Bogotá - Colombia
Mayo 6 de 2004
Doctor
LUIS CARLOS OSORIO
Director
Periódico Actualidad Étnica
Ciudad
Respetado doctor Osorio
He tenido conocimiento del “pronunciamiento de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde”, fechado 30 de abril del presente año, el mismo que según su comunicación telefónica del día de ayer, será publicado en su página Web. Le he enviado por fax copia del artículo del periódico aparecido en “El Meridiano de Córdoba” el día 28 de abril del corriente, para que los lectores de su periódico comparen las declaraciones hechas por mí y el miserable comunicado producido por quienes acompañan los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde.
Le agradezco que en ésta ocasión, me haya informado de un comunicado que se refería a mi persona, y me hubiese dado la oportunidad de manifestarme sobre el mismo. Quiero decirle, que me reafirmo en todo lo que el artículo reseñó y que no soy responsable de los editoriales o la manera como los medios de comunicación editan o titulan declaraciones que le solicitan a quienes entrevistan.
Con fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, le solicito publicar ésta carta y el artículo que le envié por fax, con el mismo despliegue que le dé al “pronunciamiento” en mención.
Diversidad y vida,
Jesús María Ramírez Cano
Director
A continuación publicamos la noticia publicada en el periódico El Meridiano de Córdoba:
Meridiano de Córdoba
Sección Montería
Edición No. 3299, Miércoles 28 de abril de 2004
Indemnización Indebida
El pronunciamiento por parte del funcionario del Mininterior, Jesús María Ramírez, tuvo lugar ayer en el Club Campestre de Montería durante la socialización de los programas para descentralizar la ejecución de la política pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que se encuentra adelantando el Gobierno Nacional.
Según afirma Ramírez Cano, debido a la sentencia de la Corte en cuanto a la entrega directa de los recursos de las comunidades indígenas, y la no intervención del Ministerio del Interior en ese asunto, la cartera ministerial en cabeza de Sabas Pretelt De la Vega, se encuentra “maniatada”. También aseguró que con la entrega de los dineros lo único que se ha logrado con los indígenas es “pervertir su cultura, su forma de vida y generar condiciones de existencia que los alejan cada día más de su derecho a vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales”.
Por su parte, Manuel Piedrahita, quien se desempeña como gerente técnico ambiental de la empresa Urrá, aseguró que la entidad en ningún momento estuvo de acuerdo con llevar a cavo la entrega directa de dinero a los grupos Embera, pues las directivas de la hidroeléctrica eran concientes desde un comienzo que este mecanismo de pago tendría un fuerte impacto social al interior de estas comunidades. Sin embargo, la empresa se encuentra en la obligación de cumplir con el fallo de la Corte Constitucional en ese sentido.
Piedrahita manifestó también su extrañeza ante las declaraciones de Jesús María Ramírez, las cuales no dejan bien parada a Urrá, cuando la responsabilidad de la actual situación con los Embera Katios, debe caer exclusivamente sobre la Corte Constitucional, que emitió la orden de pago, agregó que en cumplimiento del mismo, por concepto de indemnización la entidad ha pagado a los Embera alrededor de 11 mil 300 millones de pesos.
Indígenas armados
Jesús Ramírez, se refirió también a la participación de los indígenas en el conflicto armado colombiano, a sabiendas de los casos que se han presentado en que miembros de estas comunidades se encuentran vinculados tanto a grupos de guerrilleros como de autodefensa, afirmando que en la gran mayoría de los casos, esto se presenta por coacción. También indicó que en la actualidad en el país existen más de 20 mil indígenas desplazados, incluso a los que no llegan a los cascos urbanos.
Polémica por declaraciones del Director de Etnias
