Hacia finales del siglo XX a lo largo de América Latina se asiste a las reformas del Estado, a la muerte del modelo que desde el siglo XIX se erigÃa en referente fundacional y que descansaba en el principio de existencia de una nación y de la universalidad de una sola cultura. La nación representada en la unidad de una sola cultura se fragmenta, emergen etnias y pueblos como sujetos de derechos colectivos, la identidad de los Estados se alimenta en el multiculturalismo. Con el correr de los anos, las reformas que se anunciaban en los inicios de la década de los noventa, se descubren en su verdadero sentido y finalidad.
Las reformas emprendidas en el plano constitucional, como tendencia general, entran en contradicción con las polÃticas económicas de los distintos Estados y los proyectos de las trasnacionales especialmente cuando se trata de acceder a recursos forestales y mineros, fundamentalmente los de tipo energético. En el nuevo universo de globalización o de trasnacionalización de la economÃa, los derechos reconocidos a pueblos y etnias, a la vez que se convierten en obstáculo para el desarrollo de ciertos proyectos, al mismo tiempo son alternativa para negociar directamente con las comunidades por parte de los agentes de las trasnacionales, pasando por encima o en connivencia con los Estados, siempre en condiciones desfavorables para los dueños de los territorios.
Los ordenamientos constitucionales nacidos de las reformas del Estado, cuando ya se acercan a dos décadas de su promulgación, no se proyectan en cuanto a generar mecanismos para hacer efectivos los derechos enunciados de forma general. En el caso extremo estarÃa Guatemala, donde la Constitución emerge como resultante de la negociación de un largo periodo de guerra y donde la promesa de fondo es restituir los territorios a los pueblos indÃgenas. AllÃ, la reforma agraria se ha venido aplazando, sin que la territorialidad indÃgena se constituya en el soporte para la reproducción de su cultura.
En el caso de Colombia, contrario a Guatemala, la territorialidad de pueblos y etnias es progresiva, y sin que el problema este resuelto, cerca del 30% del territorio nacional es reconocido como propiedad de los diferentes pueblos que se diseminan a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, el ejercicio del control del territorio se experimenta limitado por diferentes causas, unas agenciadas por el Estado, otras por factores derivados de la situación de guerra que se vive desde hace varias décadas.
Esta situación donde el Estado reconoce en el piano jurÃdico los derechos de etnias v pueblos, pero a la vez en el desarrollo de sus polÃticas restringe y limita el ejercicio de su autonomÃa, es susceptible de valorar y conocer en lo relacionado con la normatividad que regula el acceso a los recursos forestales. Para Etnias & PolÃtica, el caso de la polÃtica forestal en Bolivia y Colombia, muestra claramente los limites en los que los Estados inscriben o subordinan el ejercicio de la autonomÃa de los pueblos indÃgenas.
En Colombia, el 50% de los bosques disponibles son en la actualidad tierras colectivas de pueblos indÃgenas y de comunidades negras. Esta realidad impone que para el acceso a los recursos de esos bosques medie el conjunto de derechos que de manera especial el Estado reconoce a estos sectores de la población; pero, en contravÃa, el Estado elabora una polÃtica forestal y legisla en procura de limitar tales derechos y de expropiar del bosque a sus habitantes ancestrales.
Etnias & PolÃtica, en el presente número, muestra como la polÃtica forestal que en la actualidad se esta estructurando en Colombia no es invención apropiada al contexto nacional. Ella tiene sus antecedentes, es estrategia global y es manifestación de la confrontación internacional por el acceso a los recursos. En Bolivia, en la década pasada, el Programa Bolivia Forestal agenciado por USAID implemento una polÃtica de ajuste a la normatividad estatal, de tal forma que se diera viabilidad y legitimidad al saqueo de los bosques, y funcionalizando formalmente los derechos indÃgenas a esta finalidad, pero contradiciéndolos en la practica.
Luego de una década de saqueo en Bolivia, el modelo se traslada a Colombia y sin mayor artificio se le nomina Programa Colombia Forestal. Los objetivos son de la misma naturaleza: ajustar la normatividad y modernizar el sector forestal. Avanza la discusión legislativa, la Ley Forestal esta a punto de ser aprobada, y los bosques que en el pasado reciente eran valorados por su riqueza en biodiversidad y soporte de la existencia cultural de las comunidades indÃgenas y negras, ahora, por el nuevo ordenamiento jurÃdico pretenden reducirlos a madera, a simple recurso por extraer, a mercancÃa. Con la nueva Ley Forestal, los pueblos indÃgenas y negros, de propietarios se transformarÃan en mano de obra de las empresas que fomenta el Programa Colombia Forestal.
Flexibilizar las normas para acceder a los bosques de los territorios colectivos expresa bien la lógica de las polÃticas de los Estados, las cuales se subordinan a los intereses del capital trasnacional y se ajustan en función de los mercados. Esta lógica se proyecta con mayor impacto cuando se trata de los recursos del subsuelo, que se impone incluso con métodos menos sutiles, a través del ejercicio de la violencia, de la desterritorialización y de la destrucción de las culturas.
En el nuevo escenario en el que se impone la paulatina restricción de los derechos conquistados por pueblos indÃgenas y grupos étnicos, la revista Etnias & PolÃtica busca ser un espacio de lectura critica a la acción del Estado, pero igualmente al modelo de gestión y gobierno que en lo local vienen decantando dichos pueblos, con la intención de generar la reflexión al interior de los movimientos indÃgenas y negros y alimentar en torno a ello el debate nacional. Es condición apropiar la visión de lo global como contexto que determina o impone, pero de igual modo es necesario conocer sobre el modo como esos poderes externos se integran en lo local y crean sus propias redes.
