Por Organización Fraternal Negra Hondureña -OFRANEH-.
A partir del Golpe de Estado, Honduras se convirtió en un laboratorio político, en donde la ultraderecha viene implementando nuevas leyes y proyectos encaminados a destruir la soberanía nacional, entregando la biodiversidad, subastando territorios y aplicando recetas neocoloniales; con el supuesto propósito de sacar a Honduras de la pobreza en que se encuentra anclada.
Un indicador de la desfachatez política de los golpistas y sus herederos, es el proyecto del canadiense conocido como el Rey del Porno, quien promueve en Trujillo, un muelle de cruceros panamax bajo el nombre de Banana Coast. el "rey del porno" se afianzó durante el intinirato, período durante el cual obtuvo licencias ambientales para la construcción de su muelle, después de haber logrado bajo la amenaza de expropiación forzosa, la compra de terrenos para el Banana Coast en la comunidad de Río Negro, Trujillo.
A pesar que el rey del porno, obtuvo para el Banana Coast una cuestionable Licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental presentado a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), no explica de forma coherente donde se ubicarán los más de 800 mil metros cúbicos de sedimentos que serán extraídos del fondo de la bahía para lograr que los cruceros de gran calado puedan llegar hasta el extremo donde se encuentra ubicada la ciudad de Trujillo.
La comunidad Garífuna de Río Negro fue demolida sin que en ningún momento a los funcionarios municipales o estatales se les hubiera ocurrido consultar a los Garífunas de Trujillo, a quienes simplemente se les obligó a vender bajo la amenaza de expropiación, enmarcada en una campaña de señalar a los opositores como simples enemigos del desarrollo.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas - ambos firmados y ratificados por el Estado de Honduras - señalan la importancia del derecho a la consulta, previa, libre e informada. Sin embargo, en Honduras dicho derecho es desconocido por el Estado, quien siempre impone sus leyes y proyectos desconociendo a los pueblos o simplemente convirtiendo los procesos de socialización en farsas que denomina consultas.
Durante el actual mandato "nacionalista", el Congreso Nacional ha emitido una serie de Leyes sin en ningún momento haya consultado a los pueblos indígenas del país. El Plan de País, Proyecto de Nación, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y los Decretos para la "Producción de Energía Renovable", son entre otros parte del rosario de leyes de corte neoliberal con que los nacionalistas pretende afianzar la condición colonial existente en Honduras.
Como uno de los ejemplos clásicos de la ausencia del respeto al Derecho a la Consulta, se encuentra la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, la que cambiará la geografía costera, al afectar los humedales de Brus Laguna e Ibans, además de impactar directamente al pueblo Tawahka. A pesar que en su momento los cuatro pueblos indígenas que habitamos en la Moskitia, manifestamos nuestra oposición a la hidroeléctrica, el Estado de Honduras procedió a la construcción de la tercera fase.
En cuanto a las RED o Ciudades Modelo, la celeridad con que fue aprobada la reformas constitucionales (La Ley y su estatuto) quedó claro como la abrumadora mayoría "nacionalista¨ y partidos minoritarios, descartaron el concepto de soberanía para fragmentar el estado-nación en retazos subastables. La vaporosidad de la ley y su incierta ubicación, ha permitido que un grupúsculo de pseudo empresarios se den el lujo de decidir el futuro de la nación y sus ciudadanos.
Desde la emisión de la Ley RED, tanto el ejecutivo como el legislativo han dejado entrever que el territorio Garífuna que se encuentra al este de Trujillo, pasaría a conformar una de las Ciudad Modelo. De esta manera el infausto proyecto ocuparía la franja donde se encuentran ubicadas las comunidades donde más preservada se encuentra la cultura Garífuna.
El pueblo Garífuna en ningún momento ha sido consultado sobre las Ciudades Modelo, avecinándose una vez más la violación del Convenio 169 de la OIT, el que para los integrantes del Congreso Nacional, no es más que papel mojado, que no ha sido regulado por esa entidad, como han pretendido en varias ocasiones, sin tomar en cuenta que los Convenios Internacionales se encuentran sobre las leyes nacionales, como afirma el Tratado de Viena (1969).
Existe por parte del Estado de Honduras una campaña dirigida a destruir la condición de indígenas que poseemos los Garífunas, para convertirnos en simples afrodescendientes. La posible explicación a esta singular moción -la que no tiene sustentación antropológica alguna - es eludir los convenios y tratados internacionales que asumió el Estado con los derechos de los pueblos indígenas, para así proceder a una piñata con el territorio Garífuna.
Desde la emisión de la Ley de Propiedad, concebida y financiada por el Banco Mundial, existe una predisposición sobre la atomización de los territorios de los pueblos indígenas y la disolución de la propiedad comunitaria. Con la Ley RED se pone de manifiesto la apropiación de lo que podemos denominar la última frontera en centroamérica. La franja entre Trujillo (Honduras) y Limón (Costa Rica) es un bastión de biodiversidad con una baja densidad de población. Desde la explotación que se pretende de hidrocarburos, la apropiación de la riqueza forestal, la destrucción de humedales y la producción de enormes plantaciones de agrocombustibles, el Caribe mesoamericano se convierte en una presa para los capitales especulativos.
La OFRANEH exige al Estado de Honduras respeto a los territorios ancestrales de las comunidades Garífunas, así como la aplicación del derecho a la consulta previa libre e informada del cual tenemos derecho como pueblo.
Dado en Sambo Creek, La Ceiba, Atlantida, a los 10 días del mes de septiembre del 2013
