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El desplazamiento en procura de seguridad es una de las alternativas para la población civil, frente a las amenazas y violaciones de los derechos humanos derivadas del conflicto armado que está viviendo Colombia. Otras alternativas son: la resistencia comunitaria permaneciendo en los territorios, o la migración hacia otros países en busca del estatus de refugiado que solo los logra una minoría de quienes cruzan las fronteras. 

La relación entre el grado de amenaza, por una parte, y la capacidad para afrontarla o su vulnerabilidad, por otra, determina si los afectados resisten en sus territorios, se desplazan temporalmente a los pueblos cercanos, se van a las grandes ciudades o fuera del país. A mayor riesgo, mayor necesidad de ocultarse en lugares lejanos, preferiblemente en ciudades lejanas o en el exterior. Los líderes de las organizaciones comunitarias y las personas que han estado de alguna manera involucradas (voluntaria o involuntariamente) con los actores armados o en contra de ellos, son quienes afrontan mayor inseguridad y, por tanto, tienden a desplazarse más lejos y a lugares que les permitan mayor ocultamiento. Una de las alternativas menos malas para ellos es la Capital del país.

Algo similar ocurre con el narcotráfico, el cual tiende a involucrar individuos y comunidades en los cultivos ilícitos, el procesamiento del alcaloide, su transporte y demás eslabones de la cadena. La represión contra este fenómeno, en términos de persecución policial y fumigaciones aéreas, lo mismo que los avatares del negocio ilegal, en términos de decomisos de mercancía, incumplimientos, delaciones, trampas, etc. desata consecuencias violentas contra la población. La situación se torna más peligrosa por la relación del los actores armados no estatales con el narcotráfico como su principal fuente de financiación y por las grandes sumas de dinero que se juegan en estos casos. El resultado generalmente es la muerte o el desplazamiento hacia los lugares que brinden el máximo grado de ocultamiento, como puede ser la capital del país u otras grandes ciudades.

Los desplazados al llegar a la ciudad tienden a ocultarse para no ser detectados por sus enemigos ni discriminados socialmente por ser desplazados o por ser indígenas.  La falta de recursos económicos que generalmente afrontan los lleva a ubicarse en barrios marginales de la periferia de la ciudad o en barrios deteriorados del centro donde la vivienda y los servicios públicos son más baratos. En esos barrios encuentran menos rechazo como desplazados ya que la mayor parte de los habitantes son migrantes recientes con los que comparten situaciones similares. Parece que también, como lo demuestran las encuestas y entrevistas realizadas, en dichos ambientes encuentran menos discriminación social por ser indígenas y más solidaridad entre los pobres. Una investigación realizada hace diez años sobre los indígenas Ingas -quienes no fueron desplazados por el conflicto armado ni por cultivos ilícitos sino que llevan muchos años en viviendo en Bogotá- afirma que estos indígenas se ubicaron en cercanías del barrio El Cartucho porque en ese mundo de drogas, delincuencia y marginalidad, se sentían menos rechazados[2].

Se ha percibido entre algunos indígenas desplazados, que los lazos étnicos en vez de facilitar el encuentro lo dificultan  ya que dichos indígenas expresaban menos prevención contra campesinos o indígenas desplazados de otras regiones, que contra personas de su propia etnia que pudieran dar información sobre ellos aquí en la capital, o en sus comunidades de origen a sus autoridades, a los grupos armados o a la fuerza pública.

En el Centro de Atención al Migrante[3], donde reciben familias desplazadas que no tienen quién las apoye, plantean  que casi todos los desplazados que han atendido tienen algún familiar o conocido a quien logran encontrar durante los tres días en los que el Centro les brinda alojamiento, alimentación y orientación. En esos barrios, a pesar de la pobreza, encuentran apoyo familiar y de paisanos, aunque también se presentan problemas de competencia por los recursos oficiales destinados a atender los desplazados.

La desconfianza de los desplazados ante el Estado por miedo a ser involucrados en problemas judiciales -especialmente de quienes fueron señalados como apoyo de las guerrillas o tuvieron problemas por cultivos ilícitos- los lleva a negarse a rendir declaración ante las entidades del Estado sobre los hechos que produjeron su desplazamiento. Los datos recolectados permiten calcular que un 50 % de los desplazados no han rendido tal declaración, por los tanto no son registrados oficialmente como desplazados y no tienen derecho ni a la ayuda de emergencia humanitaria.

Por otra parte, tampoco el Estado puede registrar los desplazados antes de recibir y verificar la verdad de su declaración, proceso que puede durar varios meses, aunque tiende a agilizarse por parte de la Red de Solidaridad[4]. Se han encontrado muchos casos de personas que no fueron desplazadas por el conflicto armado, como también de personas que no siendo indígenas tratan de hacerse reconocer como tales para obtener las ayudas que provee la ley 387. El hecho de que sólo hasta el 2002 se haya introducido en el Sistema Único de Registro unas variables para recopilar información sobre la pertenencia étnica de los desplazados, dificultaba también su identificación.

Las organizaciones indígenas también han mantenido cierta actitud de prevención y desconfianza ante los desplazados, sin que hasta ahora ninguna de las organizaciones indígenas nacionales[5] haya asumido esta causa social, a pesar de que los desplazados lo han solicitado. Algunos dirigentes han expresado temor de que la atención a los desplazados les genere avalanchas de desplazados o a que el Estado descargue en las organizaciones indígenas sus responsabilidades con los desplazados. Otro argumento es que el compromiso del movimiento indígena es con quienes están resistiendo en sus territorios. De todas maneras, se nota cierta prevención de parte de las organizaciones hacia los desplazados.

En síntesis, entre los factores que dificultan la organización de los desplazados como movimiento social se destacan los siguientes: la desconfianza entre los desplazados mismos al haber sido víctimas los unos de la guerrilla, otros de los paramilitares, otros de la fuerza pública y otros más por problemas con el narcotráfico; la necesidad de ocultarse del Estado y de los actores armados para proteger su vida o su libertad; la desconfianza del Estado para certificar a los desplazados por el conflicto armado; la desconfianza de las organizaciones indígenas; la dificultades para identificarlos y convocarlos;  y las limitantes logísticas para reunirlos.

A diferencia de otros sectores sociales, los indígenas tienen un sentido fuerte de comunidad, de pertenencia a sus territorios y una trayectoria procesos organizativos muy destacados en las últimas tres décadas, lo cual contribuye a que los desplazados respondan positivamente a una convocatoria para organizarse con los demás indígenas que afrontan la misma situación.[6] 

Desde finales del 2002 se logró constituir una Mesa de Indígenas Desplazados con 40 familias, unificados en torno a la solidaridad étnica y al rechazo a todos los actores del conflicto armado; se gestionó un Proyecto cultural y económico con un monto de financiación apreciable, se avanzaron procesos de capacitación y se organizó una cooperativa artesanal muy bien dotada. Pero al cabo de dos años, la Mesa se debilitó y la cooperativa enfrenta actualmente grandes dificultades económicas. Para mediados del 2005 persisten 21 socios en una cooperativa que conformaron. Pero esa cooperativa no se ha dedicado a la producción de artesanías sino a comercializar las que llegan de las regiones indígenas. Al hacer un balance encontraron que las artesanías producidas por ellos salían más caras que las del mercado, porque les resultaba muy costoso traer la materia prima desde sus regiones.  De los veintiún socios que conformaron la cooperativa, solo permanecen activos quienes conforman la junta directiva. Los  demás solo se reúnen cuando los citan a asambleas.

Por otra parte, el proceso de los indígenas Kankuamos desplazados en la capital -proceso que se separó de la Mesa y de la Cooperativa-  ha venido fortaleciéndose organizativa y culturalmente, siendo dirigido en lo político por la autoridad tradicional de su territorio, el cabildo gobernador, quien ha viajado con frecuencia a reunirse con ellos. Los Kankuamos desplazados han desarrollado un proceso de reafirmación étnica orientada por Mamos o autoridades espirituales de la Sierra Nevada. Y para su sobrevivencia, una tercera parte de ellos se ha dedicado a la comercialización de mochilas de su tradición cultural, elaboradas por ellos mismos o compradas en la Sierra. 

Las observaciones realizadas nos llevan a diferenciar tres tipos de indígenas desplazados: los que permanecen aislados, sin relación con las organizaciones indígenas de la capital o de sus territorios; los indígenas que no están en relación con las organizaciones de sus territorios pero buscaron organizarse en la Mesa de Indígenas Desplazados en la capital; y los que, como los Kankuamos mantienen ligados a sus autoridades tradicionales. La vinculación con las comunidades de origen, sus autoridades y organizaciones indígenas son factores claves de reforzamiento de la identidad cultural para contrarrestar los procesos de pérdida de la etnicidad en situación de desplazamiento urbano. El camino para la organización de los indígenas desplazados debería ser abordado por las organizaciones y autoridades de sus pueblos, en coordinación con la organización nacional del movimiento indígena. Pero, con excepción del caso Kankuamo, los indígenas desplazados parecen no tener dolientes en las organizaciones regionales ni tampoco en la organización indígena nacional.

A nivel del conjunto de población desplazada en el país (calculada por Codhes en casi dos millones entre el 99 y el 2005), mientras permanezcan desperdigados, mientras no se organicen, no tendrán la fuerza social suficiente para exigir sus derechos como víctimas del conflicto armado en Colombia, ni el castigo a sus victimarios. Lo que se ha visto en términos organizativos es una proliferación de pequeñas organizaciones disputándose los escasos recursos asignados por el Estado, gestionando ayudas de fuentes nacionales e internacionales y adelantando acciones jurídicas en defensa de sus derechos, incluyendo algunas acciones de hecho, como las tomas de iglesias y entidades o las protestas públicas. Cuentan también con apoyo de la opinión pública, iglesias, ONGs y organismos internacionales, a pesar de hechos como la toma de la Cruz Roja Internacional Han logrado participar en espacios como las Mesas de Concertación del Distrito para el Plan de Atención. Y han tenido logros, como la tutela que llevó a la sentencia T 025 de la Corte Constitucional, la cual declaró el incumplimiento del Estado como inconstitucional, conminando al gobierno del presidente Uribe a asignar recursos específicos y definir un plan de acción urgente.

Pero, a pesar de tanta población desplazada, no existe un movimiento nacional de desplazados, con la fuerza suficiente para exigir y hacer cumplir sus derechos, para ser actores con capacidad de incidir en la solución del conflicto. En el trámite de la ley de Justicia y Paz, por ejemplo, ni siquiera fueron consultados, en tanto que sus victimarios salieron muy favorecidos.  Claro que esto tampoco pudieron evitarlo un sector de congresistas, ni las críticas de los organismos de control, ni siquiera la presión internacional, a la que se sumó la de un grupo de congresistas de los Estados Unidos. 

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