De lo bueno no dan tanto, dice un viejo adagio popular. Y esto es válido plantear frente al tratado de libre comercio de Colombia, Ecuador y Perú, con Estados Unidos.  Es obvio que el país del norte quiere mediante este tratado aumentar ventajas para el comercio de sus productos en detrimento de nuestros países.  Por esta razón, para los colombianos que aún tenemos dignidad nacional resulta, por lo menos incomprensible, escuchar del gobierno que la firma, por parte de Colombia, de este tratado va a traer grandes ventajas para nuestra economía.

 

De igual forma, nadie se cree la mentira de que estamos negociando un tratado, porque todas las condiciones son impuestas por Estados Unidos. Desde el primer momento en Cartagena, llama la atención que el idioma que se imponga en la instalación de las “negociaciones” sea el inglés y no haya habido traducción para los asistentes, estando en un país cuyo idioma oficial, mayoritariamente es el español. ¿Qué decir, entonces, del acceso a la información para los pueblos indígenas de Colombia, cuyo idioma madre no es el español?

 

Ahora, Estados Unidos se da el lujo de suspender las negociaciones de algunos temas como la propiedad intelectual, de vetar a un negociador colombiano.  Y en la VI ronda de negociaciones decidió unilateralmente reducir el número de días a dos, para abordar la discusión del que es sin duda uno de los temas mayormente importantes para nuestro país como es la agricultura, argumentando que los negociadores colombianos no están suficientemente preparados para discutir el tema, porque nuestro país está tomando medidas de protección en el campo agrícola, al decir de la propia Regina Vargo, jefe del equipo de negociación de los Estados Unidos.

 

En el campo de la propiedad intelectual, igualmente el equipo negociador de Estados Unidos ha sido bastante exigente, y es claro que la pretensión en esta materia es ampliar las ventajas que le brinda la regulación en materia de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la cual es ya muy lesiva para países como el nuestro, más aún para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas.  Los puntos que plantea Estados Unidos en esta materia son: el patentamiento de segundos usos, la extensión del término de la patente, la protección de datos como derecho exclusivo y la renuncia al derecho de oposición.

 

Junto con la agricultura y la propiedad intelectual, otro punto álgido es la cultura, porque de aprobarse tal como está la propuesta, se verían perjudicadas desde las expresiones de culturas más espirituales y autóctonas como son las de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como las que se reflejan en la radio, la televisión y el cine.  Aún así, la cultura, al igual que la propiedad intelectual y la agricultura no tienen la menor posibilidad de ser excluidos de las negociaciones del TLC, según lo sostiene el gobierno colombiano.

 

De tal suerte que el “tratado de libre comercio” en realidad no es un acuerdo entre las naciones soberanas, sino un vulgar contrato de adhesión en el que la parte subordinada no tiene la menor posibilidad de discutir las cláusulas.  Por esto nos preguntamos ¿para qué firmar un tratado en esas condiciones?

 

La creencia, para mi criterio errada, de que el tratado de libre comercio es inevitable y además necesario para nuestro país no ayuda a consolidar una posición sólida para construir un país soberano e independiente con un gobierno que vela por los intereses de sus nacionales.

 

Invito y reto a todos los sectores indígenas, negros, campesinos, comerciantes, industriales, medios de comunicación a unirse a quienes pensamos que otra integración es posible.  Empecemos por la reconciliación interna en nuestro país, sigamos con el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, luego tal vez podamos pensar, de ser necesario, en una negociación en condiciones menos desventajosas como las tenemos ahora.

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