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Las zonas de confinamiento son escenarios violatorios que convierten a la población étnica en objetivo militar y buscan materializar sus usos, costumbres y conocimientos a través de la vigilancia y control de los cuerpos, reflejando la “desterritorialización”[1] de las comunidades, la cual se da paradójicamente, permaneciendo dentro de su mismo territorio.

Dentro de las nuevas dinámicas y lógicas que va adquiriendo el conflicto armado interno colombiano, a partir de las características e intereses estratégicos que representan zonas determinadas a los diferentes actores armados incluyendo al Estado, han venido surgiendo estrategias militares con el objeto de controlar territorialmente y disputar el poder institucional a nivel local, situaciones en las cuales se desconoce todo principio del Derecho Internacional Humanitario.

Es así como el confinamiento de poblaciones étnicas, objeto de análisis de esta reseña, es una estrategia militar con referentes económicos y políticos, a la que recurren hoy los actores armados en muchas zonas apartadas del país y en la cual la población víctima se ve impedida a circular y desplazarse libremente. La población es vigilada, sometida y dominada, estrategia que es complementada por tácticas de coacción material impuestas a través de los retenes militares que aplican la Fuerza Pública y los grupos armados irregulares. Por esta razón, el crecimiento de las cifras de bloqueos alimentarios –incluidas las medicinas, insumos químicos y la gasolina-  y el cobro de impuestos, constituyen la fase previa o bien son acciones complementarias a una situación de confinamiento. La vigilancia impuesta en el confinamiento, se relaciona con los conceptos y lógicas de seguridad propia que manejen los Estados. En el caso particular colombiano, La estrategia de seguridad democrática representada en las disposiciones de los diferentes decretos y leyes existentes para regular el conflicto armado y la violencia en determinadas zonas del territorio nacional, ejemplifican la estrategia de confinamiento actual[2]. Por medio de estas prácticas restrictivas los actores armados buscan controlar zonas estratégicas para privatizar y comercializar los usos, costumbres, conocimientos, prácticas sociales, culturales y organizativas de estas comunidades procurando su maximización productiva y económica, con la explotación y extracción arbitraria.

Dado el contexto específico colombiano, las situaciones de confinamiento se asocian con los estados de guerra donde el Estado pierde toda soberanía, y se aplican estrategias al margen del orden jurídico-político que la disputan conformando escenarios de hostilidad. “En los estados de guerra como ejes de pervivencia histórica, se presentan acciones bélicas y violencias múltiples (...) se configuran regiones y territorios relativamente pacíficos que coexisten con espacios particularmente violentos. Pero, en general, lo que predomina es el animus belli(...)”.En este sentido, el conflicto interno armado se presenta como una forma de disputa por el control del Estado en lo local, perspectiva que ha sido trabajada por diversos autores desde la ciencia política (González 2002, Rangel 1999, Restrepo 2002)[3]. La lógica de este escenario político de poder se remonta desde los inicios de la modernidad, cuando la política se transforma en bio-política: “Según Foucault, “el umbral de modernidad biológica” de una sociedad se sitúa en el punto en que la especie y el individuo, en cuanto simple cuerpo viviente, se convierten en el objetivo de sus estrategias políticas”[4]. “En términos de Hannah Arendt, la situación de las poblaciones víctimas del confinamiento podría equiparase a la condición de apátridas (...) de ipso, de hecho; nominalmente pertenecen a la comunidad nacional y al hábeas político, pero son tratados como si fuesen extranjeros en su propia patria; como si la ley y el orden colectivo no existiesen para ellos, haciéndolos aparecer como seres incómodos, sobrantes y (...) liminales en condición de minusvalía social[5]. Entonces esta “politización” de la nuda vida –entendida como- la tarea metafísica por excelencia en la cual se decide acerca de la humanidad del ser vivo hombre”[6], se ve representada en esta estrategia de guerra. Este espacio de exclusión separa la condición de ciudadano de la del sujeto de derechos, reflejado en el hecho de que a la población víctima, aún siendo ciudadano no le son garantizados sus derechos como tal[7]. Esta “calamidad, que ha sobrevenido a un creciente número de personas, no ha consistido (...)en la pérdida de derechos específicos, sino en la pérdida de una comunidad que quiera y pueda cualesquiera derechos. El hombre, así, puede perder todos los llamados Derechos del Hombre sin perder su cualidad esencial como hombre, su dignidad humana. Sólo la perdida de la comunidad misma –que se padece en un confinamiento dado el aislamiento e incomunicación- le arroja de la humanidad”[8]. Desde la Ciencia Política, posiciones teóricas como la del filósofo Michel Foucault nos permite construir un marco de comprensión más claro del confinamiento, partiendo de la Microfísica del poder[9], las lógicas de dominación y sometimiento que para Foucault hacen parte de su método para analizar el poder, el cual debe analizarse desde sus formas más locales y órdenes alternativos, examinando las estrategias excluyentes que son económicamente ventajosas y políticamente útiles. Finalmente, esta estrategia de confinamiento resulta aún mejor caracterizada con lo que Foucault denomina poder disciplinario, y que alude a una “nueva mecánica de poder –la cual- se apoya más sobre los cuerpos y sobre los que estos hacen que sobre la tierra y sus productos(...)permite extraer de los cuerpos tiempo y trabajo más que bienes y riqueza. Es un poder que se ejerce incesantemente a través de la vigilancia y no de una forma discontinua(...)supone más una cuadriculación compacta de coacciones materiales(...)y en fin, se apoya en el principio según el cual una verdadera y específica nueva economía del poder tiene que lograr hacer crecer constantemente las fuerzas sometidas y la fuerza y la eficacia de quien las somete”[10].

Por las razones hasta ahora expuestas, las situaciones de confinamiento no deben analizarse desde la lógica del desplazamiento forzado; no podemos obviar y generalizar el tratamiento del problema como una tipología más del desplazamiento en Colombia, ya que las lógicas de expulsión, exclusión y desarraigo que se dan en un confinamiento son de tipo social, cultural y organizativo, diferentes a la exclusión física que se presenta en un desplazamiento. De igual forma, las comunidades que se resisten a desplazarse son confinadas, o incluso las que se desplazan también son objeto de esta estrategia al ser sitiadas en albergues temporales en el lugar a donde llegan, padeciendo el aislamiento, incomunicación y restricciones de todo tipo. En este sentido, ya que hay quienes se resisten a desplazarse y, por otro lado, a quienes se les impide su desplazamiento, el ejercicio de resistencia no debe confundirse con el confinamiento que ejercen los actores armados sobre estas poblaciones. No obstante, el confinamiento es empleado para intentar ejercer dominio sobre la población y el territorio, ya que en muchos casos la resistencia de salir del territorio impide que los actores armados deshabiten la Región y se apoderen totalmente de ella. Por esta razón, es deber del Estado reconocer, proteger e impulsar los diferentes mecanismos de resistencia que ejercen estas comunidades en muestra de su autoridad propia en los niveles de protección y seguridad, territorialidad y costumbres, formas propias de organización social, formas propias de desarrollo económico y las formas propias de educación y comunicación.

Históricamente, algunos elementos de la estrategia de confinamiento, como las restricciones a la libre movilización se empezaron a utilizar desde la década de los 80 en algunas poblaciones étnicas, como es el caso del Pueblo Nasa en el Alto Naya con el asentamiento que durante 2 ó 3 meses hizo el Frente 6 de las FARC[11], así como en los años 90, cuando “los guerrilleros comenzaron a sancionar a los comuneros de manera que algunos solamente se podían mover de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, a otros les impusieron multas”[12], siendo aplicada masiva e individualmente, aunque generalmente es de carácter intermitente. Hoy, estas estrategias se han consolidado en esta zona altamente productiva a través del confinamiento con el objeto, entre muchos otros, de utilizar los conocimientos ancestrales y las prácticas económicas de estas poblaciones étnicas en los megaproyectos que aquí existen, así como para el beneficio propio de los actores armados. Por esta razón, la especificidad que implica la situación de confinamiento se encuentra determinada por los intereses y la lógica armada de quienes la aplican, la cual es reflejo de la nueva táctica perfeccionada para ejercer el poder y control territorial forzando a la población a no desplazarse[13]. Es así como el confinamiento es reflejo de la heterogeneidad de las modalidades de violencia desplegadas en medio del conflicto interno armado colombiano[14]. Para el caso particular colombiano es “impuesta además del Estado, por los para-estados en que se han erigido los grupos paramilitares y las guerrillas, y que fluctúa según sus conveniencias y decisiones entre el desplazamiento y la sedentarización forzados o confinamiento de poblaciones y grupos”[15]. Esta estrategia también es vista como forma de represalia por parte de los actores armados al ser la población señalada y estigmatizada de colaborar con el actor adversario.

Conlleva repercusiones negativas a largo plazo: represión, frustración, patologías sociales, resentimiento social y, por consiguiente, recrudecimiento de la violencia, cuyos efectos son en el corto plazo, nefastos para la “supervivencia y desarrollo[16][16]” de las comunidades indígenas que lo sufren, y que en el largo plazo se tornan en un factor que corroe los cimientos de la sociedad colombiana y atenta contra el mantenimiento de una Nación configurada a partir de la sostenibilidad de su diversidad étnica y cultural. Se da la violación progresiva de los DDHH y del DIH - violaciones contra el pueblo indígena como sujeto colectivo, se irrespeta el derecho de las comunidades de la resistencia a desplazarse y se restringe su derecho a la libre movilización dentro de su territorio- esto altera el proceso de fortalecimiento territorial, de proyectos económicos y planes de vida que hacen parte del proceso de restablecimiento autónomo, reflejándose la “renuncia o postergación de la consolidación de la territorialidad”[17], Se incrementa la desprotección de las comunidades y el subregistro de estas violaciones ante el aislamiento al que son sometidas, incomunicación que  impide la convivencia y solidaridad étnica. Se impide la generación de condiciones de igualdad y justicia.

De otro lado, la confusión y desconocimiento del fenómeno afecta inclusive al reconocimiento e identificación del confinamiento desde el punto de vista jurídico; no existe un tipo penal específico para este problema. En este sentido, labores de análisis y descripción del confinamiento (ver “Proyecto de Investigación sobre la situación de confinamiento en las comunidades indígenas del Alto Naya ubicadas entre los Departamentos Cauca y Valle, 2002-2004”[18]) prestarían una contribución al avance en la judicialización de esta conducta asociada al conflicto colombiano.

Es así como se hace urgente presentar una caracterización completa de las regiones víctimas del confinamiento a partir de un análisis diacrónico, lo que implica tener presente los diferentes procesos históricos, tradiciones, presencia de grupos armados, presencia de conflicto armado en la zona, etc, y a partir del cual se responda cuál es el interés de los actores armados para confinar poblaciones en esta zona, aproximándonos a establecer un tipología de confinamiento. Ya que el confinamiento hace alusión a una estrategia de control territorial, los indicadores de análisis a utilizar deben ser de carácter estratégico y deben determinar el control territorial (CEDE, 2004). Retomando el estudio de caso hecho en el “Proyecto de investigación sobre la situación de confinamiento de las comunidades indígenas del Alto Naya”, algunas de las características propuestas para futuros estudios de caso de poblaciones en confinamiento son: 1. Alta productividad económica, medida por la existencia de recursos naturales y geográficos; 2. Carácter geográfico: la impenetrabilidad y difícil acceso a la zona; 3. Presencia de actores armados ilegales: presenta un contexto favorable para la presencia de los 2 actores armados ilegales, insurgencia y contrainsurgencia. Para explicar la presencia de guerrilla (Bejarano 1997, González 2002, Richiani 2003)[19], el Alto Naya cuenta con zonas de montaña –Municipios Suárez y Buenos Aires-, tradicionalmente de economía agraria basada en cultivos de coca, déficit histórico de presencia estatal y precariedad de infraestructura vial y de comunicaciones. En cuanto a la presencia de grupos paramilitares (Richiani 2003 y Vélez 2001)[20]-En el corregimiento del Timba-, también cuenta con una zona de planicie a la entrada del Alto Naya, una zona más fértil en la cual desde la década del 90 –coincide con la Ley Páez, 1995 y la llegada de paramilitares, 1997- han crecido empresas y proyectos industriales; 4. Histórico asentamiento de las comunidades étnicas en la zona, lo que las hace acreedoras de un alto conocimiento ancestral en el uso y conservación de los recursos que allí se encuentran, atrayendo el interés de los actores armados para extraer y explotar dichos conocimientos para beneficio propio. Son poblaciones con alto nivel organizativo, con una posición y liderazgo político, más que una actitud reivindicativa de derechos; 5. Es una zona con una privilegiada posición geoestratégica[21]: es una zona de paso[22] de los actores armados, lo que ha producido casos intermitentes de confinamiento que corresponden a la llegada y salida de estos actores; 6. finalmente, carácter de desplazamiento, históricamente fue una zona receptora de población desplazada proveniente de otros municipios del Norte del Cauca. Sirvió como zona tradicional de refugio pero también ha presentado una “tipología territorial[23]” de desplazamiento hacia fuera.

Por último se propone al Estado que verifique la aplicación interna del DIH a partir de regulaciones adecuadas para situaciones específicas de confinamiento como las que exponen 10 de los Principios Rectores sobre desplazamientos internos Deng que a pesar de ser un práctica violatoria contraria al desplazamiento, ya los regula: 10) protección contra “la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil; la privación de alimentos como medio de combate; su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militares”,11) protección contra “la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud(...)”. Derecho fundamental que también debe ser garantizado por el Estado Nacional[24],12) “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados en campamentos”, 21) “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: expolio; (...)utilización como escudos de operaciones u objetos militares; actos de represalia; y destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. Protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.” 24) “No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por  razones políticas o militares”. Existe así la necesidad de examinar la legislación nacional, en especial las acciones desplegadas dentro de La Estrategia de Seguridad Democrática, que puedan atentar contra la población civil y que paradójicamente estén permitiendo el confinamiento de comunidades desde la Fuerza Pública: “Los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de asimilación artificial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna de exterminio de un pueblo indígena”[25]. Por esta razón, se deben evitar los bloqueos que la FFPP establece por medio de retenes como estrategias de seguridad de zonas estratégicas, que sumado a la creación de vías de comunicación en las zonas apartadas se permita la comercialización de los diferentes productos agrícolas como medios de subsistencia. Con relación a lo anterior, se deben reconocer las denuncias de bloqueos, cobro de impuestos y demás restricciones, dentro del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, para prevenir el fenómeno de confinamiento[26]. Por último, es necesaria la investigación de otros estudios de caso en aras de avanzar hacia una categorización más completa del fenómeno de confinamiento, que haga más sustentable las labores de sensibilidad social para reconocer la gravedad de las situaciones expuestas.

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