Hace muchos años me tocó intervenir como mediador de buena voluntad en conflictos y confrontaciones en el departamento del Cauca, entre las Farc y organizaciones indígenas de la región, las de más larga tradición y organización en las luchas en Colombia por el rescate de sus tierras y cultura. La situación era dramática porque había sido asesinado el sacerdote católico Álvaro Ulcué, de la tribu de los paeces, primero en Colombia que obtenía esa dignidad.

 

Los indígenas luchaban, junto con muchas personalidades, por el rescate de las tierras de sus resguardos en manos de grandes terratenientes regionales y en zonas donde desarrollaban actividades las Farc. Había de por medio hondas diferencias ideológicas que tenían que ver con la visión marxista-leninista de los unos y los contenidos culturales propios de los indígenas, especialmente en cuanto a la recuperación de sus tierras. Mi intervención fue pedida por la actividad que yo desarrollaba en la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia. Se logró un acuerdo que bajó la alta tensión y los choques. Por esos antecedentes, siempre he tenido una posición muy clara en la denuncia de la violencia oficial y violación de los derechos humanos en Colombia. He combatido los asesinatos contra indígenas de la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en otras partes del país.

 

Hace algunos meses el presidente Uribe Vélez se reunió en el Cauca con los gobernadores indígenas para que colaboraran con las acciones punitivas del Estado contra las guerrillas. Los indígenas mantuvieron su posición de no intervención en el conflicto armado y de organizarse como comunidades que protegieran su política de paz.

 

En las más grandes manifestaciones de masas que ha visto el país, los indígenas y sus organizaciones han continuado la lucha para que no se les obligue al servicio militar ni a incorporarse a esos conflictos armados. Todo el país se estremeció con la última gran marcha hasta la ciudad de Cali de miles de indígenas, exigiendo respeto a su política de paz. En esas condiciones, hay que preguntarse: ¿Quién o quiénes iniciaron la confrontación armada que se vive hoy en la región de Toribío, que los indígenas han enfrentado a su manera: sin armas, con sus simples bastones de mando pero con una unidad pacífica invencible? Esta conducta obviamente choca con la política de guerra del gobierno para ejercer su poder en todo el territorio nacional y para tratar de derrotar a las guerrillas, con las cuales está en plena guerra, aun cuando lo niega.

 

De modo que los grupos indígenas son las víctimas directas de la confrontación armada llevada a sus territorios y de los crímenes de los paramilitares contra esos grupos en la Costa Caribe. Por eso mi solidaridad total, de nuevo, con la lucha de las organizaciones indígenas de Colombia, que han logrado notables conquistas políticas, sociales y de autonomía cultural y administrativa, y mi repudio a los crímenes que se están cometiendo en Toribío contra los indígenas, que se defienden con su presencia pacífica frente a la violencia que arrasa a Colombia.

 



* Apolinar Díaz-Callejas es ex Senador de la República, ex Ministro del Gabinete del Presidente Carlos Lleras Restrepo y miembro de la Comisión Andina de Juristas.

 

 

 

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