INtentar realizar un acercamiento sobre la percepción individual de la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas o urbanas, es caer en la grave situación de conflicto social y armado que estamos viviendo en nuestro país.
Las incursiones de los diferentes grupos armados sobre la población a través de las tomas a los pueblos, las masacres, las muertes selectivas, la desaparición forzosa, los señalamientos y amenazas a líderes sociales, alcaldes, concejales, funcionarios, los desplazamientos, además de los efectos de la confrontación armada de estos grupos en los territorios, deja secuelas e inminentes transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario causando zozobra e incertidumbre en la población ajena al conflicto armado
El presente informe es una mirada realizada desde la sistematización de las notas de la prensa local, los comunicados de las organizaciones y de algunos datos aportados por la Red de Solidaridad Social; así mismo, del trabajo y experiencia particular en comunidades indígenas. Esta mirada, aunque opacada por la cruda realidad, conserva la esperanza de que las cosas cambien; que los campos nuevamente se tiñan de verde y no de sangre; “que las manos que empuñan armas, empuñen trabajo”; que el respeto a la vida prime por encima de todo; que exista un mejor mañana para nuestros hijos.
Una mirada al Cauca
De acuerdo con los datos del DANE, en el departamento del Cauca el total de población indígena es de aproximadamente 180.000 personas, que representan el 13,93% de la población total del departamento, establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Su ubicación ancestral se da a lo largo y ancho de la geografía caucana, distribuidos en siete pueblos indígenas (paeces, guambianos, yanaconas, coconucos, ingas, eperaras-siapidaras y en proceso de reconocimiento étnico los ambalueños) Esta característica hace que en el Cauca exista una fuerte riqueza étnica y cultural.
Territorios de los pueblos indígenas del Cauca
“Morir por la resistencia no es morir, porque uno muere por su derecho,
por sus derechos, por su tierra. Eso no es morir”
Leonardo Paví, comunero de Toribío, Cauca
Al intentar hoy acercarse a la realidad que viven las comunidades indígenas en materia de derechos humanos, es sensibilizarse en su lucha por la resistencia frente al conflicto armado como frente a las diferentes formas de discriminación a que han sido sometidos los pueblos indígenas.
La resistencia ancestral, amenazada por los diferentes actores en conflicto y agudizando desde el año 2000, queda plasmada en un comunicado emitido por los consejeros del CRIC y publicado por el periódico El Liberal en enero del presente año: “La problemática en las comunidades indígenas está llegando a una fase critica, como consecuencia de la pugna por el control de los territorios por parte de los grupos armados, que desencadenaron durante este año una arremetida sin antecedentes contra ellos en departamentos como el Cauca, Choco, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda y regiones como La Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. En la mayoría de los casos a los hostigamientos, siguieron las masacres, torturas y por último desplazamiento forzado hacia cascos urbanos y poblaciones vecinas”
Y es que en el último período la crisis social en estos territorios es cada vez más grave. Por ejemplo, en las comunidades indígenas del norte del Cauca se ha incrementado el conflicto social, la presencia de inversionistas atraídos por las concesiones de la ley de páez, los grupos armados de izquierda y de derecha que luchan por el control y manejo de los territorios, conduciendo a que en los últimos tiempos se agudice la violencia indiscriminada que conlleva a masacres, desapariciones de lideres y desplazamientos masivos tanto de población campesina como indígena. El incremento de los cultivos de coca y marihuana también han contribuido a la generación de nuevos conflictos sociales.
Como parte de las acciones bélicas de los grupos armados, la población indígena ha estado en medio del conflicto, irrespetando con ello todas las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Enfrentamientos como los de hace dos semanas (a inicios de julio del año en curso) en el municipio de Toribio entre las FARC y las FFMM ó los enfrentamientos sostenidos entre las AUC y las FARC en los municipios de Corinto y Miranda a inicios del presente año han ocasionando graves perjuicios a las comunidades, atentando contra la autoridad y autonomía en sus territorios.
El asesinato sistemático de líderes indígenas como Cristóbal Secué Tombé (Junio del 2001), Samuel Fernández (Marzo de 2002), inciden coyunturalmente en la comunidad. Masacres como las del Naya y Corinto (Enero de 2002), las incursiones armadas en poblaciones como Corinto, Miranda, Caldono, Puracé, Coconuco, el secuestro de guardias cívicos del resguardo de Jambaló a comienzos de este año, las amenazas directas a líderes por parte de los diferentes grupos armados ponen en zozobra e incertidumbre la vida de las comunidades indígenas.
Por otra parte, los índices de desplazamiento son desoladores, La Masacre del Naya en el 2001 después de un año de ocurrido el hecho es de 122 familias, de las cuales 46 se encuentran “refugiadas en el Resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, y 56 ubicados en la plaza de Toros de Santander de Quilichao en condiciones infrahumanas.
La confrontación bélica entre las FARC y las AUC en los municipios de Miranda y Corinto en enero del año en curso trajeron como consecuencia el desplazamiento de más o menos 2000 personas que abandonaron sus hogares y buscaron refugio en la cabecera municipal quienes después de una semana retornaron con miedo a sus tierras.
Cabe anotar que sobre el desplazamiento en comunidades indígenas no existen en las instituciones cifras concretas pues el problema del desplazamiento es analizado desde una óptica general sin distingo de grupo o etnia, lo que trae consecuencias negativas pues no se da una atención a esta población acorde a las realidades particulares e incide sobre la decisión de retorno o reubicación de las mismas.
A pesar del crudo panorama y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en cuanto a los derechos humanos concierne, la capacidad de estas de resistencia es ejemplar, ante la muerte de sus líderes o desaparición de los mismo se levantan rápidamente y actúan, ante la incursión en sus territorios proponen la resistencia indígena (civil) basados en la razón y la defensa de sus territorios. Resistencia que ha sido modelo en otras regiones del país.
Para finalizar este breve contexto, es importante mencionar que las comunidades indígenas del Departamento del Cauca se han caracterizado en el ámbito nacional por su capacidad organizativa, de unidad y de reivindicación de sus derechos que han conllevado a la realización de convenios y pactos con el gobierno en lo referente a sus necesidades, sin embargo, el cumplimiento y celeridad de estos por parte de las entidades gubernamentales no ha sido total. Es el caso del decreto 982, resultado de la declaratoria de emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca en el año 1999. Han transcurrido cuatro años y el avance de los acuerdos de los mismos no llega ni al 50%.
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