organización en Ginebra.
