El pasado 10 de abril, en el marco de las actividades realizadas con ocasión del quinto aniversario de la masacre del Alto Naya, que se llevaban a cabo en el territorio La Laguna, municipio de Timbio, ocurrió un nuevo hecho que de acuerdo a los indígenas, se constituye en una grave amenaza para los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en el 2001. Según la información suministrada por el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), varios agentes de la Policía del municipio de Timbio irrumpieron en el lugar en donde se encontraba reunida la comunidad reubicada del Alto Naya y las organizaciones participantes, procediendo luego a tomar fotografías de los asistentes.
Ante estos hechos, la Guardia Indígena respaldada por la comunidad exigió a los agentes de Policía retirarse del lugar. Luego de dicha solicitud y en presencia de la comunidad borraron los registros fotográficos y procedieron a atender la petición hecha. Este hecho fue informado al General Mesa, Comandante regional del sur occidente de la Policía Nacional.
¿Qué pasó en el Naya?
El Alto Naya es una zona que se encuentra ubicada entre los departamentos de Valle y Cauca. La masacre que se recuerda por estos días ocurrió entre el 10 y el 13 de abril de 2001, cuando un grupo de cuatrocientos (400) paramilitares incursionó en las veredas de Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina e iniciaron un recorrido en el que, según los pobladores de la zona fueron asesinadas, aproximadamente 120 personas que fueron señaladas de tener vínculos con la guerrilla y que figuraban en una lista que tenían los paramilitares. Esta acusación se originó por el arribo de guerrilleros del ELN que ingresaron a la zona con el objetivo de ocultar a las personas secuestradas en la Iglesia la María y en el kilómetro 18 de la carretera de Cali que conduce al mar.
Estos hechos provocaron el desplazamiento de 1800 personas entre indígenas, campesinos y afrocolombianos que se dirigieron hacia las localidades de La Concha y Puerto Merizalde con el objetivo de llegar hasta Buenaventura.
El agravante de este dramático caso es que quince (15) días antes de ocurridos los hechos se había emitido una alerta temprana que daba cuenta de la inminencia de un ataque en contra de la población civil de éste sector. La información que motivó dicha alerta temprana, señalaba que desde hacia aproximadamente un mes, un grupo paramilitar estaba ocupando las veredas la Alsacia, la Esperanza y la cabecera del municipio de Timba, situación que fue verificada por una comisión interinstitucional que visitó la zona durante la ultima semana del mes de marzo de ese año.
Adicionalmente, el 2 de abril de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado colombiano adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad de los integrantes de las comunidades del departamento del Cauca.
Durante el mes de mayo de ese mismo año, en el marco de la operación dignidad, la Armada capturo a 68 paramilitares, presuntamente involucrados en los hechos. Un año después, el 2 de mayo de 2002, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia dictó resolución de acusación en contra de 68 presuntos paramilitares, sindicados de participar en la masacre del Naya, bajo el cargo de homicidio agravado con fines terroristas. Finalmente, a comienzos de este año un juez especializado condenó a cuarenta (40) años de prisión a un grupo de setenta (70) paramilitares del Bloque Calima de las AUC, como responsables de los delitos de desplazamiento forzado, homicidio agravado y concierto para delinquir e igualmente impuso a cada uno de ellos una multa de 340 millones de pesos. Durante el proceso penal solo se pudo establecer el homicidio de 37 personas.
De otra parte, durante el mes de febrero de 2006 la Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria, consistente en 70 días de suspensión al coronel Tony Alberto Vargas Petecua, comandante del Batallón de Infantería No. 8. De acuerdo a la investigación adelantada por el organismo de control, el militar sancionado tenía conocimiento de la presencia del grupo paramilitar en la vereda la Esperanza y sin embargo, omitió su deber de adoptar las medidas necesarias para evitar la masacre.
La población desplazada, luego de vivir durante cerca de tres años en la plaza de toros del municipio de Santander de Quilichao fue reubicada, durante el año 2004 en la finca La Laguna, lugar en donde se produjeron los hechos denunciados por el CRIC.
En ésta oportunidad la Organización Indígena solicitó a las autoridades civiles y militares del nivel nacional y departamental tomar las medidas correspondientes para proteger a las personas y comunidades de la zona, así como extremar las medidas de protección, garantías y respeto a los territorios de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca.
