Las organizaciones indígenas ecuatorianas se movilizarán desde la mañana del lunes pidiendo un diálogo directo con el presidente, Rafael Correa, al que acusan de privatizar los recursos hídricos de las comunidades originarias.
“Mientras se realice la paralización indefinida pedimos un diálogo directo con el presidente Rafael Correa, no con sus delegados”, expresó este fin de semana Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Los indígenas denuncian que el Gobierno, a través del proyecto de la Ley de Aguas, se está plegando a las empresas que pretenden extraer recursos no renovables de sus territorios. En la actualidad el proyecto se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.
Humberto Cholango, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), ha dicho que la presentación emitida por la televisión nacional sobre el proyecto fue elaborada con “medias verdades”.
La movilización, convocada por Conaie, tiene previsto bloquear vías en siete provincias del país. Cholango lo explicaba este fin de semana en declaraciones a AFP: “el levantamiento indígena incluye marchas, movilizaciones en ciudades y cierre de carreteras a nivel nacional, pero se concentrarán en áreas indígenas”.
El dirigente originario también destacó que las movilizaciones, en caso de desestimarse sus demandas, podrían ir en aumento a lo largo de los días.
Tito Poanchir, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), se ha sumado a las voces críticas con el Gobierno, al que ha acusado de no escuchar y de “imponer leyes que perjudican a las nacionalidades de la región amazónica”.
Entre las principales observaciones hechas a la propuesta de Ley de Aguas del Ejecutivo, los indígenas alegan que no permite la redistribución y reclaman la no privatización del agua. Además, dicen las organizaciones, en el nuevo texto la participación estaría subordinada a lo que digan el Plan Nacional y una autoridad única, priorizando la explotación minera y subestimando la autoridad comunitaria de las juntas de agua.
Correa, por su parte, acusó a los indígenas de querer desestabilizar su Gobierno “con argumentos basados en mentiras”. El Presidente replica que el proyecto no privatizará el agua e invoca la norma constitucional del país para disipar las dudas.
De momento no parece que las movilizaciones vayan a detenerse. Correa ya ha advertido que no dialogará por la fuerza con ningún sector y la Policía ha anunciado la puesta en marcha de un operativo de seguridad para evitar que las manifestaciones deriven en violencia.
Correa llamó a los indígenas a que “no se dejen manipular” por “dirigentes que están desesperados porque han perdido sus privilegios”. El presidente ha calificado de “irreflexivos” a los líderes de la Conaie que se han sumado a la protesta.
Hay que recordar que la Conaie participó en los derrocamientos de los expresidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, en 1997 y 2000.
Según cifras de las organizaciones indígenas, la población originaria representa un 30% del total del país, unos cuatro millones de personas.
