Quien fue primero.... este parece ser el punto de partida para analizar la situación de los derechos humanos y la realidad de los Pueblos Indígenas. En muchas regiones de Colombia, los procesos de despojo de territorios indígenas, muchos de ellos con títulos de propiedad centenarios, sin asumir el concepto de propiedad ancestral, derivaron en procesos de recuperación de las tierras, principalmente a mediados de la década del setenta del siglo pasado y de allí en lo sucesivo, esa ha sido una historia común que relaciona a los indígenas con el Estado y con la sociedad mayoritaria. Este elemento pasó un poco desapercibido en la Amazonía colombiana, donde habitaban una gran cantidad de grupos étnicos que eran considerados reducidos y “perdidos” en un vasto territorio, lo que los mantenía alejados de cualquier tipo de conflictiva, inclusive la conflictiva por la tierra[1].
Los tiempos aciagos de la Casa Arana habían desaparecido y la presencia de colonos en dichos territorios no le generaban demasiado malestar a los gobiernos. De suerte, ese análisis cíclico sobre el huevo y la gallina que en términos de la conflictiva de los Pueblos Indígenas explican la violencia en sus territorios como respuesta a otros hechos desencadenantes[2], no fue aparentemente el leitmotiv de la conflictiva reciente de la Amazonía colombiana, aunque su posterior desarrollo ha convergido a escenarios de gran similitud.
Esos hechos constitutivos del espiral de la violencia contra los indígenas de Colombia, se corresponden plenamente con la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía, con muy leves modificaciones, caracterizada por “la expropiación de sus territorios, el exterminio de sus Pueblos y culturas como expresión de la pugna entre Derecho Propio, Estado y Poder; la presencia de actores armados como soporte para la implementación de megaproyectos; la producción de cultivos de uso ilícito, el establecimiento de corredores geoestratégicos, la imposición del modelo de desarrollo nacional, y las condiciones de pobreza de las comunidades, aunado a la ausencia del Estado y la precariedad de sus programas”[3].
El territorio es el mayor foco de conflicto con las poblaciones indígenas de Colombia y en eso parecen coincidir la mayoría de los investigadores y analistas. La raíz de esta conflictiva radica en la creencia de que los indígenas colombianos son talvez los mayores poseedores de tierra del continente en proporción a su población y ese hecho ha generado gran cantidad de controversias con grupos de terratenientes principalmente en el departamento del Cauca, quienes aducen la improductividad de las tierras en manos de los indígenas para justificar el litigio. Si bien cerca del 28 por ciento del territorio colombiano –unos 400 mil kilómetros cuadrados-, corresponde a territorios indígenas y la gran mayoría de estos corresponden a la región de la Amazonía, la cual es habitada por unos 85 mil indígenas, que apenas si llegan al 10 por ciento del total de la población[4], muchos de estos territorios son absolutamente improductivos y gran parte de ellos corresponden a zonas de reservas.
La disputa en territorios indígenas ha estado ligado a todo lo largo y ancho de las fronteras colombianas al manejo de amplios corredores para el trafico de armas y de productos químicos para el procesamiento de drogas, lo que coloca en pugna los intereses de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes y en el caso de la Amazonía, a las grandes transnacionales que se disputan sus “intereses por la biodiversidad, los hidrocarburos, el oro y hasta el agua de la región”[5], desconociendo los derechos de las comunidades nativas, ante la impasibilidad del Estado.
Tal vez los hechos que marcan la diferencia están relacionados con las políticas de control social implementadas por gran parte de los actores; por la implementación de políticas concertadas por Colombia con los Estados vecinos y los “del primer mundo” para la Amazonía y por la característica demográfica de los pueblos indígenas de esta región, donde los hechos de vulneración de sus derechos, principalmente contra su integridad física individual o colectiva, constituyen verdaderos hechos de etnocidio.
La realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía no es entonces significativamente diferente a la realidad de los Pueblos indígenas de Colombia, y aunque existe una simbiosis en cuanto las consecuencias del conflicto en estos territorios, trataremos de abordar las implicaciones del accionar de los grupos armados en la realidad de los Pueblos, las dinámicas de movilidad del conflicto y su afectación sobre la vida, el territorio y las culturas indígenas y los derechos vulnerados, principalmente a nivel de sus territorios, recursos, derechos a la vida, autonomía, gobierno y estructura socio cultural.
Para hablar de las implicaciones del accionar de los grupos armados en la realidad de los Pueblos indígenas, tenemos que partir de una premisa: actualmente, todos los grupos armados existentes en Colombia, vulneran los derechos de los indígenas. “De los 512 asesinatos registrados entre los años 1999 y 2003[6], 287 de ellos (56.054%) se presumen de la autoría de los grupos de paramilitares, mientras 74 ( 14.453%) se le imputan a las FARC y 3 al ELN (0.585%); Las fuerzas del Estado (Ejército y Policía) han violado los derechos humanos de los indígenas en un 4.882% (25 homicidios) asistiendo una mayor responsabilidad al Ejercito nacional en 24 de los casos. Aunque no se puede establecer con certeza la responsabilidad de estos hechos, un gran porcentaje se queda incluso sin la posibilidad de establecer la presunción sobre la identidad del actor 24.023% (123), por cuanto no se reivindica la autoría, o no es posible establecer la procedencia por parte de las comunidades afectadas, o cuando un actor desarrolla el hecho haciéndose pasar por otro. Es de anotar que muchas acciones, por ejemplo los secuestros, son desarrolladas por delincuentes comunes, que mercadean las victimas como si se tratara de objetos, creando una causal de agravamiento en el hecho”[7].
Pese a que aun es grande el subregistros sobre violaciones de derechos humanos de los indígenas, se puede observar como la acción de los grupos armados viene en aumento. Mientras en el año 99 fueron asesinados 62 indígenas, en el 2000 se presentó una leve baja con 57 víctimas, siendo ostensible el incremento a partir del 2001 (141 indígenas asesinados), 2002 (117 victimas) y 2003 (129). Si bien la responsabilidad mayor corresponde a los grupos paramilitares (56.054%), es notorio el aumento de violaciones de la Fuerza Publica, principalmente por parte del Ejercito Nacional.
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Presunto responsable |
Homicidio |
Masacre |
Total |
|
AUC |
169 |
118 |
287 |
|
Autor desconocido |
101 |
22 |
123 |
|
FARC EP |
74 |
0 |
74 |
|
ELN |
3 |
0 |
3 |
|
FFMM y Policía |
18 |
7 |
25 |
|
Totales |
365 |
147 |
512 |
Los actores armados constituyen uno de los elementos más determinantes de la inestabilidad política y de orden público en las regiones en que hacen presencia, a la vez que evidencian la poca presencia del Estado, lo que permite la creación de ordenes de poder paralelo, “paragobiernos” que se alternan en el ejercicio de control territorial, toda vez que estos grupos irregulares tampoco tienen la capacidad de mantenerse por largos periodos en estos territorios. Es justamente ese proceso de alternancia en el control territorial, más allá de las legitimidades, el principal problema que enfrentan los Pueblos Indígenas, toda vez que pasan de la influencia de un grupo insurgente de izquierda al de un grupo paramilitar o del narcotráfico o al control de las fuerzas del mismo Estado, que en el propósito de recuperar “la legitimidad perdida”, actúa de manera autoritaria y los trata con el estigma de ser colaboradores de uno u otro bando, con las consecuencias que ello tiene en materia de violaciones de sus derechos humanos.
La presencia de actores armados en los territorios indígenas lesionan enormemente su autonomía territorial y jurídica. Si resulta gravosa la presencia de colonos en dichos territorios, qué no decir de los actores armados que desconocen la propiedad colectiva de los resguardos[8], y el ejercicio de sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos y costumbres[9].
*Abogado y magíster en Estudios Políticos.
Director Fundación Hemera.
