Comunidades indÃgenas y negras de los municipios de RÃo Sucio y Bojayá (Chocó, Colombia) están nuevamente expuestas a la barbarie de paramilitares y guerrilleros que desde hace meses vienen disputándose el control de varios corredores para el tráfico de armas por el PacÃfico y la frontera con Panamá. La intensificación de los combates en la presente semana se debe a la arremetida de los paramilitares para tratar de sacar a las FARC de esta región estratégica por ser zona de frontera con Panamá y de acceso al Océano PacÃfico, zona de alta biodiversidad y rica en minerales, sobre la que se han tejido varios megaproyectos.
Como consecuencia de las acciones bélicas y amenazas contra la población civil, 350 familias de comunidades negras tuvieron que desplazarse, en tanto que mil indÃgenas que decidieron no abandonar sus territorios -al igual que otras comunidades negras- están sometidas al confinamiento forzado, enfrentando cada dÃa los peligros de vivir en medio de la barbarie entre paramilitares y guerrilleros. Ante esta situación uno se pregunta:
- Dónde está la efectividad de la fuerza pública? No han sido suficientemente advertida de estos procesos que se vienen denunciando en los medios de comunicación desde hace meses? No fueron suficientes los 109 muertos que dejó la masacre de Bojayá hace tres años (mayo de 2002)? Será que allà no funciona la polÃtica de seguridad democrática en la que este gobierno y los Estados Unidos han invertido tantos recursos?
- Será que los paramilitares siguen siendo imprescindibles para la politica de guerra contra el terrorismo? No dizque están en cese de hostilidades porque –como lo repite el Presidente Uribe- lo único que el gobierno le pide a los grupos armados para sentarse a negociar con ellos es un cese de hostilidades? Qué puede decir sobre este “cese de hostilidadesâ€el Comisionado de Ralito, tan ocupado estos dÃas en tratar de garantizarle a los autores de crÃmenes atroces que no tengan que pagar cárcel?
También cerca de la frontera con Panamá, pero por el lado del Atlántico, la comunidad de paz de San José de Apartadó ha venido siendo vÃctima de amenazas de paramilitares y bombardeos por parte del ejército en su guerra contra las FARC. Desde hace siete años se conformó la comunidad de paz, declarándose en resistencia civil contra todos los actores armados: guerrilla, paramiltares y fuerza pública. La Corte Interamericana y la Corte Constitucional de Colombia conminaron al Estado a brindarle medidas especiales de protección. Pero lo que han estado recibiendo es persecución y amenazas continuas, bombardeos y una nueva masacre.
En un comunicado del 24 de Febrero la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia: “El dÃa 22 de febrero desde la 1 p.m. y hasta las 2 p.m. se han presentado bombardeos indiscriminados por parte de helicópteros del ejército contra las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, en dichas veredas se encuentran viviendo más de 200 personas campesinas. Esto puede generar un nuevo desplazamiento, asà mismo nos preocupa la vida de las familias ya que en otras ocasiones como en el mes de diciembre de 2004 y enero de 2005 en dichos operativos militares se ha detenido campesinos injustamente, se les ha torturado y heridoâ€. Se entiende que las fuerzas armadas tienen que actuar, pero si esta es la protección que brinda a la población civil, entonces hay que preguntarse si es mejor el remedio que la enfermedad.
Hoy 24 de febrero, el periódico El Tiempo (p.6) trae la noticia de que posiblemente se acaba de cometer una nueva masacre en la que murieron siete personas. Un comunicado de la Comunidad de Paz afirma que sà hubo masacre y que la cometió el ejército. Uno de los muertos es LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, lÃder y fundador de dicha comunidad de paz, destacado defensor de los derechos humanos. “La comunidad de paz son campesinos hombres y mujeres que tienen como únicas armas: el amor por su tierra, la democracia, la paz, el trabajo comunitario, LA RESISTENCIA PACÃFICAâ€.
Los hechos narrados nos permiten concluir que si bien la seguridad democrática ha logrado calmar el conflicto armado en el centro del paÃs, éste se está intensificando en las fronteras donde la mayor parte de la gente son indÃgenas y afrocolombianos, o colonos pobres, dispersos y marginados, sin protección por parte del Estado y sin posibilidades de cruzar la frontera para salvar sus vidas ya que, como ha ocurrido con Panamá, no les prestan ayuda y los devuelven para Colombia. Todos los gobiernos vecinos están blindando militarmente sus fronteras para que no se les desborde el conflicto armado y el problema del narcotráfico. Los colombianos son mirados como sospechosos, se le niega refugio o asilo.
Dónde está la polÃtica del gobierno para proteger a la población en zonas de fronteras? Cuál es la polÃtica frente al confinamiento forzado, como el que están afrontando las comunidades de Rio Sucio, Bojayá, San José de Apartadó y muchas otras comunidades del paÃs? El gobierno no ha sido siquiera capaz de responder suficientemente con los desplazados, para los cuales hay una ley especÃfica (ley 387) y toda una polÃtica. El problema es que la voluntad polÃtica y los recursos económicos están comprometidos con una guerra con resultados como los que aquà se mencionan. Cuántos muertos y cuánto sufrimiento más será necesario para sentarse a negociar una paz de verdad, sin trampas, con acuerdos de reformas sociales que garanticen la paz y la justicia social a largo plazo?. Desafortunadamente la guerra se incrementará a lo largo de este año si las FARC deciden lanzarse a la contraofensiva. Por ahora no soplan vientos de paz y lo que se está dando en Ralito es una vergüenza.
Feb. 25 de 2005
