A través de la Corporación Sembrar, la Asociación de Desplazados Afrodescendientes Neutrales del Chocó (ADACHO), denunció una serie de atropellos e intimidaciones contra la población negra, además del asesinato de Efrén Mosquera Martínez, en los cuales están implicados efectivos del batallón Alfonso Mono Salva Flórez del Ejercito nacional que opera en esa región.
Los hechos sucedieron, según ADACHO, el pasado jueves 4 de marzo cuando un pelotón de dicho batallón entró aproximadamente a la 1:00 a.m. intimidando a la comunidad y acuartelándola al mismo tiempo. Prohibieron -continua la organización-, que sus habitantes entraran y salieran a cumplir sus labores cotidianas, ante el cumpliendo –aseguraron los militares- de una orden judicial dada por la Fiscalía de Quibdo. “Algunos miembros del pelotón eran oficiales y suboficiales, y ocultaban las insignias de identificación de los rangos y algunos soldados iban encapuchados con pasamontañas ocultando sus rostros para no ser identificados. Uno de ellos fue identificado como el sargento Reyes”.
ADACHO asegura que a eso de las 5:00 p.m., los militares retuvieron a unos miembros de la comunidad y dieron muerte a Mosquera Martínez, 54 años, seguidamente: “le colocaron un arma de fuego, para hacerlo pasar como un delincuente o que iba a responder al ataque del ejército, otro disfraz más para encubrir la violación de los derechos humanos”.
La comunidad reconocía en Efrén a un hombre de bien, humilde y trabajador. Su retrazo mental no le impedía velar por su esposa, 65 años, y sus 8 hijos. Sin embargo, hoy han quedado sin posibilidades de subsistir en una ciudad pobre, marginada y a la cual llegaron desplazados por la violencia.
“Después del asesinato del compañero Efrén, continuaron maltratando a varias personas entre ellas al joven Esneider Mosquera hijo del difunto que iba a mirar donde había caído su padre y otros soldados maltrataban al señor Bladimir y reteniendo a los jóvenes que iban para el Instituto Pedro Grau y Arola y no dejando cumplir su labor a la escuela del barrio Luis Gonzalo Perea , ni otras actividades que se realizan dentro y fuera de la comunidad, causando pánico y zozobra a toda la población desplazada en general”.
Como si fuera poco, continúan, aproximadamente a las 9 de la noche entró al barrio el CTI (Policía judicial) y realizó una serie de allanamientos a varias casas de la comunidad sin informar los motivos del operativo. “Nosotros creemos que siendo víctimas de la arbitrariedad y el abuso del Ejército Colombiano, el CTI entraría a mediar, no a empeorar las cosas, atreviéndose de hacer un levantamiento con señalamiento a la víctima como guerrillero”.
Ante esto, la comunidad afrocolombiana exigió del Estado colombiano el reconocimiento público de los sangrientos hechos ocurridos del 4 de marzo: “y aplicar justicia y reparación para que no se sigan quedando en la impunidad, casos como estos que a diario se repiten propiciados por el mismo estado sin que aparezcan responsables”.
