Felipe Cusanero Coj fue hallado responsable de la desaparición de seis indígenas de la Aldea Choatalum en Chimaltenango, durante el conflicto armado interno, del 5 de noviembre de 1982 al 28 de octubre de 1984.

Según informó el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Tribunal enfatizó el carácter permanente y continuado del delito de desaparición forzada y fundamentó la misma en los medios probatorios presentados por la fiscalía y los querellantes del caso.

De esta manera se validaron los testimonios de familiares que presenciaron la privación arbitraria de libertad de sus familiares en aquellos años y los informes antropológicos forenses que demostraban la existencia de un destacamento militar en dicho lugar.

También se reconocieron como elementos probatorios el Informe Guatemala Nunca Más, el Informe Memoria del Silencio y varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia ordenó la captura inmediata del acusado y le condenó a 25 años inconmutables de prisión por cada desaparecido, aunque Cusanero ya venía cumpliendo detención domiciliaria desde 2008, cuando se inició el proceso.

Asimismo, se refirió a las diligencias de persecución penal que el Ministerio Público debe seguir ya que durante el debate se mencionó los nombres de dos militares presuntamente involucrados en este caso.

Para la organización de Derechos Humanos de Guatemala, esta sentencia “es de gran importancia para las miles de víctimas del conflicto armado interno, ya que abre una luz de esperanza para quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado de Guatemala a través de sus fuerzas represoras”.

“Hoy un comisionado militar está en la cárcel, pero faltan muchos, faltan aquellos que en la actualidad se pasean por las calles del país en total impunidad, los que dieron la orden”, aseguran los familiares en un comunicado.

Ellos firman el texto como querellantes junto con la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, así como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, agrupación asesora legal en el proceso.

Manifiestan el reconocimiento al tribunal de Chimaltenango, que ejerció con calidad su labor. Ese trabajo demuestra, según el documento, que en el país existen quienes no quieren la repetición de hechos como ese, “capaces de reconocer la responsabilidad del Estado y con un grado de humanidad que de alguna forma resarce a los más de 45 mil desaparecidos”.

En diciembre de 1996 se firmaron en Guatemala los Acuerdos de Paz. Con estos acuerdos se ponía fin a 36 años de enfrentamientos armados en el país. Durante este periodo, la guerra interna dejó un saldo de 200 mil víctimas.

En ese momento, organizaciones de derechos humanos iniciaron sus denuncias por las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante el conflicto interno. La principal preocupación de estas organizaciones son los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos por fuerzas del orden ente 1979 y 1983.

Las principales víctimas de estos crímenes fueron las comunidades mayas de Guatemala.

El resultado de este juicio es muy difundido al sentar un precedente histórico, pues desde que en 1996 se tipificó la desaparición forzada como delito ningún caso había sido juzgado, mientras la sentencia enfatizó en su carácter permanente y continuado.