Si hay un sector contra el cual esta guerra se ha ensañado de modo particularmente feroz ese es el de los indígenas. Asesinados, desplazados o sitiados en sus pueblos por paramilitares y guerrilleros, emberas, kankuamos, arhuacos, paeces y muchas otras tribus están pagando un macabro precio por el conflicto armado. Nada más urgente que atender con firmeza sus reclamos de protección.
Desde mucho antes del secuestro de los ocho extranjeros por parte del Eln, la Sierra Nevada de Santa Marta viene siendo el centro de una guerra cuyas principales víctimas son las cuatro etnias que la habitan: arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas. Esa guerrilla ha intentado utilizar el secuestro para 'llamar la atención' sobre la terrible situación de los indígenas. Lo hace mañosamente, pues por culpa del Eln y de los demás grupos armados están como están los nativos de la Sierra.
Una reciente reunión promovida por los arhuacos, y un consejo de seguridad indígena con la Ministra de Defensa y altos militares, a fines de septiembre en Valledupar, confirman lo que denunció una resolución de la Defensoría del Pueblo hace más de un año sin que se hayan tomado verdaderas medidas de emergencia. Homicidios, reclutamiento forzoso, retenes, 'vacunas', chantajes para desviar dineros de transferencias y desplazamiento son el pan de cada día para los indígenas de la Sierra Nevada. Los cuales se quejan, también, de bombardeos del Ejército contra sus territorios sagrados y de severos controles sobre el ingreso de alimentos.
La más tremenda cuota la han puesto los kankuamos, de la zona de Atánquez, en disputa entre 'paras' y guerrilleros. Hay denuncias de 53 asesinatos y más de 150 familias desplazadas en lo que va del año. El Gobierno, hasta ahora, ha anunciado la creación de un escuadrón móvil de la Policía y una unidad especial de la Fiscalía y el DAS y la posibilidad de montar un batallón de alta montaña, pero los crímenes siguen.
En otro lado del país, en el bajo Atrato, una oleada de suicidios, varios de ellos de niños, entre los indígenas emberas, puso de presente la terrible situación que se vive a lo largo del principal río del Chocó, que se disputan a muerte los grupos irregulares. Otra guerra ajena en la que chamíes, tules, waunanas, katíos, emberas y comunidades negras están poniendo los muertos y el sufrimiento, a extremos tales de perturbación de su mundo que los llevan al suicidio.
Otro informe de la Defensoría, sobre el norte del Cauca, habitado por 120 mil paeces, habla de 54 asesinatos, 5 masacres y 2 desplazamientos masivos en esa zona, entre septiembre del 2000 y enero del 2002. Todo el país recuerda la atroz masacre del Alto Naya, que cobró un centenar de víctimas y desplazó a 4.000 personas, muchas nativas. O el asesinato de cuatro líderes indígenas en dos poblados del Darién panameño. Y las muertes a bala de Augusto Lana Domicó, gobernador de Porremia (Córdoba), en abril, y de Gabriel Cartagena, candidato a la alcaldía de Riosucio (Caldas), en junio. Y el desplazamiento de casi 400 guahíbos de los alrededores de Betoyes (Arauca) por combates entre la guerrilla y los paramilitares, en julio.
Lista interminable. A la que deben añadirse el drástico racionamiento de vituallas y combustible por parte de los actores armados y las fuerzas oficiales que sufren muchas comunidades, y su miseria y abandono ancestrales. Y el hecho alarmante de que la presión de las fumigaciones está empujando la coca hacia el Amazonas, el Vaupés, a lo largo del Apaporis y el Caquetá y Guaviare adentro, donde frágiles comunidades, que han tenido escaso contacto con el blanco, padecen la brutal llegada de la civilización cocalera.
Los indígenas resisten. Medidas como la Guardia Indígena del Cauca, que protege los territorios de todos los actores armados; el Proyecto Nasa, ganador del Premio Nacional de Paz en el 2000; la idea de crear una policía indígena en la Sierra Nevada, entre otros, son una muestra de ello.
Iniciativas que no deben estar solas. El Gobierno y, en especial, el Ministerio del Interior, responsable de asuntos indígenas, están en mora de reunir el Consejo Nacional Indígena y decretar un plan de emergencia para blindar a los grupos más amenazados, atender los puntos de más alto riesgo y proteger a las pocas comunidades que aún no tienen la guerra encima.
