Estamos encaminados a un fracaso y a una mayor polarización en la sociedad Colombiana. Muchos sectores y voces hemos afirmado que un marco jurÃdico serio y con mecanismos certeros para que exista verdad, justicia y reparación es la mejor oportunidad para enrutar el proceso de negociación con las AUC, el cual carece de la suficiente credibilidad y respaldo tanto en el paÃs como por parte de la comunidad internacional.
Lo que se ha vivido desde la primera semana de febrero, ocasión en la cual el Gobierno del presidente Ãlvaro Uribe anunció y presento un proyecto de Ley a la mesa de coordinación y cooperación internacional es un sucesiva trama de improvisaciones, contradicciones y erráticas actuaciones que nos tienen ad-portas de la aprobación de una Ley de Justicia y Paz, que será declarada inconstitucional en la Corte constitucional y que no cumple los mÃnimos exigidos en el derecho internacional de los derechos humanos, de cuyos principales instrumentos el estado Colombiano es signatario.
La Ley que muy seguramente saldrá aprobada en las próximas dos semanas es un conjunto de inconsistencias e improvisaciones que no garantizaran ni verdad, ni justicia y mucho menos reparación a las treinta mil victimas y sus familias que el paramilitarismo ha producido en los últimos veinticinco años.
No habrá verdad, por que no hay voluntad de que se sepa la verdad, en esa medida no se anteponen los beneficios jurÃdicos, -importantes- a que los beneficiarios se vean compelidos a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos en que han incurrido, tampoco se ha planteado el construir una verdad histórica, que nos permita comprender como nación las circunstancias y procesos en los que se configuro y desenvolvió el accionar paramilitar. Tampoco habrá justicia por que no se crean los mecanismos para investigar de manera seria, ni tampoco se dan las condiciones de seguridad para juzgar a peligrosos criminales, la justicia seguirá presa del amedrantamiento de poderes regionales amenazantes e intimidatorios y lo peor, que no dudan en recurrir a la violencia para lograr sus objetivos de impunidad y las penas, cuando las haya serán ofensas a la conciencia de las victimas y del conjunto de la sociedad por irrisorias, y no habrá justicia por que esta en entredicho los lugares de cumplimiento de penas, si serán instituciones carcelarias o remedos de estas.
Y por lo tanto al no haber verdad ni justicia, la reparación no es posible, habrá compensaciones económicas –que están por verse si se hacen efectivas- pero las heridas seguirán abiertas y continuaremos en un estado de polarización que en nada contribuye a la consecución de la paz y la reconciliación, propósitos que siguen plenamente vigentes en la sociedad Colombiana.
A pesar de las voces de respetados parlamentarios, de sectores ciudadanos, de la Organización de Naciones Unidas, de La Unión Europea, del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Alvaro Uribe y las mayorÃas en el Congreso que se dejan orientar por el ejecutivo sin reparos ni rubor han optado por el peor de los caminos, un marco jurÃdico precario y falto de rigor, que en nada contribuye a un proceso serio con los paramilitares.
Amanecerá y veremos, pero lo más seguro es que los dÃas por venir serán de mayor polarización e incredulidad, en un nuevo paso que reafirma que este puede ser un proceso parcial de desmovilización del paramilitarismo pero nunca el de su desmonte.
* Asesor de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fundador de Redepaz
