Indígenas nicaragüenses solicitaron a (CIDH) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protección de sus comunidades, que se pueden ver afectadas a causa del proyecto de la construcción de un canal interoceánico.
EFE- El Consejo de Ancianos del Caribe sur de Nicaragua, máximo órgano de consulta de los indígenas de la zona, dijo que pidió a la CIDH "la protección de sus derechos a la autodeterminación y el acceso y uso efectivo de sus tierras tradicionales y recursos naturales". La solicitud fue realizada por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
La comunidad indígena argumentó ante la CIDH que sus "derechos colectivos han sido violados", y que el uso efectivo de sus territorios es la "base fundamental" de su cultura y subsistencia.
El consejo detalló que su solicitud estuvo basada en los derechos territoriales que les garantizan la Constitución de Nicaragua y la Ley de Autonomía de la Costa Caribe.
Asimismo, solicitaron a la CIDH intervenir para que el Gobierno de Nicaragua brinde información sobre el proyecto.
El interés de obtener detalles sobre la construcción del canal es "para conocer y analizar las posibles afectaciones en sus tierras y territorios, así como una consulta adecuada".
El Consejo de Ancianos explicó que su denuncia fue una opción luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara, en diciembre pasado, varios recursos por inconstitucionalidad en contra de Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.
El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que la próxima semana dará a conocer la ruta que finalmente tendrá el canal, cuyo diseño, construcción y administración hasta por 100 años concedió en junio de 2013 al grupo chino HKND Group, que deberá invertir al menos 40.000 millones de dólares en el proyecto, según los datos disponibles.
Según la ley que lo rige, el canal nicaragüense para el paso de grandes buques entre el Caribe y el Pacífico podría estar parcialmente construido en 2019, año en el que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial.
La zona de construcción del canal será declarada de "utilidad pública" y el Estado indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.
El proyecto incluye una vía acuática más ancha que el Canal de Panamá ampliado y uno seco ferroviario, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zona franca y un aeropuerto, tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico. EFE
