En Julio recién pasado, el Relator Especial para los pueblos IndÃgenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, le envió una carta abierta al presidente Ricardo Lagos, en donde expresa una vez más, su profunda preocupación “ante la desproporcionada acusación que pesa contra las autoridades tradicionales anteriormente citadas en comparación con los hechos que se les imputan de acuerdo con el código penal vigente, asà como la utilización de la legislación en materia de lucha antiterrorista contra defensores del pueblo mapucheâ€.
Esta carta, que pareciera ser un extracto sacado de una página antigua, durante la dictadura militar, es vigente. En Chile, se siguen violando los derechos humanos en todas sus generaciones. Prácticas como las torturas, la prisión por razones polÃticas no son parte de un pasado oscuro, no forman parte de las historias de los sobrevivientes. Hoy, bajo un gobierno “democrático†se mantienen leyes dictadas bajo dictadura, como la Ley Antiterrorista, para mantener al movimiento social neutralizado, y más aún, para continuar la represión contra los pueblos originarios que exigen el legÃtimo derecho a sus territorios ancestrales y
el respeto a su cultura.
El llamado “Juicio a los Lonkosâ€, se inscribe en esta lógica, donde comuneros mapuches, fueron acusados por el Ministerio Público de realizar actos de violencia en distintas comunas de la Novena Región durante los años 2001 y 2002, entregando pruebas para demostrar que se estaba ante un delito tipificado como “terroristaâ€. Pese al ambiente que se creó en torno al caso, las manifestaciones de solidaridad frente a este nuevo atropello, fueron la tónica que marcó el proceso, logrando el pronunciamiento de voces como las del Relator Especial para Pueblos IndÃgenas de la ONU. Los seis comuneros mapuche, acusados del delito de “asociación ilÃcita terroristaâ€, finalmente fueron absueltos por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Sin embargo continúan presos, recluidos en distintos penales de la zona sur, sometidos a diversos procesos judiciales, de la misma Ãndole.
Del total de los 16 mapuche sometidos a procesos, sólo 6 se presentaron ante la justicia a declarar, los 10 restantes optaron por vivir en la clandestinidad, demostrando con esta actitud, que no se siente amparados por la legislación vigente. Ellos mantienen la claridad de que en este paÃs, la justicia sigue estando al servicio de los poderosos, pues no es posible que el Dictador, responsable de verdaderos actos terroristas, de los mayores atropellos a los derechos humanos de los chilenos, siga impune y solo se le pueda someter a proceso a él y a su familia, por fraude al Fisco.
Frente a este absurdo, cabe preguntarse ¿qué posibilidad tienen los comuneros mapuche, de enfrentar un juicio justo? A esto debemos sumar el hecho de que en todos estos años, en lo que se ha denominado “el conflicto mapuche†no ha habido ningún empresario forestal muerto, ninguna vÃctima por los supuestos actos terroristas de los comuneros. En cambio el pueblo mapuche si tiene una vÃctima que lamentar, la muerte del joven Alex Lemun, asesinado por el carabinero Marcos Treuer, quien se encuentra actualmente en libertad.
Nada importa que los acusados: los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin; Jorge Huaquin, Marcelo Quintrileo, José Llanca y Patricia Troncoso, no tengan participación en los delitos que se les imputa. Este es un juicio polÃtico y no jurÃdico frente a las demandas del pueblo mapuche, que exigen el retiro de las Forestales que invaden su territorio, cambian su ecosistema y exterminan sus recursos naturales.
