La delicada situación de derechos humanos de las 84 etnias indígenas del país motivó a que los senadores indígena Jesús Enrique Piñacué y Gerardo Jumí Tapias, conjuntamente con el senador Carlos Gaviria Díaz, convocaran a un debate en el Congreso de la República para hacer visible los múltiples y sistemáticos atropellos que los distintos actores armados cometen contra las comunidades, como reclamar del Estado una política coherente sobre la materia. A la iniciativa adhirió el senador Francisco Rojas Birry.
Actualidad Étnica entrevistó al Senador páez por la Alianza Social Indígena, Jesús Enrique Piñacué Achicué, sobre la situación de derechos humanos de los pueblos y algunas iniciativas legislativas que afectan a las comunidades. El senad0or señaló que el debate pretende demostrar que el Estado, a través de cada uno de los gobiernos de turno, no ha hecho esfuerzo alguno y de manera sustantiva por cumplir la ley, los acuerdos y tratados en materia de política indigenista.
¿Usted cree que el incumplimiento en materia de política indigenista por parte del Estado se deba a la falta de voluntad para con los pueblos indígenas?
Quienes están en el ámbito del poder de turno, y quienes están en el ámbito del poder vía permanencia (mediante la carrera administrativa), son sujetos supremamente conservadores, son ciudadanos completamente distanciado, en su gran mayoría, de las pautas humanistas que la Constitución del 91 ofreció. Creo que es bueno advertir que los afanes, las interpretaciones que los tecnócratas ofrecen para superar cada uno de los ambientes conflictivos que atraviesan nuestras comunidades, justamente sacrifica a quienes están en condiciones de fragilidad. Las comunidades están en condiciones de fragilidad precisamente porque no pueden ser escuchados, atendidos y comprendidos. Finalmente, es bueno advertir que las posibilidades de una fuerza ciudadana, las posibilidades del poder ciudadano, no están en su nivel de maduración tal que sean capaces de pedir cuentas, de valorar resultados, por el contrario, se mueven en las conveniencias de la coyuntura de momento, de las promesas de corto instante. No hay una concepción de país de largo plazo, con ambición de futuro y esto hace que posibilidades políticas, posibilidades acordadas en términos legislativos no se apliquen. Lo anterior hace que la Constitución de 1991 sea hoy una materia de poco respeto, al punto que todo el mundo que llega a la Presidencia de la República considera que hace un buen desempeño reformando la Constitución, con la anuencia, con el consentimiento irresponsable del Congreso, de los representantes del pueblo.
¿Cuál es la situación que usted percibe en materia humanitaria y de derechos humanos, que están viviendo en la actualidad los pueblos indígenas de Colombia?
Primero, es importante advertir que el Estado, según el actual gobierno, ha convenido, ha acordado, se ha convencido, además, en que la mejor manera de superar el ambiente de conflicto, de hostilidades, de violencia que estamos viviendo, es a través del uso de la fuerza, legítima dicen ellos, del Estado para doblegar, para imponer, en todo caso las condiciones que, se considera la mayoría de los colombianos desea. En ese habiente, desde luego, la política de Orden Público es un instrumento que no corresponde, en primer lugar, a los problemas viejos que este país tiene, y en segundo lugar, no consulta, no valora el estado de riesgo en que están comunidades a parte de las indígenas, pero especialmente las indígenas en mayor riesgo. Tal riesgo se hace evidente cuando el Estado imponen tales definiciones, y con el tiempo los actores armados responden con la misma intensidad, pero, en los dos casos, la víctima sigue siendo el actor de la vida civil. De manera que yo creo que la guerra la están perdiendo los ciudadanos que consideran, en el instrumento democrático, la posibilidad de transformar, de regular lo malo que pueda existir en el Estado, ellos están perdiendo la guerra.
Con respecto a la actual política de seguridad de la administración Uribe, ¿cuál es la valoración que usted hace a esta política, desde la perspectiva de la seguridad nacional?
La valoración está tocada por ambientes de duda, de desazón, y en buena parte de impotencia, porque si hay una decisión irrestricta por utilizar el recurso de la fuerza, de la violencia para someter a los violentos, de todas maneras, insisto, los que están padeciendo los efectos de esa decisión, son las comunidades en condiciones de mayor debilidad, no solamente ahora sino hace mucho tiempo.
¿Qué efectos traería para los pueblos indígenas, la posibilidad de que los decretos de “Conmoción Interior” se constituyan en normas permanentes?
Es otra dimensión de esa política dura que el gobierno está implementado, y esa otra dimensión se refleja en la conveniencia de limitar aún más las libertades de los individuos, de los ciudadanos, y en esa medida un escenario de búsqueda de paz, un entusiasmo que busca la paz, la convivencia, no puede ser explicable en tanto, quienes padeciendo el lastre de la violencia, además tienen que renunciar a su condición de sujetos libres. La posibilidad de superar este ambiente de violencia limitando las libertades es una equivocación tremenda, porque si se hace rigorosa la persecución por medios forzados, de quienes buscan transformar el régimen y el Estado con fuerza y con violencia, al tiempo que utilizan el recurso de limitar las libertades y los derechos fundamentales, pues no lleva a concluir que no debemos cejar un instante en la afirmación que la guerra, el conflicto lo están padeciendo las poblaciones indefensas, por eso la valoración debe corresponder siempre con la actitud de defensa de las libertades, que a la larga se constituyen en patrimonio de la humanidad, en patrimonio de las civilizaciones, por tanto yo no creo que lo que esté implementando el gobierno de Uribe corresponda justamente la posibilidad de superar el lastre que estamos viviendo de guerra, violencia y de muerte.
¿Cómo han afectado las políticas de militarización, de lucha contra el narcotráfico y las fumigaciones sobre cultivos ilícitos a los pueblos indígenas, en el marco del Plan Colombia?
Lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, hay un afán importante por parte de la OPIAC por conseguir un pronunciamiento de una de las partes del poder jurisdiccional, a favor y en consonancia con los principios autonómicos de los pueblos indígenas, y la Corte Constitucional rescata el principio de la consulta previa como una posibilidad importante. Este pronunciamiento, en ese único sentido es valioso, porque aquí la posibilidad de la consulta previa, si bien la Corte ha hecho grandes énfasis, un nuevo antecedente fortaleciendo, robusteciendo tal institución es muy importante, sin embargo no tiene posibilidades vinculantes, así que si nuestras convicciones estuvieran centradas en persistir en los cultivos ilícitos yo creo que aquí tendríamos una pelea perdida, por fortuna la cosa de los cultivos ilícitos es un asunto que, los propios pueblos indígenas y sus organizaciones cuestionan seriamente, es más, han propuesto formulas de erradicación con medios distintos a la erradicación forzada. Pero infortunadamente, la posibilidad de tener un gobierno autónomo, soberano, consultante, inquieto por los puntos de vista de los ciudadanos no existe, al contrario existe un gobierno, no solo este sino todos los gobiernos, que atiende los guiños, las pautas de quienes estando en el ámbito del poder global imponen, y esto hace nuestra lucha mucho más difícil porque nuestro interlocutor inmediato no ofrece garantías, y quien está en el ámbito de poder global no tiene interés alguno en la suerte de comunidades como las nuestras. Así que el Plan Colombia hoy está centrado exclusivamente, primero en una ficción, porque a la larga el galope del gobierno de Pastrana todavía da señales de impotencia, de incapacidad, de ineptitud, porque es gran negocio que hicieron con el gobierno de Estados Unidos no ha producido en la comunidad internacional efectos positivos, al contrario los efectos son negativos, y uno de estos aspectos negativos es la figura de la fumigación de los cultivos ilícitos como único medio para superar la tragedia por la que dice, el gobierno actual, estamos pasando. Las alternativas siempre se las ha planteado, y yo creo que la erradicación por medio manuales es una muy buena propuesta. Pero para esto hay que hacer inversión social de manera planificada, consensual, y solo entonces podremos superar la situación de necesidad que están viviendo muchos cultivadores, porque la mayoría de los colombianos dedicados a los cultivos ilícitos, son colombianos que no están asistidos por una vocación criminal, ellos están desesperadamente tratando de sobrevivir, y creo que la medida más inteligente es justamente cumplir los acuerdos planteados con la comunidad, como en el Cauca o el Putumayo, pero que no prosperan por la falta de apoyo estatal. Pero es más rentable para la politiquería oficial gastarse la plata fumigando, pagando pilotos, comprando aviones, y de vez en cuando haciendo amagues de reparo porque a la larga, cuando fumigan cultivos lícitos, cultivos de alimentación tradicional de las comunidades, dicen que van a superar esas situaciones pero no cumplen.
¿Qué futuro tendrán las comunidades indígenas ante las nuevas amenazas económicas, políticas y de colonización representadas en procesos como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)?
No podemos pregonar a los cuatro vientos el desacuerdo con esas políticas de integración, de apertura y de intercambio comercial, porque es una dinámica poderosamente aplastante, deberíamos presentarnos con formulas alternativas ante tales ofertas para poder oponernos con alguna coherencia, con alguna responsabilidad histórica, y aquí es donde encontramos dos condiciones necesarias para que así sea. La primera es que el gobierno, que es el protagonista más cercano a nosotros de estos acuerdos internacionales, consulte con los ciudadanos tales decisiones, cosa que nunca hará porque eso no está en la cultura de los colombianos y menos de quienes tienen responsabilidades políticas, darle prioridad al deseo de los ciudadanos. La otra condición necesaria es que nosotros tengamos en nuestra condición de ciudadanos tal poder como para comprometer al gobierno nacional en las finalidades de avanzar en tales acuerdos que no pongan en riesgo los intereses nacionales. Yo creo que el ALCA es más un instrumento que facilita el monopolio de países más poderosos, eso no tiene ninguna discusión, la seguridad nacional ya es una asunto que ofrece los Estados Unidos con mucho desarrollo tecnológico, y estamos casi en la obligación de adquirir esas tecnologías, esos conocimientos, esas experiencias en el afán de, supuestamente, ganar esta guerra. Los servicios públicos son los únicos renglones rentables que estos países explotados al extremo todavía tienen, pero ese mercado hay que controlarlo y creo que el ALCA es una muy buena propuesta para controlar ese mercado, cosa que pone en debilidad enorme a los colombianos que tienen iniciativas de desarrollo, de inversión, de presencia económica, y sobre todo para comunidades como las nuestras es mucho más agresivo porque no tenemos mayores márgenes de maniobra. En todo caso, es bueno advertir que aquí, las reglas de juego de la cosa política están cambiando en tal dimensión que ya no vale la pena considerar que un Congresista, que un Gobernador de departamento pueda incidir con poder en el ámbito del poder central. Yo creo que la única posibilidad de reacción con resultados está en una sociedad civil estructurada en el deseo, en la ambición, en la aspiración, pero esas aspiraciones están muy deformes aún, entonces es más fácil que permee una propuesta como esta, la de los organismos internacionales.
¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo?
Confirmar la idea de que el Plan de Desarrollo es lo más inútil que hay para los pueblos indígenas en este momento, necesariamente tiene que pasar por la evaluación rápida de lo que el constituyente entregó como carta principal, como carta fundamental, La Constitución de 1991, este Estado a sido reconocido como Estado Social de Derechos, esto supone que el imperio de la ley es el que nosotros debemos reconocer, pero cuando la ley no resulta de una clara participación de sus representantes, hablando de los pueblos indígenas o por lo menos de sus autoridades, pues esa figura política, filosófica termina siendo un asunto poético, siendo una ilusión muy agradable, pero además es un Estado que se declara participativo, y ese principio de la participación cuando hay decisiones que afectan los destinos de un pueblo como el nuestro, refiriéndome al Plan de Desarrollo, pues sí que está distante de ser participativo, porque ni siquiera quienes en el Congreso estamos cumpliendo en representación de los pueblos indígenas sus aspiraciones, hemos sido acatados en las recomendaciones, en los planteamientos que conseguimos traer. También han dicho que este Estado es pluralista, y ocurre aquí que el pluralismo se diluye en ambiciones bastante diminutas, y todo el mundo termina votando el Plan de Desarrollo a cambio de las partidas regionales que son otra forma de auxilios parlamentarios. Lastimosamente, buena parte de nuestros propios amigos terminan haciendo tales negocios que uno termina quedándose solo en momentos decisivos de oposición. Votó negativamente Carlos Gaviria, Robledo, Jumy, Piñacue, esos son los únicos cuatro votos en la Plenaria del Senado, en oposición al Plan de Desarrollo que me conste a mí en cada uno de los debates que se dio en cada uno de los debates del Senado. Pero además, este Estado también ha dicho, como si fuese muy poco todo lo que ha concebido, que es un Estado multiétnico y pluricultural, esa figura de la pluriculturalidad es lo que más aproxima la ambición, los propósitos, los intereses de los pueblos indígenas con los intereses de la mayoría nacional, la pluriculturalidad es una puerta que permite nuestro ingreso hacia un nuevo concepto de Estado y que firmamos un acuerdo político en la Constitución de 1991, termina siendo otra oración de interés en la proclama pero de poca utilidad en la aplicación, y este Plan de Desarrollo termina imponiendo criterios de desarrollo, de bienestar, que el gobierno, acompañado de sus tecnócratas, muchos de ellos muy conservadores, muy cuadrados en su inteligencia, terminan silenciando nuestros enfoques, nuestras propuestas, terminan aplastando nuestras pretensiones, o sea que ese Plan de Desarrollo no sirve para nada, para nada y para nada, lo que hay ahí es una imposición del concepto de desarrollo que tienen, gente que ni nos conocen, ni tienen interés de conocer lo que deseamos, aspiramos y proponemos.
¿Usted considera que las comunidades indígenas deben o no firmar el Referendo propuesto por la administración Uribe?
Hay un punto que me gusta mucho en el Referendo y es el del umbral, si el umbral permite agruparnos hay que apostarle a eso. El constituyente de 1991 abrió las puertas para que sectores políticos diferentes que no habían podido llegar, diferentes al bipartidismo, pudieran llegar a los escenarios de participación y decisión. En estos diez años hemos conseguido llegar, pudo haber sido mejor nuestra ejecutoria en las posibilidades de llegar, pero bueno, lo que hay es lo que tenemos. Ahora nos toca a los independientes, arriesgarnos como si fuera la primera vez y con toda la convicción, en la tarea de construir partido, de construir una opción política real, más allá de las componendas que todos tenemos. Desde ese punto de vista este punto es muy bueno, lo demás es otra manera de resguardar la politiquería, es un Referendo que no enfrenta la corrupción, que combate la politiquería como lo había prometido, no conviene entonces que las comunidades indígenas pretendan difundir las bondades de un Referendo como este. Claro está, que tampoco somos un poder que decide electoralmente, pero sería suficiente conque nosotros tomáramos conciencia en que, en la medida que podamos actuar protagónicamente en la tarea de evitar que alcancen el quórum que requiere este referendo, va ser importante y es nuestra misión.
Tal cual como está la Reforma Política, ¿cómo quedan los indígenas como minorías?
Lo único que toca la Reforma Política en la cosa indigenista está en lo determinado en las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones se mantienen tanto en Cámara como en Senado, en las mismas condiciones que los colombianos conocen y todos los indígenas conocemos, no hay variación alguna. Pero es bueno entender que la circunscripción especial termina siendo definitivamente un rincón del cual no podremos salir, y determinamos nuestra participación en la cosa política con mucha decisión pero nos quedamos en lo simbólico de la participación, en lo simbólico de la democracia, pero difícilmente podríamos actuar con poder de decisión, porque las circunscripciones especiales se van a quedar ahí, con sus dos curules, cualquier posibilidad de avanzar a una dimensión mayor de participación desde el que hacer indigenístas será bastante complicado a no ser que nos coaliguemos, nos confederemos con otras expresiones políticas y le demos forma a una propuesta política más allá de lo indígena, que es como lo atractivo, pero esto será más claro en la medida en que se desarrollen los comicios y se planteen estas posiciones. Pero hay que advertir que los indígenas se quedan con la circunscripción como la han tenido.
¿Qué opina usted del proyecto presentado por la Ministra de Defensa, que entre otras cosas señala la obligatoriedad de prestar el servicio militar para las comunidades indígenas? Por otro lado, ¿qué opina del reclutamiento forzado que están ejerciendo los grupos armados al margen de la ley sobre los indígenas?
Este es un tema bravo. Yo hoy no puedo guardar silencio ante la realidad, muy buena parte de los indígenas se están prestando para que el reclutamiento forzado quede impune toda vez que el temor hacen que guarden silencio ante tales fenómenos. Por fortuna, lo que tiene que ver con el Estado, tenemos una regla muy definida en el sentido de que nosotros no estamos obligados a prestar el servicio militar. Aunque las autoridades indígenas, especialmente las autoridades indígenas con la resolución de Bitongo por el año 1985, posicionaron nuestra visión política al respecto frente a los grupos armados. Pero esta es una realidad que no hemos podido superar, hay reclutamiento de lado y lado. Ya hemos tenido una primera reunión con la Ministra de Defensa sobre todo para indagar sobre el reclutamiento forzado de unos indígenas de la etnia Pasto, en el departamento de Nariño, y al decir de los propios indígenas de ese departamento, buena parte de los indígenas están reclutados de manera forzada, pero que la misma fuerza pública ha utilizado de manera bastante fraudulenta la firma de quienes está reclutados para afirmar que se han presentado de manera voluntaria. Lo importante ha resaltar es que el concepto de la voluntad, cuando se trata de la prestación del servicio militar o de algún asunto extraño a la pretensión del Movimiento Indígena, de las Autoridades indígenas, pues debe entenderse no el ámbito individual sino en el ámbito colectivo, la voluntariedad reside en la autoridad tradicional como representante de nuestra comunidad.
La otra dimensión herrada en la que se mueve el gobierno, está en que creen que quienes pertenecen a un determinado grupo étnico y terminan siendo bachilleres o universitarios con algún titulo profesional, o teniendo algún cargo público fuera del ámbito territorial indígena, fuera del escenario cultural indígena, ya no es indígena, esto desde luego es clasificar a los indígenas entre analfabetas o alfabetos, esa delimitación, esa estratificación no es buena, y tendremos que superar esta discusión.
