Pese al ejemplar valor con el que las comunidades indígenas han organizado sus movilizaciones de resistencia pacífica, la suerte de estos pueblos no deja de ser estremecedora: menos de dos meses después de la marcha y el congreso multitudinarios que protagonizaron, en los últimos días asesinatos y secuestros se han descargado sobre varias etnias cuyo único pecado es vivir en medio de la guerra.

  

El sábado fue asesinado el mamo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta Mariano Suárez Chaparro, en la vereda El Chinchorro, junto al río Aracataca, en el Magdalena. El venerable mamo, de 70 años, era una de las autoridades más respetadas de la Sierra. Su único "delito": una vocación de trabajo por la unidad de varias comunidades indígenas.

 

Desde ese mismo día, violentos combates cerca del casco urbano de Toribío, entre el frente 6o. de las Farc y tropas de la Tercera Brigada del Ejército, mantienen atemorizados y sin posibilidad de salir de la zona a varios miles de indígenas paeces. Estos han denunciado que la guerrilla se escuda en la población civil, mientras bombardeos de la Fuerza Aérea han afectado casas y bienes.

 

El lunes, cuatro hombres armados asesinaron al gobernador del resguardo de Frontino (Cauca), Plinio Piamba Jiménez, y a su hijo Mario Piamba Noguera. Siguen secuestrados, desde hace más de dos semanas, Efrén Pascual, gobernador del resguardo awa, Kuambí Yaslambi, de Barbacoas (Nariño), y los hermanos emberá-katíos Marciano e Higinio Domicó, del resguardo La Esmeralda, en el Alto Sinú. La guardia indígena awa está intentando rescatar a su líder.

 

Tres asesinatos, tres secuestros y combates que tienen, según indican los mismos afectados, un solo protagonista: las Farc. Esta guerrilla ha dado ya reiteradas muestras de su olímpico desprecio por la vida. Pero hace rato no se ensañaba de tal modo con indefensos indígenas. Tal parece que sus procesos organizativos, su tozuda y pacífica resistencia sacan de casillas a los intolerantes hombres que no conocen ley distinta a la del fusil.

 

El mamo Mariano, al parecer, había sido amenazado por el frente 19 por promover la unión con los koguis. Hay denuncias de que las Farc señalan a los arhuacos de colaborar con el Ejército y han prohibido a los koguis relacionarse con ellos. Naciones Unidas condenó el asesinato como un crimen contra "persona protegida" y exigió al secretariado de las Farc pronunciarse. Con seguridad, la respuesta será un sórdido silencio.

 

El gobernador Efrén y su pueblo sobreviven en una de las zonas más duras de la guerra, donde el bloque Libertadores del Sur de los paramilitares y el frente 29 de las Farc se disputan la economía cocalera de Nariño. Y los hermanos Domicó pertenecen a una etnia que en los últimos ocho años ha puesto más de 300 muertos y protagonizó el mes pasado una masiva marcha a Frontino (Antioquia), contra el confinamiento a que la tienen sometida paramilitares y guerrilleros en la región de Urrao y el Medio Atrato.

 

Todo indica que las Farc están detrás de estas recientes atrocidades, que no pueden seguir ocurriendo impunemente. Razón no les faltó, por otra parte, a los protagonistas de la multitudinaria marcha de más de 60.000 indígenas a Cali, a mediados de septiembre, que se declararon en oposición a la política de seguridad democrática: para ellos esta no parece haberse traducido en mayor seguridad. Como lo dijo recientemente el senador Gerardo Jumí, es insólito que se siga asesinando a su pueblo en medio del más absoluto silencio.

 

Con lo enérgico que ha demostrado ser este Gobierno en ciertos temas, es realmente sorprendente que deje pasar semejante emergencia, que dura ya demasiado, sin tomar drásticas medidas. ¿Cuántos indígenas más tendrán que ser asesinados, secuestrados o desplazados para que la seguridad democrática se preocupe activamente por su protección?

 

Este es el clamor que ante los hechos terribles de estos últimos días dirigen unas comunidades perseguidas sin misericordia por la guerra, de la cual -lo han dicho de todas las formas- no quieren hacer parte.

 

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