Culminó la visita del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y su misión encontró indicadores negativos en materia humanitaria. Las giras adelantadas corroboraron que, a pesar de los avances constitucionales y en materia legislativa, los pueblos indígenas de Colombia constituyen una de las poblaciones más vulnerables, sobre todo frente al conflicto armado.
“Todavía existen y persisten grandes retos a los que debe enfrentarse la nación en la protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas: la brecha existente entre la constitucionalidad, la efectiva aplicación de las normas y la funcionalidad institucional hace que los adelantos establecidos en la Constitución de 1991 se hayan visto limitados”, se indicó a través de un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Una de las labores más importantes adelantadas por el Relator Especial consistió en recopilar el mayor número de testimonios sobre violaciones e infracciones, trabajó que incluyó entrevistas con representantes de organizaciones indígenas, enfatizando sobre los casos más dramáticos, concentrados en las etnias Kankuamo, Emberá, Chamí, Páez y Yukpa. No obstante, una preocupación especial despertó en el Relator Especial el caso de las etnias, como los Miraña o los Makú, que se encuentran en vía de extinción.
En tal sentido, el Relator Especial señaló como existe una excesiva militarización en algunas comunidades indígenas, además de la presión por parte de todos los actores armados ilegales.
También observó como algunas medidas legislativas como el estatuto antiterrorista o la reforma a la justicia, en especial las limitaciones a la Corte Constitucional y a la acción de tutela, “comportarían serios peligros para el pleno disfrute por parte de los indígenas de sus derechos”.
El Relator llamó la atención para que las autoridades gubernamentales enfaticen sus esfuerzos en aspectos que son fundamentales para la supervivencia de las etnias como el desplazamiento forzado interno, la explotación de los recursos naturales al interior de sus territorios, las fumigaciones en el marco de la lucha contra las drogas y, muy especialmente, la consulta previa, establecido por el Convenio 169 de la OIT y ratificado por la Ley 21 de 1992, como mecanismo de respeto y protección.
Panorama desalentador
La visita del Relator Especial sirvió para que las organizaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales presentaran en detalle la situación de derechos humanos de los pueblos.
De acuerdo con la base de datos de la Fundación Hemera, desde al año 1998 hasta la fecha han sido asesinados 547 indígenas, 108 con lesiones personales (heridas), 685 desaparecidos y un promedio de 25 mil desplazados, aclarando que buena parte de dichos desplazamientos se han registrado al interior de los propios resguardos. Las cifras discriminadas por año registran lo siguiente:
Año |
Homicidio |
Lesiones |
Desaparecidos |
Desplazados |
|
1998 |
30 indígenas |
22 indígenas |
26 indígenas |
3835 indígenas |
|
1999 |
49 indígenas |
21 indígenas |
19 indígenas |
1905 indígenas |
|
2000 |
45 indígenas |
34 indígenas |
15 indígenas |
3401 indígenas |
|
2001 |
51 indígenas |
6 indígenas |
2 indígenas |
4639indígenas |
|
2002 |
104 Indígenas |
5 indígenas |
14 indígenas |
8245 indígenas |
|
2003 |
116 indígenas |
20 indígenas |
9 indígenas |
2992 indígenas |
