Uno de los resultados de la polÃtica de Seguridad Democrática es la creciente militarización de las fronteras nacionales por parte de la Fuerza Pública y de los grupos ilegales, debido a las siguientes razones: el avance del Plan Patriota mediante el cual el presidente ha prometido que perseguirá a la insurgencia hasta sus escondites más profundos en la selva; el repliegue de la insurgencia, particularmente de las FARC, selva adentro, lo mismo que el desplazamiento de los cultivos ilÃcitos hacia esas mismas zonas tratando protegerse contra la aspersión aérea y por su Ãntima relación con los grupos armados; el interés de los paÃses vecinos de blindar militarmente sus fronteras para evitar que el conflicto armado colombiano y el narcotráfico se desborden sobre sus territorios. De hecho las fronteras llevan muchos años bajo la influencia de redes de tráfico ilegal de contrabando, armas y estupefacientes, por lo cual han sido de interés y disputa entre diferentes actores armados: guerrillas, paramilitares, bandas de narcotraficantes, delincuencia común, etc. Por parte del Estado, la presencia de los cuerpos de seguridad (Ejército, Marina, PolicÃa, DAS, etc.) ha sido más o menos permanente, en cumplimiento de su deber de proteger el territorio y la soberanÃa nacional.
La mencionada militarización tiende a cerrar las fronteras por parte del Estado colombiano y los gobiernos vecinos, frente a los actores ilegales. Desafortunadamente, en el marco internacional de acción contra el terrorismo y el narcotráfico, cualquier colombiano, incluyendo a las victimas del conflicto armado, es objeto de sospecha y, por tanto, de desconfianza, prevención y persecución. Muchas personas han sido vÃctimas inocentes de la modalidad oficial de “pescas milagrosas†o detenciones masivas que se llevan a cabo en Colombia como parte de la estrategia contra insurgente. En cuanto a los paÃses vecinos, crece la xenofobia y la persecución contra los colombianos.
La peor parte la llevan los desplazados, quienes no siempre son mirados como vÃctimas del conflicto armado sino como personas que, de alguna manera, podrÃan estar involucrados. A pesar de los esfuerzos de algunas entidades por la eufemÃstica “protección integral a los desplazadosâ€, es claro que el Estado no ha tenido, ni siquiera en la capital del paÃs, la capacidad de satisfacer las necesidades de los desplazados. Por ello, la Corte Constitucional conminó al gobierno del doctor Uribe a destinar recursos y presentar un plan de atención ante una situación de crisis humanitaria catalogada de inconstitucional. Qué decir de los desplazados en las cabeceras municipales de las zonas de frontera, donde las entidades del Estado son aún más débiles? Ni siquiera hay conciencia, en este momento, de la situación que están padeciendo muchas comunidades que no tienen ni la posibilidad de desplazarse ya que se lo impide cualquiera de los actores armados[1].
Quizás, la mayor desprotección la sufren las personas que cruzan las fronteras en procura de la seguridad y garantÃas que no han podido tener en nuestro paÃs. Muchos de ellos llegan como indocumentados, silenciosos, escondidos, cargados del miedo y las angustias que lo llevaron a abandonar sus tierras. Las esperanzas de obtener el estatus de refugiados son cada vez menores pues, como lo demuestran los datos, crece la brecha entre las solicitudes de refugio y los casos aprobados. En cuanto a los pueblos indÃgenas binacionales, resulta que les dicen que como también son nacionales del otro paÃs, no pueden ser certificados como refugiados. De manera que, la mayorÃa queda sin a quién apelar por sus derechos.
Tal situación requiere necesariamente de una polÃtica gubernamental orientada hacia la concreción de acuerdos o convenios binacionales y con organismos internacionales de derechos humanos. Qué está haciendo el gobierno colombiano al respecto? En qué ha quedado el desarrollo normativo de la doble nacionalidad para los pueblos indÃgenas?
“Desfronterizaciónâ€:
El panorama del cierre de las fronteras por la militarización contrasta con el de la apertura de las fronteras para los procesos de integración fronteriza y conformación de bloques de paÃses que tienden a imponerse en el marco del libre comercio. Se abre un nuevo panorama donde las fronteras pasarán de la marginalidad en que tradicionalmente han estado, a convertirse en escenarios de inversión y de negocios. Hemos visto el interés de los gobiernos de estos paÃses para la construcción de megaproyectos de infraestructura de interconexión vial, eléctrica, petrolera y de gas. El periódico El Tiempo titula hoy 25 de noviembre “TLC Exige Megaobras Inmediatas†para evitar trancotes en el comercio exterior. El Banco Mundial recomienda doblar la inversión en infraestructura durante los próximos años.
Y aquà es donde le duele al Estado saber que los recursos para dichas inversiones se los está tragando la guerra. El director del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro afirma que “en las actuales dificultades fiscales, el gobierno no puede emprender todos los proyectos que se requierenâ€. Las consecuencias son predecibles: más impuestos para la población y ferias de contratos para los inversionistas privados pues la salida son las concesiones, lo cual implica costos más altos y que todos los colombianos tengamos que costear la construcción de condiciones para que la empresa privada tenga algún nivel de competitividad en el mercado internacional.
Qué papel van a jugar las comunidades en estos procesos de integración económica? Lógicamente, seguirán excluidos de los escenarios de decisión económica, pero no de sus efectos, como la disputa de territorios y recursos naturales, las corrientes migratorias, la violencia que casi siempre han conllevado los megaproyectos, y la manipulación de todos los agentes legales e ilegales que tratarán de utilizarlos ya que en las selvas o el desierto, las poblaciones nativas constituyen un apoyo clave para quienes lleguen a esos territorios. Y como tales territorios, en esas zonas de frontera, son los más alejados de los centros donde se concentra la institucionalidad estatal, será muy débil la protección efectiva que les pueda brindar el Estado.
Qué hacer, entonces?. Jugar a la integración en dos frentes: a) el de los pueblos indÃgenas binacionales, para lo cual se sugiere la realización de encuentros regionales por cada una de las fronteras, tendientes a la realización de un congreso internacional de pueblos de fronteras; b) la conformación de redes binacionales de derechos humanos: iglesias, magisterio, ONGs y organismos internacionales como ACNUR, Cruz Roja Internacional, Organización Internacional para las Migraciones, etc. En otras palabras, avanzar en la integración desde abajo, para tener la capacidad de expresarse como sujetos sociales, haciendo respetar su autonomÃa frente a los actores armados e ilegales y su derecho a participar y ser tenidos en cuenta en los asuntos fronterizos de sus respectivos paÃses.
[1] Afortunadamente comienza a estudiarse esta situación, como lo evidencia la presentación, hoy dÃa, de una investigación sobre Comunidades Confinadas en Colombia, por parte de la ConsejerÃa en Proyectos, PCS.
