Fuente: Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación de los pueblos indígenas, a través de un informe plagado de falacias, con las cuales pretendió diluir los grave señalamientos sobre las múltiples violaciones al Convenio 169 de la OIT.
El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciada.
En el Informe de la Aplicación de Normas de la OIT se encuentran registras las participaciones del estado de Honduras y de representantes de los sindicatos que expusieron sus ponencias. En esta nota nos referiremos especialemtne a la versión de la farsa del estado de Honduras en relación a la consulta sobre los hidrocarburos en la Moskitia.
En el informe estatal señala que “en la zona marítima de la Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013; se realizaron diez (10) asambleas de consultacon los consejos territoriales de la Mosquitia”.
Sí bien la supuesta consulta con el pueblo Miskito se efectuó a partir de septiembre, el Congreso Nacional aprobó a matacaballo el 21 de mayo de 2013, en un sola sesión el contrato con la empresa British Gas (BG). De forma previa el Consejo de Ministros aprobó el contrato el 9 de Abril, el que según el cuestionado ex ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Señor Rigoberto Cuellar, se otorgaba 35,246 kms2 a la empresa británica para la exploración y posterior explotación da la plataforma marítima en la Miskitia.
El estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.
El pueblo hondureño conoció las pretensiones de BG a través de un programa de televisión transmitido el 25 de octubre de 2012, en el cual concurrió el señor Roberto Cáceres -actual director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- él que en aquel entonces fungía como asesor presidencial en materia de hidrocarburos.
La OFRANEH fue contactada a través de un nota enviada el 5 de agosto de 2013 por un funcionario de SERNA, en la cual se refiere a “coordinar las acciones correspondientes a este proceso de socialización o consulta” . No es la primera vez que las autoridades de SERNA confunden socialización con consulta, demostrando una habitual ignorancia supina, especialmente en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
El estado de Honduras acompañado por BG efectuaron una serie de socializaciones en las comunidades Mikistas en el mes de septiembre de 2013, en las cuales las comunidades demostraron su repudio a la socialización, ya que el contrato había sido firmado seis meses atrás.
El informe del estado presentado ante la OIT indica además que “Esta practica de consulta previa, libre e informada se implemento desde el 2011; inicialmente se aplicó a proyectos hidroeléctricos localizados en la zona indígena Lenca del país”. Cabe señalar que el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres está relacionado precisamente con el rechazo presentado por el pueblo Lenca en relación a la construcción de represa de Agua Zarca, donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) efectuó varias consultas en relación a las diversas hidroeléctricas, cuyos resultados fueron ignorados por el estado.
Posterior a la reunión en Ginebra, funcionarios estatales procedieron a diluir las acusaciones presentadas en contra de Honduras en la OIT, haciendo alarde de haber obtenido un gran logro ante la OIT, ademas de indicar que se encuentran en el proceso de elaboración de una Ley de Consulta, 21 años después de haber ratificado el Convenio 169. Aducen entre otras la existencia de una “mesa técnica interinstitucional del Convenio núm. 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración, ejecución y seguimiento del instrumento legal de consulta”.
Sin embargo el estado de forma deliberada ha excluido al COPINH y la OFRANEH, organizaciones indígenas que hemos venido defendiendo los derechos territoriales y culturales de nuestros pueblos. Durante años hemos señalado las inconsistencias del programa de Reducción de las Emanaciones Y Degradación del Bosque (REDD, por sus siglas en inglés) -promovido por Naciones Unidas y el Banco Mundial- especialmente los abusos que se puedan dar a través del artículo 100 de la Ley de Propiedad (creada por el Banco Mundial). Naciones Unidas viene promoviendo desde hace tres años la adopción de una Ley de Consulta para así poder implementar los supuesto proyecto de protección del bosque, que en otras latitudes del planeta no han sido más que una estrategia de despojos de los territorio indígenas.
El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso. Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas
A partir del golpe de estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual de las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, una hecatombe para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios.
Una vez más insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el estado de Honduras. Ademas del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas.
Sambo creek, 27 de julio de 2016.-
