Tal vez uno de los más álgidos debates de la actualidad nacional es el relacionado con el proyecto de Ley General Forestal que transita por los debates del Congreso de la República. Al respecto han surgido diferentes manifestaciones, críticas y debates que ponen en tela de juicio las finalidades últimas del proyecto y los impactos en la gente que habita los bosques.Compuesta fundamentalmente por comunidades afrocolombianas e indígenas, la gente que vive en los territorios objeto de la ley han tenido una tradición de lucha en búsqueda de un reconocimiento de sus derechos por parte del Estado. La constitución política de 1991 se convirtió de esta manera en ese punto cumbre que permitió alcanzar algunos logros, que redundaron en una legislación más incluyente que garantizaría la formulación de políticas públicas focalizadas a los grupos étnicos.Sin embargo hay un consenso en diferentes sectores sociales y políticos en afirmar que de aprobarse, la ley forestal sería un retroceso en los avances que en materia ambiental y de legislación étnica ha tenido el país. Como muestra de ello, el pasado 1 de noviembre la Comisión Colombiana de Juristas publicó un comunicado de prensa donde exponen los puntos más críticos y preocupantes del proyecto.De manera general, las críticas de la Comisión parten de la idea de que el proyecto de ley desconoce el derecho a la consulta que las comunidades étnicas adquirieron desde el convenio 169 de la OIT. Igualmente, hay un desconocimiento del concepto de territorio que ejercen afrocolombianos e indígenas ya que el proyecto propone una separación entre el suelo y los recursos que están en él, lo cual evidencia los intereses meramente económicos que desconocen que las comunidades no tienen derechos sobre los recursos que están en el suelo.De igual importancia es el hecho de que el proyecto no tuvo en cuenta las diferentes obligaciones que Colombia ha adquirido a nivel internacional mediante la firma de tratados de carácter ambiental y étnico, lo cual se refleja a su vez en una ausencia total de espacios de participación de las comunidades directamente afectadas en las instancias decisorias.Las críticas de la Comisión a su vez reflejan todo un movimiento en contra de las disposiciones del proyecto de ley, el cual ha congregado el sector académico, de ONG´s y de las organizaciones étnicas, quienes argumentan la contrariedad entre los intereses privados sobre los bosques y el carácter colectivo que tiene su ocupación por parte de indígenas y afrocolombianos.No hay duda alguna al afirmar que el proyecto lleva implícito un interés en fomentar la inversión privada, de unos pocos empresarios que tomarían en “arriendo” los bosques para una explotación continua. Al llevarse esto acabo, el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable de la propiedad colectiva de los territorios ocupados por las comunidades se vería en cuestionamiento ya que éste comprende de manera integral el suelo y los recursos que en él se encuentran.Por su lado, el proyecto propone el concepto de “vuelo forestal” que separa los derechos al suelo de los derechos a los recursos que éste contiene, convirtiendo estos últimos en bienes patrimoniales de libre disposición, lo cual implica que serían susceptibles de apropiación y comercialización por parte de terceros. Estos “terceros” son empresarios privados que postulan sus propuestas a las licitaciones públicas, de donde se escogerá al mejor postor.Las diversas organizaciones indígenas y afrocolombianas denuncian el hecho de no ser incluidas en procesos de consulta y concertación ni de tener la oportunidad de ser parte de instancias decisorias. Aunque el Ministerio de de Agricultura y Desarrollo Rural y el de Vivienda y Desarrollo territorial convocaron un foro llamado “Discusión y análisis del proyecto de ley General Forestal” y otro evento con el nombre de “Foro magistral sobre manejo sostenible de bosques naturales”, éstos son más bien espacios de socialización de información y no de concertación ni consulta a los directamente afectados.Para Andrés Felipe Arias, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la aprobación del proyecto es la oportunidad de “desarrollo” de un sector económico en potencia, el del comercio de maderas, el cual, según el ministro, se encuentra en un “estancamiento” que no le ha permitido al país insertarse en el mercado mundial. Efectivamente insertaríamos nuestros bosques en el mercado mundial de maderas, y si en eso consiste el “progreso” llevaríamos a cabo el ideal neoliberal y capitalista. Pero ese “progreso” redundaría en la disminución de la calidad de vida de nuestra gente y en la vulneración de sus derechos como pueblos étnicos y como seres humanos.El territorio, elemento fundamental para la reproducción de las culturas sufre una desarticulación en este proyecto porque deja de ser un elemento integral que congrega prácticas comunitarias de carácter económico, político, social, religioso y espiritual para convertirse en un conjunto de cosas comerciables y vendibles de aprovechamiento individual. Esto no es más que la contradicción estructural entre lo comunal y lo individual que trae la economía de libre mercado y las ideas neoliberales de nuestro capitalismo contemporáneo.
