Rosa es una indígena Wayuú que salió de su comunidad hace muchos años y se fue a estudiar a la ciudad. Según la tradición de su etnia, ella debía volver con su gente luego de su primera menstruación, pues al hacerse mujer debía buscar marido entre los suyos. De esta manera se perpetuaba una tradición que le permite a su pueblo consolidar las alianzas entre clanes, mejorar la posición de su clan, el cual se beneficia de la dote en chivos que debe aportar el prometido, y recrear su cultura.
Llego el día en que Rosa tuvo su primera menstruación. Su madre, al enterarse, siguió la costumbre de contárselo a su hermano, el tío de Rosa, para que tomara las medidas del caso. Entonces, el tío llamó a la niña, le dijo que dejara sus estudios y regresara a la comunidad para cumplir con la tradición. Rosa cumplió el mandato y regreso, pero se sentía aburrida, no se identificaba con las costumbres de sus parientes, quería seguir estudiando y volver a la ciudad.
La familia no podía estar de acuerdo con la voluntad de Rosa. Su decisión rompía la armonía de las relaciones comunitarias y contrariaba sus principios de organización social. Por eso impuso a Rosa la decisión de que permaneciera y buscara marido, pero ella se negó y acudió ante la justicia colombiana para que tutelara su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, situación que planteó un conflicto entre la jurisdicción de la comunidades indígenas, amparadas por la constitución para ejercer funciones dentro de su territorio según sus usos y costumbres, y la jurisdicción ordinaria que ampara a todos los colombianos para el ejercicio de sus derechos individuales.
Casos como estos, donde entran en conflictos los derechos del sujeto colectivo (la comunidad) y los derechos del sujeto individual (Rosa), donde entran en contradicción las leyes y visiones de la mayoría nacional y las de las minorías étnicas a quienes se reconoce el gobierno propio y la autonomía en sus territorios, se plantean todos días en Colombia, no sólo por aspectos domésticos, sino también frente a situaciones de gran envergadura que tienen que ver con el desarrollo y la vida de los pueblos indígenas, tales como la implementación de políticas públicas o grandes proyectos, que colocan en contradicción el “interés general” (supuestamente el de la mayoría mestiza colombiana) y el “interés particular de las minorías étnicas”. Políticas y proyectos que en muchas ocasiones han tenido impactos nefastos en la realización de sus derechos humanos individuales y colectivos, protegidos por una extensa normatividad nacional e internacional, y que se han reflejado en batallas jurídicas como la adelantada por los U´was y los Embera Katíos, entre otros, con respecto de las exploraciones petroleras de la OXY y la construcción de la represa de Urrá, en el departamento de Córdoba.
Estas batallas, ganadas muchas veces en la arena jurídica, no han corrido la misma suerte en la vida real de las comunidades, pues la mayoría de las veces dichos conflictos han generado la violencia de los actores armados contra su población indefensa, desplazamiento, intimidación y control, sin que sirvan de nada las leyes de protección.
En el caso de Rosa, narrado por Ester Sánchez, antropóloga especialista en jurisdicción indígena, la Corte Constitucional Colombiana supo armonizar el derecho propio de las comunidades y el derecho positivo de la sociedad mayoritaria, al brindarle a la indígena la posibilidad de estudiar, pero exigiéndole el regreso a su comunidad para vivir según sus usos y costumbres. Sin embargo, en otros casos las buenas intenciones de nuestros juristas y sus muchas atinadas sentencias se estrellan contra la realidad de un conflicto armado interno, cuyos actores legales e ilegales no reconocen ningún tipo de derechos a estas comunidades, por lo general. desprotegidas por el Estado.
Los casos mencionados son de la zona Norte de Colombia, pero al occidente, al sur, al oriente y, muy especialmente, en la amazonía colombiana las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas se suceden día a día y van desde los asesinatos individuales y colectivos, hasta las retenciones arbitrarias, el control de alimentos y medicinas, la contaminación de su medio ambiente, la intimidación, las desapariciones forzadas, las torturas, el irrespeto de su territorio y sus lugares sagrados, la afectación de sus ceremonias rituales, de su vida social, fiestas y tradiciones.
En otras zonas del país – occidente, centro, sur occidente – donde las comunidades se encuentran concentradas alrededor de centros urbanos o están cerca unas de otras, sus organizaciones y sus instituciones propias son fuertes y tienen mecanismos expeditos de comunicación y denuncia, suceden constantemente estos atropellos, pero las comunidades han podido desarrollar estrategias de resistencia, de control territorial y autonomía institucional que les permiten por lo menos mantener sus dinámicas de vida y desarrollo social como pueblos.
No ocurre igual en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en los llanos orientales o la amazonía colombiana, donde habitan pueblos más tradicionales o aislados, o comunidades separadas por extensas distancias y selvas; donde muchas veces no hay organizaciones fuertes que puedan interceder por sus derechos, ni medios de comunicación que faciliten su relación inmediata con el mundo exterior. Allí, los actores armados de las guerrillas de las FARC, los grupos paramilitares de las AUC, y hasta el mismo ejército, violan permanente sus derechos y extienden sobre las comunidades un manto siniestro de silencio, es decir, les niegan hasta la posibilidad de informar o contar la tragedia que viven.
Violencia y conflicto en sus territorios, un gran silencio que oculta la barbarie que somete, es el común denominador que encuentran los líderes indígenas de la amazonía colombiana, reunidos por la Agencia Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y la Defensoría del Pueblo, en el Curso Taller de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas “Encuentros de saberes y Experiencias”, desarrollado entre el 2 y el 6 de junio en municipio de Suesca (Cundinamarca), donde los indígenas analizaron sus realidades de derechos a la luz de la normatividad interna e internacional, de la jurisdicción indígena, de las acciones de promoción y protección del Estado y sus mecanismos de protección, con el fin discutir sus perspectivas frente al territorio, la vida y la autonomía indígena, sus estrategias de divulgación, multiplicación e intercambios de conocimientos, en el marco del conflicto armado interno y la crisis de derechos.
Pueda ser que sus deliberaciones les permitan allanar un camino que los unifique y fortalezca. Que les permita encontrarse con ese Estado ausente a la hora de protegerlos pero incisivo en la aplicación de políticas muchas veces funestas para sus pueblos, como las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en sus territorios. Que se encuentren en sus demandas con una justicia consecuente con su responsabilidad de proteger sus vidas y derechos, para que, como en el caso de Rosa, puedan tener un final feliz.
