Un indígena Uitoto del departamento del Caquetá, uno de los dos mil aborígenes desplazados en Bogotá, me pregunto a quemarropa: -¿Vio el debate en el Congreso sobre Pueblos Indígenas? Y como abstraído en las imágenes de la televisión, agregó: -No pasó nada, los compañeros indígenas expusieron los problemas y el gobierno expuso su programa. Al final, no quedó nada... O si?
La sensación de este indígena es generalizada. No pasó nada. Entonces caben muchas preguntas: ¿Que es un debate?, cual era el propósito? Cual era su dinámica? Quiénes los participantes? ...En fin, son muchas las preguntas y respuestas que pueden darse al respecto. Empecemos por la primera: -¿Debate? Si partimos que etimológicamente se define un debate como controversia, discusión, altercar, combatir, pelear, luchar y forcejear por una cosa, derivando de manera general en un dictamen sobre la disputa, entonces tendremos que decir rotundamente que debate no hubo. Y no lo hubo, primero, porque uno de los senadores citantes monopolizó el uso de la palabra, en una intervención extensa, que si bien abordó las principales características de la problemática indígena, fue principalmente una exposición sobre la filosofía política de los indígenas que tenia como trasfondo un reclamo por la renovación del pacto político suscrito en la constitución del 91, en cuanto a derechos indígenas se refiere. No lo hubo, porque las intervenciones resultaron una suerte de exposición de motivos de la problemática indígena bastante difundida aunque no reconocida, pero sin un marco propositivo que fuese el resultante de un proceso concertado entre los congresistas indígenas y menos aun, con las organizaciones indígenas. No lo hubo, porque lo desarrollado fue mas bien un diálogo de sordos, donde se ponen en entredicho la “generosidad” del gobierno y las clases política regionales, con la “gula y desagradecimiento” de las comunidades indígenas, sin que se agoten las razones para entender el fenómeno.
Los debates tienen que tener como premisa la posibilidad de argumentar y contra-argumentar, de reconocer los errores en la aplicación de la política –si es que la hay-, y no en los reconocimientos históricos, que mucho dicen de la capacidad para ejercer la retórica, mas no de modificar las realidades. La carencia de esa capacidad autocrítica para afrontar “el debate”, también niega su esencia. Pero igualmente, las restricciones de tiempo para los demás intervinientes, así como el limitar el número de participantes aduciendo el tiempo como una camisa del fuerza para el ejercicio de la democracia, no son sino otras razones para decir que debate no existió.
El amigo Uitoto sabe que existe una preocupación por la situación de los indígenas que vienen siendo arrojados de sus territorios, pero, cuál es la garantía que él tiene para el retorno?. Mas aún, cuáles son las garantías que el Estado le brinda para vivir dignamente en una ciudad como Bogotá, en la cual se siente como ave de paso? Si el propósito del evento (debate) era contarle al país que los indígenas vienen siendo atropellados en sus derechos: tantos muertos, tantos heridos, tantos desaparecidos, tantos masacrados, tantos desplazados, tantos, tantos, tantos, .... entonces el objetivo se logró y eso nos llena de gran angustia, pues buena manera de saldar “la deuda histórica” que tenemos con nuestros hermanitos mayores (o menores?). Claro que existe una política sistemática de aniquilamiento de los Pueblos Indígenas en la que de manera paradójica coinciden Estado y demás actores armados. Las cifras no niegan esta cruda realidad. Lo que sucede es que esa fatal coincidencia hay que contextualizarla, porque mal haríamos en abrogarle al Estado la responsabilidad de los 512 homicidios durante los últimos cinco años, cuando las responsabilidades mayores le caben a los grupos paramilitares e incluso en un importante porcentaje a los grupos insurgentes, principalmente a las FARC. Tampoco podemos mirar de manera maximalista el asunto, haciendo énfasis en la responsabilidad de los actores armados, salvando de paso la responsabilidad que le cabe al Estado por acción en cuanto a las violaciones atribuidas a él, y por omisión en cuanto garante de los derechos humanos de los ciudadanos, particularmente de los indígenas..
Pero el propósito del debate era mucho más amplio. Claro que se querían respuestas del Alto Gobierno sobre los casos del Naya, de los embera Chamí de Caldas, de los Embera Katíos de Córdoba, de los Kankuamos, que vienen siendo aniquilados en sus territorios y aun en las ciudades en las cuales se resguardan de los actores armados, así como respuestas de muchos otros casos de violaciones a sus derechos humanos, muchos de ellos amparados por una gran cantidad de medidas cautelares que cobijan a estas poblaciones y cuyo amparo corresponde al Estado; pero también se querían respuestas sobre la titulación de tierras y el saneamiento de resguardos, sobre las políticas de salud, educación y vivienda, sobre los recursos de regalías y transferencias, sobre las entidades territoriales indígenas, sobre el ajuste de una multiplicidad de normas dispersas en el marasmo de la ineficacia, en fin, sobre la voluntad del gobierno para crear una política para los indígenas, es decir, para desarrollar una política pública para estos pueblos, con un tratamiento diferencial, como corresponde hacerlo con pueblos con los cuales existen deudas históricas y aun sin saldar, como lo reconoció el Ministro. Si existen dichas políticas, porque no se exponen con la claridad que los indígenas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional reclama?
Nuestro amigo Uitoto se ríe con las cifras del gobierno. 67 mil millones de pesos durante el ultimo año significan un ingreso per cápita de 76.500 pesos por indígena al año. Y los 420 mil millones entregados durante los últimos nueve años se convierten en cerca de sesenta y seis mil quinientos pesos anuales por indígena, con los cuales se tienen que evacuar sus “necesidades básicas de salud, incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario” durante todo el año, según reza el Art. 83 de la ley 715 o Sistema General de Participaciones. Esto nos coloca frente a referentes de interpretación bien distanciados, los mismos que colocan al centro del debate la existencia o no de una política pública para los indígenas. Y este es otro elemento de debate, pues todos los gobiernos aducen la existencia de acciones y políticas para los indígenas. Y nos se trata de esto, pues las acciones de los gobiernos durante los últimos años no dejan de ser aisladas y resultante de su voluntad hacia estas poblaciones. Lo que reclaman los indígenas es una política de Estado que recoja la percepción y sensibilidad de los gobiernos, que tenga absoluta claridad en la definición de sus objetivos y en el desarrollo de los procesos, que entienda que la política se desarrolla para y a través de actores sociales (Roth Deubel, 2002), y que el caso concreto de los indígenas, es menester consultar y concertar.
Visto de esta manera, tan legitimo resulta el reclamo y las denuncias de los indígenas en su empeño por reclamar la protección y atención del Estado, como la reseña de programas del gobierno, en lo que pareciera una acción bastante generosa y que no dudan en criticar los congresistas del departamento del Cauca, aduciendo demasiada complacencia del Estado para un grupo tan absolutamente minoritario que ha tenido todas las gabelas, incluyendo la “nefasta representación otorgada por los caucanos” y que los indígenas fueron incapaces de manejar, ya que su gestión encarna todos los males. No en vano la aclaración del Senador Gaviria al salir en defensa de la gestión del Taita Tunubala, señalando la falta de moral de los congresistas para criticar la gestión de un indígena, cuando la mala gestión y la corruptela de los gobernantes, con la excepción de Tunubala -todos mestizos-, ha sido una práctica histórica.
La posibilidad de confrontar todas estas posiciones fueron nulas y paradójicamente la intervención del Senador Moreno de Caro anunciando la presentación de un proyecto de ley sobre el uso medicinal de la coca, y del senador Rojas Birry llamando la atención sobre las grandes distancias entre el discurso y la realidad, llevaron al indígena Uitoto a concluir que el debate sobre las políticas para pueblos indígenas aún seguía pendiente. Pero, mirándome a los ojos y con cierta complacencia, agrega: -Nosotros siquiera tenemos quien se duela por nuestra situación. -¿Quién vela por los derechos de los afros, de los gitanos y los raizales?. - Al menos eso me decía esta mañana un dirigente de las comunidades negras, agregó. Se aleja, recordando las imágenes de la televisión, pensando que tendrá que seguir mordiendo en el asfalto de la intolerancia, las acciones de unos grupos armados irregulares y aun estatales que se resisten a reconocerlos como pueblos, con unos derechos ancestrales y unas practicas culturales reconocidos en todo nuestro ordenamiento jurídico. Se detiene. Saca de su mochila una hojas de papel y con rabia lee las ultimas declaraciones del Comandante del batallón de Artillería Nro. 2 La Popa, con asiento en Valledupar. Si ve, quiere mas pruebas?
Bogotá, marzo 26 de 2004
