La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama la atención sobre el sangriento comienzo del nuevo año, ya que en los primeros 20 días de enero le fueron reportadas, por lo menos, 8 muertes violentas de indígenas.

 

La Oficina rechaza el asesinato del dirigente Wiwa, Ángel Melcíades Loperena Montero, y de su hermano,  Darío Rafael Loperena Montero, perpetrado el 18 de enero en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Según las autoridades, los responsables de este crimen -que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario- fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de alias "Jorge 40". 

 

La Oficina insta a los dirigentes de las AUC a manifestarse en forma pública sobre estos dos asesinatos, a imponer a sus miembros el cumplimiento integral de las normas humanitarias que exigen el respeto absoluto por la población civil, y a observar plenamente el cese de hostilidades declarado.  

 

La Oficina exhorta al Estado colombiano a que tome medidas eficaces para proteger los derechos fundamentales de los indígenas, y confía en que las autoridades competentes desarrollarán las investigaciones dirigidas a esclarecer los asesinatos cometidos contra miembros de los grupos étnicos, y a llevar a la justicia a los responsables de aquellos.

 

La Oficina expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y con todas las comunidades indígenas del país.

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