En las zonas fronterizas colombianas habita el 70% de la población indÃgena colombiana, concentrando asÃ, la mayor parte de la diversidad étnica y cultural del paÃs. Además de los pueblos indÃgenas también existe una amplia población perteneciente a otros grupos étnicos como los afrocolombianos, gitanos y raizales. Estas poblaciones han tenido que enfrentar las múltiples y constantes problemáticas propias de las los territorios alejados de los centros de poder y que se reflejan en los mayores Ãndices de pobreza, analfabetismo y mortalidad. Estas situaciones han adquirido mayores niveles de complejidad debido a la confrontación armada y al conflicto social que se vive en el paÃs.
En este último escenario, las zonas de frontera se han convertido en territorios de disputa debido a su ubicación estratégica, no sólo desde el punto de vista militar, sino también en el contexto de la producción y tráfico de narcóticos, asà como del tráfico de armas. Otro de los elementos que resultan atractivos para los diferentes actores armados, en su lucha por ejercer un control territorial absoluto sobre las zonas fronterizas son las riquezas naturales de estos territorios. Estos factores han desencadenado grandes flujos migratorios hacia el interior del paÃs, dentro de la misma zona fronteriza e incluso hacia los paÃses vecinos, en donde se han registrado casos de xenofobia, de deportaciones ilegales y de no reconocimiento del estatus de refugiados, situaciones que se han agravado en el caso de los miembros de grupos étnicos.
La tradicional marginalidad de las zonas de frontera y las problemáticas descritas anteriormente, han repercutido de manera inevitable y negativa en el bienestar y desarrollo de las poblaciones de frontera. En el caso de los grupos étnicos, los principales problemas han sido: el deterioro de la identidad cultural, la debilidad en la eficacia de los sistemas de autoridad tradicional, la expansión del narcotráfico y de las actividades mineras y petroleras y las intervenciones unilaterales para la implementación de megaproyectos en territorios indÃgenas, el aumento de los problemas de salud y de saneamiento básico generados por los flujos migratorios y la ausencia de una polÃtica diferencial de atención en salud a la población desplazada.
En ese contexto y ante la ausencia de una polÃtica diferencial que incluyera la problemática de los grupos étnicos ubicados en las zonas de frontera, de cara a un fenómeno particular como es el desplazamiento forzado, el Ministerio de Protección Social decidió iniciar en el mes de noviembre de 2004 un proceso orientado hacia la formulación concertada de una polÃtica de protección social para los grupos étnicos en situación de desplazamiento y ubicados en zonas de frontera.
La primera fase de este proceso culminó en el mes de mayo del presente año con la producción, por parte de la Fundación Hemera, de un documento titulado “Criterios e insumos para la elaboración de lineamientos de polÃtica diferencial en materia de protección social para los grupos étnicos en situación de desplazamiento y ubicados en zona de fronteraâ€. Este documento, junto con la publicación del Ministerio de Protección Social y la OPS “Insumos para la conceptualización y discusión de una polÃtica de protección social en salud para los grupos étnicos de Colombiaâ€, también elaborado por Hemera, son dos esfuerzos importantes que aportan elementos valiosos para el proceso de discusión y consolidación de una polÃtica diferencial de salud para los grupos étnicos.
El actual documento consta de cuatro capÃtulos: en el primero, se presenta el marco jurÃdico del desplazamiento forzado y de la polÃtica de fronteras analizado desde la perspectiva del tratamiento diferencial a los grupos étnicos, asà como los elementos conceptuales de la protección social; el segundo aparte recoge el diagnóstico de cada una de las fronteras en materia de conflicto y desplazamiento forzado de los grupos étnicos, asà como de la situación de salud de estas poblaciones; el tercer capÃtulo propone una metodologÃa para caracterizar a los grupos étnicos y, finalmente se presentan los aspectos legales para la concertación, los criterios e insumos necesarios, los elementos que debe incluir un plan de trabajo y una matriz general de actores.
El documento señala que la situación de salud de los grupos étnicos de frontera está determinada por los siguientes aspectos: 1) las dificultades de acceso a los servicios de la medicina institucional, derivadas de la insuficiente oferta de dichos servicios, la dispersión de los asentamientos humanos y los problemas de orden público; 2) la falta de adecuación de la medicina facultativa a las particularidades culturales de los grupos étnicos; 3) la vigencia de la medicina tradicional; 4) la insistencia de los grupos étnicos por concertar modelos interculturales de salud, aunque esa concertación puede dificultarse por la debilidad de las organizaciones en las zonas fronterizas; y 5) la incidencia de problemas de salud social en los asentamientos de los grupos étnicos desplazados, tales como, drogadicción, prostitución y alcoholismo.
En el marco de la protección social, la investigación caracteriza el desplazamiento forzado como un riesgo proveniente de una fuente social de riesgos integrada por el conflicto armado interno y otros factores relacionados, como el narcotráfico y los cultivos de uso ilÃcito, que generan impactos negativos en los mecanismos de generación de ingresos, los procesos organizativos, la identidad cultural, la salud y la seguridad.
Desde esa perspectiva, la investigación plantea como alternativas de solución frente a los problemas de salud la adopción de un sistema de protección social que estructure las condiciones para: 1) promover la interacción entre los sistemas institucionales de salud y las estrategias informales de los grupos étnicos para el manejo de los riesgos en salud (medicina tradicional y sus agentes); 2)diseñar modelos interculturales de salud para grupos étnicos en situación de desplazamiento, con el objeto de reducir la discriminación frente a la población desplazada y de grupos étnicos; 3) reducir los factores determinantes de la autoexclusión, tales como el desconocimiento por parte de los grupos étnicos en situación de desplazamiento de los derechos de los cuales son titulares en materia de salud; y 4) mejorar los niveles de saneamiento básico para los grupos étnicos ubicados en las zonas fronterizas.
