En el mes de enero pasado, cuando la entonces candidata para Secretaria de Estado, Condolezza Rice, se presentó ante el Comité del Senado sobre Asuntos Extranjeros en el curso de sus entrevistas para ser confirmada, el tema de Colombia y del resto de los paÃses de América Latina fue mencionada de manera pasajera. Sin embargo, al responder a una pregunta, Rice se refirió al “destacado liderazgo†del presidente de Colombia Ãlvaro Uribe y dijo que Colombia estaba encaminada a convertirse en “una historia de éxitoâ€.
Rice subrayó la movilización de la sociedad colombiana impulsada por Uribe para afrontar el narcoterrorismo, agregando que los Estados Unidos quieren asociarse con Colombia para construir una “democracia vibrante†aprovechando, especialmente, los avances que se han dado en el control del tráfico de drogas ilegales (2).
En sus breves comentarios, Rice alcanzó a expresar los elementos esenciales acerca de cómo Colombia era percibida por los oficiales en Washington, incluido en el Congreso de los Estados Unidos.
Esa percepción se debe, en parte, a los altos y continuos niveles de apoyo popular que disfruta Uribe en su paÃs. Estos niveles son el fruto, a su turno, de notables avances en el campo de la seguridad (un aumento en el número y rapidez de operaciones militares que parecen haber puesto a los guerrilleros de las FARC a la defensiva), además de una reducción en los indicadores claves de la violencia, incluyendo homicidios, secuestros y masacres.
La economÃa está en plena recuperación y hasta ahora, al menos, los cultivos de la hoja de coca se han reducido de manera significativa en todo el paÃs. Sigue habiendo un fuerte consenso acerca de las polÃticas fundamentales para luchar contra el terrorismo y los narcóticos. Y aunque en sus inicios estas no eran las únicas metas del Plan Colombia, la modificación de sus propósitos a la luz de los ataques contra los Estados Unidos en septiembre de 2001 y del colapso del proceso de paz con las FARC en Colombia aún recibe el apoyo de una mayorÃa de los polÃticos estadounidenses.
A pesar de que, en términos generales, la agenda de la polÃtica exterior de los Estados Unidos sigue siendo orientada por eventos que suceden lejos de Colombia –en Irak, por ejemplo, y Afganistán y el Medio Oriente– la cuestión de las drogas y el terrorismo no han dejado de ser poderosos asuntos en torno a los que se puede movilizar el apoyo de los miembros del Congreso norteamericano. En 2004, Colombia todavÃa producÃa el 90 por ciento de la cocaÃna que entraba a los Estados Unidos y 40 por ciento de la heroÃna. En los estados del noreste de USA, además, Colombia es el mayor surtidor de heroÃna. El hecho de que grupos armados como las AUC y las FARC participen en el tráfico ilegal de drogas ha cimentado la fusión de las dos guerras: la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. Además, los tres ejércitos irregulares que operan en Colombia –las AUC, las FARC y el ELN –figuran oficialmente en la lista norteamericana de Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Este año, como muestra del clima polÃtico favorable, la administración Bush ha solicitado que continúe un alto nivel de financiación para su Iniciativa Andina antidrogas. La suma para siete paÃses –Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá – es de US $ 734.5 millones, un poco más alto que el total para el año anterior, $731 millones. Como en el pasado, la mayor parte de la asistencia andina está destinada a Colombia, que recibirá este año unos $463 millones, más que el 60 por ciento del total para la región. El Pentágono quiere añadir otros $90 millones en la forma de créditos militares.
AsÃ, Colombia es, de lejos, el paÃs del hemisferio occidental que mayor asistencia recibe de los Estado Unidos. Los más de 500 millones de dólares que se le entrega anualmente lo coloca como el quinto paÃs de más cuantiosa asistencia en el mundo. Los únicos que reciben más son Irak, Israel, Egipto y Afganistán. Igualmente significativo, tal vez, es que no ha variado la proporción de esa asistencia que se dedica a los militares, la policÃa y al combate contra las drogas ilegales, por contraste con aspectos más “blandosâ€, tales como el desarrollo, la democracia y la asistencia humanitaria. La proporción sigue siendo lo que era cuando se inició el Plan Colombia; es decir, 80/20.
Lo que sugieren las cifras
El poderoso mensaje sugerido por estas cifras (a saber, el de “mantener el cursoâ€) no significa una ausencia de debate a puerta cerrada. Dentro del ejecutivo, y también en la esfera pública del Capitolio, los diseñadores de polÃticas han discutido un amplio número de temas relacionados con lo sostenible –o al contrario, lo insostenible– de la polÃtica de Estados Unidos y la dirección de las iniciativas del gobierno colombiano.
Algunas de las preguntas más difÃciles de contestar han surgido como respuesta a las cifras entregadas el Viernes Santo, sin mayor publicidad, por la Oficina Nacional de la PolÃtica de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca. Dicha oficina afirmó que los cultivos de la hoja de coca en Colombia se habÃan reducido por más de un tercio luego de haber llegado a su punto máximo en 2001. Pero sus cifras mostraron también que el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la coca no cambió prácticamente entre 2003 y 2004 a pesar de haber batido record en fumigación (3).
No menos significativo (aunque no mencionado, por supuesto, en el comunicado de prensa de la oficina de la Casa Blanca ) fue el hecho de que el número total de hectáreas de coca que quedaron después de la fumigación se habÃa reducido muy poco por comparación con los niveles de 1999, época en la que inicialmente se propuso el Plan Colombia ( 4). El estancamiento de la curva de cultivos fue “muy decepcionanteâ€, según un funcionario de la administración. Más importante aún, los datos mostraron que las metas originales del Plan Colombia – la reducción de los cultivos, el procesamiento y la distribución de drogas ilegales por un 50 por ciento para finales de 2005– ciertamente estaban destinadas al fracaso.
En la “guerra†contra las drogas, la viabilidad del control del aspecto de la oferta a largo y mediano plazo ha dado lugar a una preocupación acerca de lo sostenible o no de las polÃticas. ¿Cómo consolidar los avances en el campo de la seguridad por medio de robustas iniciativas del gobierno en otras áreas?
Persiste el reto crucial de establecer una permanente presencia del gobierno colombiano en el campo que atienda a los asuntos claves de gobernabilidad, además de desarrollo social y económico. Los esfuerzos dedicados a ofrecer alternativas económicas para sustituir los cultivos ilÃcitos, por ejemplo, no han cumplido, ni mucho menos, con su cometido.
En julio de 2004, el General Accounting Office (GAO) –una rama investigativa del congreso norteamericano- informó que los programas alternativos de desarrollo habÃan llegado a aproximadamente una cuarta parte de las familias necesitadas y que aquellos agricultores beneficiados tenÃan que afrontar el gran problema de cómo llevar sus productos alternativos a los sitios de mercadeo.
Igualmente importante, la asistencia de los Estados Unidos para grupos vulnerables, tales como los desplazados internos, no ofreció un puente sistemático entre la asistencia de emergencia y la asistencia para el desarrollo a más largo plazo. En tiempos recientes, el galopante ritmo de desplazados en áreas de conflicto en Colombia sugiere que este problema podrÃa seguir empeorándose a pesar de que la misión de AID de los Estados Unidos en Bogotá ha hecho esfuerzos por responder a las crÃticas de la GAO.
El tema de los derechos humanos
La atención del Congreso de los Estados Unidos a los asuntos de derechos humanos seguirá siendo un principal tema de debate, sobre todo por su relación con el controvertido proceso de paz que el presidente Uribe adelanta con las AUC. El marco jurÃdico que finalmente determinará la forma de desmovilización de las AUC –y el grado de impunidad que como resultado se les ofrezca a los lÃderes de las autodefensas– son aspectos que tendrán poderosa resonancia en Washington. Hasta ahora, el Gobierno de los Estados Unidos se ha negado a aportar financiación al proceso de desmovilización de los paramilitares, ya que las AUC son consideradas como una organización terrorista.
En febrero de 2005, un grupo de seis senadores norteamericanos y representantes de ambos partidos, entre ellos el presidente del Comité del Senado de Relaciones Exteriores y Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara, enviaron una carta al Presidente Uribe en la que puntualizaron las condiciones, bastante exigentes, requeridas si los Estados Unidos fueran a financiar la desmovilización de combatientes paramilitares. Dichas condiciones incluyeron un “marco jurÃdico efectivo†para desmantelar la “estructura de soporte, las fuentes ilÃcitas de financiamiento y el poder económico†de la AUC. La carta especificó también que los que han cometido “atrocidades respondan por sus crÃmenes†(5).
Dado que la administración Bush se ha comprometido a realizar consultas con el Capitolio antes de financiar la desmovilización paramilitar, no queda claro si se procederá a dicha financiación ni en qué momento (6).
Por el momento, al menos, la preocupación polÃtica por consolidar lo que se ha logrado polÃticamente en los primeros cinco años del Plan Colombia pesa más que la tendencia a evaluar la polÃtica en términos de presupuesto. Sin embargo, los continuos y altos niveles de asistencia han creado un poderoso argumento a favor de la “colombianizaciónâ€: es decir, que el gobierno de Colombia asuma la responsabilidad no sólo programática sino también económica.
La magnitud misma de los gastos de los Estados Unidos para la guerra en Irak y la reconstrucción de Afganistán –que son las principales razones que explican la solicitud de la administración Bush para un suplemento este año de 82 mil millones de dólares– significa que las presiones fiscales no se deben excluir como un telón de fondo para futuros debates sobre la polÃtica con respecto a Colombia.
La otra única iniciativa de importancia en cuanto a las polÃticas de Estados Unidos frente a Colombia –la negociación de un tratado comercial– es a la vez un asunto doméstico y un tema de polÃtica exterior. Las negociaciones han progresado al nivel regional (Colombia, Perú y Ecuador), pero todavÃa no se ha llegado a un acuerdo referente a una gama de productos agrÃcolas que tÃpicamente se benefician de altos niveles de proteccionismo en los Estados Unidos. Tampoco se ha definido si se negocia un tratado regional o uno bilateral.
El Presidente Uribe ha sido muy exitoso –más exitoso, de hecho, que cualquier otro gobernante latinoamericano– en alinear los intereses de su paÃs con los de los Estados Unidos. Esto, junto con sus propios logros domésticos, le ha merecido el respeto y apoyo de Washington. Para el futuro, la cuestión es hasta qué punto las otras prioridades externas y domésticas de los Estados Unidos no afectarán el constante reclamo de Colombia por una parte sustanciosa de la torta de ayuda externa. Más importante aún para Colombia es saber si el asunto de los éxitos en materia de polÃtica exterior se traducirá en logros permanentes a nivel doméstico, como poner fin al conflicto, afrontar los viejos problemas de pobreza y desigualdad y mejorar la calidad de gobernabilidad democrática.
[1]. ArtÃculo traducido por Walter Broderick
[2). Trascripción de la audiencia para nominación de la Secretaria de Estado (designada) Condolezza Rice, 18 enero, 2005.
[3]. Véase comunicado de prensa de ONDCP, “2004 Coca and Opium Poppy Estimates for Colombia and the Andesâ€. ONDCP también reportó un descenso del 52% de cultivos de amapola entre el 2003 y el 2004.
[4). Según las cifras de la misma ONDCP , en el 2004 el número de hectáreas de coca que quedaron después de fumigación fue 114.000, apenas 8.000 menos que el total en 1999, que fue de 122.500. Véase Adam Isacson , “Drug Czar press release: No 2004 decline in Colombia coca-growingâ€, memorando, Center for Internacional Policy, Washington D.C. , 30 marzo 2005.
[5]. Carta de los senadores Patrick Leahy, Joseph S. Biden, Christopher J. Dodd y Richard G. Lugar, y los representantes Henry J. Hyde y Tom Lantos al Honorable Ãlvaro Uribe, 2 febrero 2005.
[6]. La asistencia de los Estados Unidos para el proceso de paz con las AUC ha sido recibida principalmente por la misión de verificación de la OEA (0EA/MAPP). El caso de los tres militares norteamericanos retenidos como rehenes por las FARC es otro asunto preocupante en materia de derechos humanos, pero no está claro hasta que punto influya en las polÃticas .
*Directora Adjunta del Programa Latinoamericano, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.
INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2003 (INDH 2003)
‘El Conflicto, callejón con salida’
