El ataque de las FARC a Caldono confirma la importancia del teatro de operaciones en el Cauca y sella el fin de la resistencia civil abierta. Pero se mantendrán otras formas de resistencia: la soberanÃa sobre el Macizo la tendrá quien sepa poner de su lado la defensa indÃgena de sus derechos territoriales.
• La población indÃgena de Caldono (Cauca) fue atacada por el Frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. Antes de las 5 de la mañana de ese dÃa, guerrilleros de las FARC pasaron por algunas casas advirtiendo a sus habitantes que las abandonaran porque el pueblo iba a ser atacado. Según un reporte de la fundación Fundemos de Popayán, la población se tuvo que desplazar hacia los “Sitios de Refugio†que han definido los cabildos, ubicados en las veredas de Campo alegre, La venta, Siberia, 20 de julio, Gualo y AndalucÃa (julio 7). El ataque inició a las 6 a.m. con la llegada de una chiva de guerrilleros vestidos de civil y luciendo camisetas blancas.
Para el ataque se apostaron en varias casas e incluso en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los guerrilleros no lograron destruir la estación de policÃa custodiada por 16 policÃas, pero los seis cilindros bomba que lanzaron destruyeron 12 viviendas. Otras 30 quedaron averiadas. También fueron destruidas las redes principales de servicios de energÃa y telefonÃa, y se presentaron daños en la red de acueducto. Tres personas quedaron heridas y no hubo muertos (julio 3). Desde hacÃa algunas semanas se rumoraba entre la población el inminente ataque.
• Caldono, cuna del movimiento de resistencia indÃgena del Cauca, está incrustado en las montañas de la cordillera central y ubicado a 65 kms. de Popayán, capital del Cauca, y a 12 kms. de la vÃa Panamericana. Ha sido atacado siete veces en su casco urbano en los últimos cinco años. El más publicitado de ellos fue el ocurrido el 12 de noviembre del 2001, cuando sus habitantes, la mayorÃa indÃgenas paeces, salieron a la plaza e impidieron el ataque de las FARC. La acción ocurre dos meses y medio después del ataque similar y del cerco militar contra el vecino municipio de ToribÃo (ver
BoletÃn 9).
• El avión fantasma y una flotilla de seis helicópteros sobrevolaron el área. El acceso por tierra lo hizo el Ejército desde Pescador, en la vÃa Panamericana y se produjo un combate en el sector de Las Ventas. A las 11:30 de la mañana el Ejército tomó control de la cabecera municipal. Las operaciones estuvieron a cargo de la PolicÃa Nacional, unidades de la Brigada 29 del Ejército y soldados del batallón José Hilario López (Popayán). El Director General de la PolicÃa, General Jorge Daniel Castro Castro, supervisó personalmente los operativos.
• Dos dÃas más tarde, tras un segundo hostigamiento que duró algunas horas, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y los mandos militares visitaron la población y anunciaron el envÃo de una nueva brigada móvil y el fortalecimiento de la Brigada 29 (julio 6).
En un consejo de seguridad esa misma semana en Popayán ya se habÃa anunciado la creación de un nuevo “batallón de alta montaña†en la zona. Al mismo tiempo el representante César Negret, ex gobernador del Cauca, denunció que la salida de la Brigada Móvil No. 6 –la misma que en el 2003 entró a Santa Rosa después de dos décadas de control de la guerrilla– benefició los planes de la guerrilla de hacerse fuerte en el departamento.
• Dos dÃas antes del ataque la Brigada III advirtió que ToribÃo y sus alrededores se convirtieron en la segunda área de acumulación de las FARC. En los últimos tres meses más de mil hombres de la Brigada III y de otras unidades militares al mando del general Hernando Pérez desarrollan las operaciones “Dignidad†y “Fuego Azulâ€. Según reveló la revista Semana, en la zona se ha descubierto más de 300 kilómetros de carreteras construidos por la guerrilla, asà como campamentos subterráneos y armamento antiaéreo. Igualmente han sido liberados algunos secuestrados, entre ellos la personera de Caloto, Alba RodrÃguez, quien habÃa sido secuestrada por el frente 40 de las FARC.
• Según Fundemos, en las zonas rurales de los municipios de Toribio, Jámbalo, Silvia, Caldono, y en general, toda el área que abarca el cordón montañoso de la cordillera central de esta región, de población mayoritariamente indÃgena, se desarrollan casi a diario combates, bombardeos y también hostigamientos a la mayorÃa de los centros urbanos que la prensa no registra.
• El gobernador del Cauca, Juan José Cháux, aseguró a la cadena Caracol que su despacho tenÃa conocimiento de que las FARC preparaban un ataque no sólo en Caldono sino en siete localidades del Macizo Colombiano. “El ataque se esperaba para el viernes y se habÃan tomado las medidas de seguridad “, aseguró Chaux.
• En un comunicado fechado el pasado 6 de julio, los Gobernadores de los cabildos de Caldono, Pueblo Nuevo, Pioya, La Aguada, Las Mercedes, La Laguna Liberia, rechazan la acción sobre su pueblo y rechazan “cualquier cometario o versión que afirma que, “por culpa de los Cabildosâ€, una vez mas se tomaron la población bajo el entendido de que el caso ocurrido en Caldono es un resultado mas de la violencia que vive nuestro paÃs, frente a lo cual hay que resistir organizadamente en unidad y no solo por sectores.†En el mismo comunicado reiteran su “concepto de reubicación de los cuarteles de policÃa, por cuanto en el marco del derecho internacional humanitario y principio constitucional la fuerza publica debe proteger a la población civil y no al contrario, y sobre la solicitud de retiro no hemos hecho solicitud formal y oficial ante autoridad competente.â€
Análisis:
• La destrucción de Caldono, cargada de simbolismo, confirma una vez más dos hechos claves -y relacionados- del conflicto: que la campaña de las FARC en el Macizo Colombiano es de largo aliento (ver BoletÃn 9); y que en esas condiciones el movimiento de abierta resistencia civil, que surgió precisamente en Caldono, ha llegado a su fin. ¿La guerra en el Cauca copa hoy todos los espacios? Todo depende de cómo se relacione la fuerza pública con la población civil. Lo que a su vez depende en buena parte de cómo entienda el concepto de soberanÃa.
• La campaña de las FARC en el Cauca es el corazón de su esfuerzo por crear un “eje suroccidental†alrededor del Plan Patriota que disloque la fuerza del ejército y le asegure corredores logÃsticos (ver BoletÃn 19). El gobierno enfrenta hoy el problema clásico de cualquier estrategia de seguridad que pretende controlar una insurgencia: ¿qué hacer en las zonas que no son “prioritarias†dentro de su estrategia? Toda estrategia de seguridad tendrá siempre recursos limitados frente al tamaño del territorio, por eso tiene que comenzar por decidir cuáles son sus “prioridadesâ€. El caso de Colombia es particularmente difÃcil, por dos razones. Primero, el territorio colombiano es mucho mayor que el de paÃses que conocieron insurgencias importantes: cinco veces más grande que Malasia, siete que Viet Nam del Sur, y cincuenta que El Salvador. Tan sólo el caso del Perú se asemeja, pero Sendero Luminoso cometió el error a final de los ochenta de concentrarse en las ciudades (Lima). Por eso el tamaño del territorio es la principal arma de las FARC.
• Segundo, las prioridades que establece la estrategia del gobierno -el Plan Patriota- en esta fase, a diferencia de lo ocurrido en Cundinamarca, no permiten pensar que de un área “prioritaria†se vaya a pasar a otra en el corto plazo. No hay perspectivas de que en sentido estricto se pueda ejercer suficiente control sobre un área tan vasta, tan despoblada y tan impenetrable como la del Plan Patriota en el sur oriente para poder declararla “ganadaâ€. No hay siquiera una carrera contra el tiempo -cómo controlar rápidamente las áreas “prioritarias†para concentrar los recursos en las otras- porque no hay claridad sobre qué constituye un “éxito†suficiente.
• Es en ese contexto que hay que ver la situación del Cauca y la estrategia de las FARC. Como ya se ha señalado en estas páginas (ver BoletÃn 9), el Macizo Colombiano es la “bisagra†que conecta el Bloque Sur de las FARC con los Comandos Conjuntos de Occidente y Central. Por él pasan una serie de corredores que comienzan en la frontera ecuatoriana, pasan por entre las crestas de la cordillera central y terminan en el departamento del Valle en el Occidente o incluso -pasando por el corredor Paez-Inzá o más al norte por el cañón de las Hermosas- en los departamentos de Huila y Tolima. Es decir, en el centro del paÃs.
• Surge entonces la pregunta: ¿Qué hacer con un territorio tan vasto y tan agreste, cuando los recursos están en otra parte? Como informó Semana, el ejército lanzó la operación “Fuego Azul†en el Cauca. (Es probable que el ataque a Caldono busque entre otras cosas interrumpir esa operación y “bajar la tropa†de la montaña.) Algunas versiones indican que el propósito final de “Fuego Azul†es establecer un nuevo batallón de alta montaña en el Macizo, en la zona de Puracé. Aparte de que un batallón en una zona tan agreste se puede convertir rápidamente en una preocupación más que en una ventaja -con la cantidad de hombres que tienen las FARC en la zona, no les resultarÃa difÃcil coparlo-, lo que demuestra la estrategia del Estado en el Cauca es que opera con una noción equivocada de soberanÃa y por lo mismo de control territorial.
• El control territorial no se ejerce saturando el territorio con hombres, como quien llena una mesa de billar de soldaditos de plomo. Se logra formando redes que tienen confianza en las instituciones y las apoyan. El problema en el Cauca es que la relación con la población no puede ser la misma que en otras partes, porque los pueblos indÃgenas y en particular los paeces del nororiente se toman muy en serio los derechos de autonomÃa que les confiere la Constitución. Pero esto, lejos de ser un obstáculo, puede ser una ventaja para el Estado.
• La Constitución del 91 y su desarrollo jurisprudencial en varias sentencias de la Corte Constitucional (T-528 y T-567 de 1992, T-188 de 1993, entre otras) hacen de la propiedad colectiva de la tierra un derecho fundamental de las comunidades indÃgenas (ver: Catalina Botero, 2003: Multiculturalismo y derechos delos pueblos indÃgenas en la jurisprudencia de la corte constitucional). Las comunidades han sabido hacer uso de la tutela para asegurar ese derecho, que obliga al Estado no sólo a facilitar el acceso a la tierra, sino también a proteger sus derechos territoriales de violaciones por parte de otros (por ejemplo, de los colonos). Sólo en casos excepcionales de interés nacional puede limitarlo. Como es sabido, la Constitución otorga también amplios derechos de autonomÃa a los resguardos indÃgenas, en particular en la elaboración de polÃticas de desarrollo territorial y sobre todo en la administración de justicia. El resultado de estos nuevos derechos adquiridos ha sido un cambio en la conciencia y la identidad de las comunidades indÃgenas (Christian Gros), identidad que está atada precisamente a la
defensa del territorio.
• Esa nueva conciencia de autonomÃa y de protección de lo propio está detrás del movimiento de resistencia civil que el Cauca conoció estos últimos años. Sin embargo, la resistencia abierta tiene lÃmites: una cosa es convivir con el Frente 6 de las FARC y salirle al paso cuando intenta sacar a la policÃa de un pueblo, como ocurrió en Caldono en noviembre de 2001. Otra, es estar en el centro de un teatro de operaciones de las FARC en el que participan compañÃas de varios frentes y columnas móviles del Comando Conjunto de Occidente y del Central, con armamento de otra envergadura. Y que tiene como propósito desprestigiar el frágil esquema de seguridad del Estado (ver BoletÃn 9) y ser la piedra angular de la respuesta al Plan Patriota (ver BoletÃn 19). Ante esa situación, las comunidades se han visto obligadas a limitar su resistencia a planes de evacuación de la población a veredas vecinas, para no salir de sus territorios.
• La pregunta estratégica en el Cauca es entonces quién logra poner de su lado la defensa indÃgena de sus derechos territoriales: El Estado o las FARC. Hasta ahora ninguno de los dos ha tenido éxito, porque ambos operan con una noción equivocada de control. Hay evidencia de que las FARC ha enviado a uno de sus mejores “organizadores de masas†a la región, lo que señala que buscan una interlocución con la comunidades. Pero la permanente destrucción de los pueblos no los acerca a la población. Además, el punto de apoyo de las FARC siempre ha sido el colono, no el indÃgena.
• El Estado por su parte ha optado por una estrategia de “colonizaciónâ€, construyendo fortines de policÃa en los pueblos que invierten la relación con la población. Son más un peligro que un avance en la seguridad, porque “justifican†los ataques de las FARC. Los indÃgenas se quejan con frecuencia de que en lugar de recibir protección de la policÃa, tienen que protegerla.
• ¿Qué opciones hay? Sin duda las Fuerzas Militares tendrán que considerar detenidamente cómo contrarrestar el despliegue militar de las FARC en el Macizo. Pero sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la fuerza pública con las comunidades indÃgenas. Es evidente que si los indÃgenas han reconstituido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomÃa, no estarán dispuestos a ser parte de “redes de cooperantes†ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altÃsima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la fuerza pública, tendrá la ventaja estratégica.
Incluso si formalmente las comunidades se declaran “neutralesâ€.
• Pero eso requiere que el gobierno y la fuerza pública piensen detenidamente en qué quiere decir “la defensa de la soberanÃa†que les encomienda la Constitución a las Fuerzas Militares (Art. 217). En su comprensión clásica, “la soberanÃa†significa la autoridad suprema en un territorio, lo que implica que no hay lugar para otra autoridad y que todos acatan esa autoridad por igual. Pero los desarrollos constitucionales de los noventa definen espacios intermedios donde -con ciertas limitaciones- conviven diferentes fuentes de autoridad, que a su vez se fundan en una comprensión amplia de los derechos fundamentales. Si la fuerza pública demuestra que su interés es proteger esos derechos, tendrá el apoyo de las comunidades y podrá tejer redes de protección sobre el territorio. Más vale una colcha de retazos que un colador.
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