Aunque desde hace mucho tiempo las noticias sobre la violencia en Colombia producen hastío en la comunidad internacional, el viaje del presidente a Europa disparó aun más las alarmas por la situación de los Derechos Humanos. Fueron varios los funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas y de la Unión Europea que visitaron previamente nuestro país recopilando información de primera mano. Luego en Europa, el presidente tuvo que afrontar situaciones bastante incómodas de rechazo y preocupación por la situación de los derechos humanos en el marco de su política de seguridad. 

Se aproximan varios acontecimientos que agitarán el tema en América Latina: el Congreso Internacional por los Derechos Humanos que ya no se realizará en Colombia sino en Ecuador en protesta por la posición del gobierno ante las ONG; la Cumbre Unión Europea-América Latina, que se realizará en Mayo. Dado el reciente protagonismo político de los indígenas en países como Ecuador y Bolivia, por una parte, y la importancia que se da en Europa a la situación de los indígenas en el continente americano, por otra, el tema de las violaciones de los derechos de estos pueblos tendrá amplia audiencia en esos dos escenarios internacionales. 

 De particular importancia para los pueblos indígenas de Colombia es la visita del doctor Rodolfo Stavenhagen, eminente sociólogo, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas quien llegará el 7 de marzo. El informe del Relator al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, será de mucha importancia, máxime si se tiene en cuenta que a final del presente año se cumple el Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004), por lo cual la Asamblea General de la ONU hará un balance de la situación de estos pueblos, en el cual la situación de los indígenas colombianos será quizás la más preocupante por la forma en que durante este decenio se han violado sus derechos en el contexto del conflicto armado.

Mientras continúe la guerra, difícilmente podrá garantizarse el respeto por los derechos humanos, a pesar de la voluntad que al respecto pueda expresar cualquier gobierno. Desafortunadamente, en este momento, nada parece apuntar hacia la paz en este momento. Por el contrario, los combates arrecian y el acuerdo humanitario se enreda cada vez más y lo mismo puede ocurrir con el proceso de desmovilización de los paramilitares. Los indígenas paeces de Tacueyó en el departamento del Cauca han estado resistiendo en medio de los combates entre las FARC y ejército durante las dos últimas semanas, congregándose en un círculo de banderas blancas que rodea al caserío. En los últimos dos meses las FARC han incrementado al doble sus acciones de guerra con respecto al mismo período del año pasado, y si sus ataques de la semana pasada en Neiva y Santa María (huila), corresponden al inicio de una contraofensiva, la situación va a ser espantosa. De todas maneras, es muy posible que tarde o temprano se produzca dicha contraofensiva. La compra de los tanques españoles, así no sirvan para la guerra interna sino para apuntarlos hacia Venezuela (como si no fuera suficiente con el conflicto interno), son otro ingrediente más del peso de la militarización.

Los costos humanos, económicos y ambientales (se suman las asperciones aéreas a los cultivos ilícitos) hacen de esta una guerra insostenible a mediano plazo, a no ser por la chequera de los Estados Unidos, con su correspondiente cuenta de cobro en soberanía nacional y ventajas en todo tipo de negociación económica y política con nuestro país. Con el dinero que el Estado, la guerrilla y los paramilitares gastan en la guerra, habría de sobra para tener cobertura total en servicios sociales para la población más necesitada. 

Si bien el conflicto durante el gobierno pasado se caracterizó por su atrocidad contra la población civil por parte de todos los actores armados, evitando la confrontación directa, a partir del presente gobierno el conflicto entró en una nueva etapa, de confrontación militar, en la que se van a producir muchas bajas de combatientes tanto en la guerrilla como en los paramilitares y en la fuerza pública, como lo demuestran las siguientes cifras de la semana anterior: 21 paramilitares muertos en Casanare, 17 de las FARC y 10 soldados en Antioquia, 12 solados en el Huila, mas los muertos que se estarán sumando por los combates en Tacueyó (Cauca) y en otras regiones del país. Podría pensarse que está bien que se maten entre ellos en vez de victimizar la población civil. Pero todos ellos también son colombianos y hacen parte del costo humano de la guerra, que podría menguarse si se le diera oportunidad a otras alternativas para enfrentar el conflicto armado y los problemas estructurales del país.

La arremetida de la fuerza pública contra la insurgencia ha tenido un efecto positivo en términos de la disminución de tomas de pueblos, masacres, secuestros masivos, etc., y en darle a la ciudadanía una sensación de seguridad. Pero estos logros han sido contrarrestados por otro tipo de acciones, como las redadas masivas (otra especie de pescas milagrosas), que si bien pueden contribuir a desvertebrar redes de apoyo a la insurgencia, tienen en palabras del Procurador General y muchos juristas, visos de ilegalidad, restan credibilidad a la justicia, violan garantías judiciales, terminan deslegitimando las instituciones y le proporcionan más evidencias a la crítica internacional.

El Dr. Michael Fruhling -Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia- presentó en el Seminario sobre Alternatividad Penal en Barcelona, España la semana pasada, una propuesta en el sentido de “conformar una comisión extrajudicial que, en condiciones de independencia e imparcialidad, esclarezca los factores políticos, sociales y económicos que contribuyeron al conflicto armado interno y a la crisis de derechos humanos”.

 Si bien la guerra no mengua sino que por el contrario tiende a intensificarse, la sociedad civil , apoyada internacionalmente, está dando los pasos para que todas estas barbaridades no terminen quedando en la impunidad. Un factor positivo de la globalización, que los guerreros civiles y militares, oficiales o ilegales, deberían tener en cuenta, es el surgimiento de tribunales internacionales a donde a la larga pueden ir a parar.

También los pueblos indígenas, en uso de su jurisdicción especial que les reconoce la Constitución Política de Colombia en su artículo 246, están dando pasos en esa misma dirección como lo demuestra los juicios públicos que han hecho contra las FARC, el ELN y el ejército, lo mismo que con la creación de la Escuela del Derecho Propio “Cristóbal Secué Tombé”, por parte de los indígenas del Cauca, cuyo lanzamiento será los días 11 y 12 de marzo.

* Las opiniones emitidas son responsabilidad del autor.

1. Presentada en el Seminario Internacional sobre Experiencias de Alternatividad Penal en Procesos de Paz, realizado la semana pasada en la Escuela de Cultura de la Paz  (ECP) de la Universidad de Barcelona, España.