Colombia cuenta con las guerrillas más viejas del continente, porque ha vivido más de cincuenta años de lucha armada permanente. A raíz de la expansión del paramilitarismo en los últimos diez años, se han vuelto a revivir las escenas de crímenes atroces, tan macabros como los de la violencia política de los años 50, agravándose la situación con el problema del desplazamiento de aproximadamente tres millones de colombianos.

 

Muchas comunidades ni siquiera tienen la posibilidad de desplazarse, teniendo que afrontar en silencio los rigores de la guerra. Otros han cruzado las fronteras tratando de permanecer ocultos para evitar ser repatriados, siendo muy pocos los que logran el estatus de refugiados que les brinde alguna seguridad jurídica. Si bien el fenómeno del secuestro ha disminuido, aun las víctimas de este flagelo se cuentan por millares, de los cuales algunos cumplen más de siete años secuestrados, sin que se logre siquiera el acuerdo humanitario entre gobierno e insurgencia para liberar secuestrados y prisioneros. Cuáles son y serán las consecuencias de tanta violencia en las mentes de los colombianos y en el desarrollo del país? Esa anestesia con que tratamos de olvidar no cura ni previene. Ante el mundo, somos un país violento y loco.

 

Al final de los años ochenta, cuando proliferaron diferentes tendencias insurgentes, se logró pactar la desmovilización del M-19, el Quintín Lame y otros, a cambio de la realización de una Asamblea Nacional cuyo resultado fue la promulgación de la nueva Constitución Política, de 1991 que levantó las esperanzas de paz  y de progreso. No obstante, el conflicto armado -basándose en estrategias de terror contra la población civil por parte de todos los actores armados- continuó expandiéndose por todo el territorio nacional, apoyado por las finanzas del narcotráfico que han estado alimentado tanto a guerrilleros como paramilitares. Hoy asistimos a uno de los momentos más intensos de ese conflicto, especialmente en las zonas fronterizas del país, con un poco de alivio en las regiones centrales. La insistencia del gobierno en negar la existencia de ese conflicto armado y la sensación de seguridad que se experimenta en las grandes ciudades, son síntomas de la pérdida del sentido de realidad que nos ha venido aquejando.

 

Al comenzar el nuevo milenio se llevaron a efecto unos diálogos de paz entre la insurgencia y el gobierno del presidente Pastrana que terminaron en una nueva frustración, mientras por debajo de la mesa el paramilitarismo crecía a niveles improcedentes y la guerrilla se fortalecía militarmente. Cómo fue posible tanta patraña de lado y lado, trasmitida en directo ante el país y el mundo?.

 

En ese ambiente de frustración es elegido el presidente Alvaro Uribe por su promesa de acabar militarmente con la insurgencia armada. Promesa que revela, de parte del gobierno y de la opinión pública, la pérdida del sentido de las proporciones. Su política de Seguridad Democrática ha girado en torno a los siguientes parámetros: el fortalecimiento militar contra la guerrilla, dándole el tratamiento de terroristas y negando la existencia del conflicto armado; la negociación generosa con los paramilitares, que ha llevado a que la Ley de Justicia y Paz sea criticada interna e internacionalmente como una ley de impunidad y de encubrimiento de narcotraficantes;  y por otra parte, la acción contra el narcotráfico, centrada en las fumigaciones aéreas con apoyo de los Estados Unidos a través del Plan Colombia y la extradición de capos intermedios. Pero ni quiera se ha logrado impactar los precios internacionales de los estupefacientes, en tanto que por las fumigaciones, la guerra y los desplazamientos, se ha entrado en problemas con los países vecinos. Sin embargo, se sigue insistiendo en estas políticas, a pesar de tan evidentes fracasos y de los gigantescos costos económicos, humanos, ambientales y de soberanía nacional.

 

Ante la ofensiva de los tres últimos años por parte de la fuerza pública, se vaticina una contraofensiva guerrillera para demostrar, durante la contienda electoral que se avecina, que la política de la Seguridad del gobierno no logro sus propósitos.  Por su parte, los paramilitares, a pesar de su desmovilización y entrega de armas, avanzan en su consolidación económica y en su influencia política en las corporaciones públicas y en los gobiernos de las zonas controladas por ellos. El tema de la reelección complica el panorama político y es posible que se polaricen las posiciones entre los que insisten en seguir la guerra y los que claman por una salida negociada, con reformas estructurales que contrarresten la brecha que, en medio de la violencia, se ha venido ampliando entre acumulación de la riqueza y expansión de la pobreza. Seguiremos insistiendo en la locura, o le daremos un chance a otras alternativas?

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar