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¿Por qué matar a las mujeres indígenas? Hasta ahora, la estrategia de control (aniquilación?) de los pueblos indígenas se venía centrando en la eliminación de los líderes de sus organizaciones, de sus autoridades tradicionales y guías espirituales o chamanes, es decir, de sus actores sociales más visibles o comprometidos en las tareas de organización para la resistencia de sus pueblos. No obstante, con la profundización del terror como parte de las tácticas de contrainsurgencia (y hasta de insurgencia) la violencia se generalizó y abarcó otros sectores de población, entre ellos, las mujeres, los ancianos y los niños. Y como la estrategia indígena ha sido la de resistir, pues cada vez se hacen más sofisticadas las estrategias de “persuasión” y control psicológico de sus poblaciones.

En el caso de las mujeres no es nueva la estrategia de tomarlas como botines de guerra, pues su degradación desmoraliza y debilita al contrario; sin embargo creo que las mujeres indígenas no solamente son víctimas del conflicto. Más que botines de guerra, las acciones de los grupos armados contra ellas parecen una forma de castigo por atreverse a ejercer su ciudadanía, por asumir un rol activo en la defensa de sus comunidades, por aumentar su participación social, transformar sus roles tradicionales y saltar a la esfera de lo social comunitario. Y es que ellas vienen apareciendo no sólo como mediadoras o voceras ante los actores armados, para reivindicar su autonomía territorial y de gobierno, sino también como retadoras de sus políticas de dominio, como actoras sociales que reclaman el ejercicio de derechos, que exigen el respeto a sus formas de vivir y la devolución de sus hijos reclutados en sus filas o de sus líderes retenidos. Así parecen evidenciarlo las cifras analizadas por etnia, pues las más castigadas ¾por decir lo menos¾ son las mujeres wiwa, destacadas en el liderazgo de los proyectos sociales y de vida de sus comunidades; seguidas de las paeces, actoras fundamentales de sus procesos comunitarios y del desarrollo del proyecto de vida de los nasa; luego las chamíes, quienes además de proclamar sus derechos de reconocimiento y participación como mujeres indígenas han prohibido públicamente a sus compañeras y jóvenes relacionarse con cualquier actor armado, so pena de excluirlas de sus derechos étnicos. La guerra las ha presionado a asumir nuevos roles, dentro y fuera de sus comunidades, y viene siendo un factor importante de cambio cultural y de las relaciones de género en las comunidades.

Obviamente ha cambiado la representación y significación del ser mujer, y este cambio se relaciona también con la dinámica de los movimientos reivindicativos de los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Esto ha ido a otro ritmo y con otras dimensiones en el ámbito indígena, pero también allí se ha dado un cambio importante. En general hay una percepción de las mujeres como sujetos más activos en las dinámicas sociales, que de alguna manera las coloca en el terreno del combate, en pie de “igualdad” con los hombres para sufrir los estragos de la guerra. “Han pasado 500 años y más, de atropellos, usurpaciones y humillaciones, pero hemos batallado y resistido; de esta forma sobrevivimos y lo seguiremos haciendo”, afirmó contundentemente la indígena caucana del pueblo Naza, Alicia Chocué. Como mujeres, han estado en medio de la guerra, y en muchas ocasiones han entrado a dialogar con los grupos armados que violentan sus territorios. Son las voces que ayudan y alientan a sus líderes; son la fuerza de sus comunidades para seguir adelante. De esta manera se destaca el papel esencial de la mujer indígena como formadora y constructora de la paz. Por último, las líderes indígenas han afirmado que estarán al lado de sus pueblos “al momento de luchar contra la barbarie y continuarán resistiendo a la destrucción y a la muerte que traen todos aquellos que quieren someternos y vincularnos a sus proyectos de guerra”.[1]

Aquí vale un testimonio personal. Hace unos dos años estuve haciendo un trabajo con el Resguardo de Jambaló, Cauca. Allí estaba un frente de las FARC que nos amenazó y ordenó salir del territorio o de lo contrario “no respondemos por sus vidas”. Y en un abrir y cerrar de ojos las mujeres de la comunidad, guardias cívicas, nos rodearon y protegieron con sus brazos diciendo: “no los vamos a dejar llevar, primero nos tienen que coger a nosotras”. Luego, cuando el gobernador de cabildo fue exigir respeto a su gobierno y a nuestra seguridad, las mujeres fueron las primeras en poner el pecho, en recriminar este accionar de los armados y exigir su derecho a vivir de acuerdo con sus propias prioridades de vida. Fueron ellas quienes explicaron a los jóvenes guerrilleros por qué no debían actuar así, y exigieron que no se llevaran a sus hijos como carne de cañón de esta guerra, que no presionaran ni asesinaran a sus líderes. Es decir, muchas de ellas vienen siendo beligerantes en la oposición a sus estrategias de guerra y por lo tanto son un estorbo en el camino, que en una lógica perversa a lo mejor se deba eliminar.

Si bien el papel de las mujeres indígenas como mediadoras de conflictos intra e interétnicos y en el marco del conflicto armado, en la mayoría de los casos todavía no guarda relación con su reconocimiento social, hay que resaltar esta dinámica como un aprendizaje formativo que recoge tradiciones importantes de unos pueblos para enriquecer a otros y lógicamente modificar los roles de las mujeres, a partir de las expectativas de sus culturas. Esta práctica probablemente tiene su origen en la tradición matrilineal de la cultura Wayuú, donde el papel asignado a la mujer como mediadora de los conflictos interclaniles o interétnicos se corresponde con el liderazgo que tienen las mujeres en esta cultura: las mujeres siempre han llevado la vocería en los conflictos interclaniles, porque existen unas normas de conducta y de moral que señalan que en las confrontaciones interclaniles ¾muchas veces violentas¾ únicamente entran los hombres. Entonces el papel de las mujeres es tratar de evitar la confrontación llevando la vocería ante las otras familias, clanes o ante el Estado. De esta modo se protegen los hombres del riesgo de ser partícipes en una forma directa que puede ser la guerra, pero también se protege la cultura con un tratamiento preventivo del conflicto vía palabra, confrontación de argumentos, búsqueda de soluciones pacíficas y acuerdos. En esta cultura hay unos códigos de guerra compartidos y respetados, y una de sus reglas es que las mujeres y los niños no se tocan en las confrontaciones. En ese sentido, otros pueblos y organizaciones también han encontrado en las mujeres una vía de comunicación y negociación con los actores armados para el respeto a sus culturales, con experiencias relevantes como la de la Organización Indígena de Antioquia, con Eulalia Yagarí. Pero esta práctica no deja de representar un riesgo para las mujeres indígenas en el contexto nacional, pues si algo tenemos claro es que esta guerra no se rige por ningún código de honor. Razón de más para que puedan ser consideradas actoras, eso sí civiles, del conflicto y objetivos militares del mismo.

Esto se relaciona con otro aspecto que creo conveniente señalar y que también hace parte de esta complejidad. En el siglo XX se pasó de una representación doméstica de la mujer a la representación de una mujer guerrera, y con las mujeres indígenas creo que está pasando algo similar. En el desarrollo del conflicto armado, siendo los territorios indígenas uno de sus principales escenarios de la disputa territorial por ser inaccesibles, por estar en corredores aptos para el tráfico de armas, tropas, drogas y recursos, ha sido también notoria la pretensión de los distintos actores de involucrar sus poblaciones al servicio en la guerra; bien sea como combatientes (soldados regulares, soldados campesinos, guerrilleros, autodefensas), bien como informantes, guías,[2] transportadores, o agentes pues “las operaciones secretas son esenciales en la guerra; de ellas depende el ejército para realizar cada uno de sus movimientos”.[3] Entonces no es casual que la estrategia de guerra del actual gobierno de Uribe y de los grupos irregulares tenga como uno de sus pilares fundamentales el uso de la población civil en su calidad de informantes, dando cuerpo a aquello que las viejas teorías de la guerra conocieron como la “divina red”, compuesta por cinco clases de agentes secretos: los agentes indígenas, los interiores, los agentes flotantes, los agentes liquidables, los agentes dobles. Como la información previa “no puede obtenerse de los espíritus, ni de las divinidades, ni de las analogías, ni de los cálculos”, es necesario obtenerlos de hombres y mujeres que conozcan bien al enemigo y al terreno; pues cuando estos cinco tipos de agentes actúan simultáneamente constituyen el tesoro más preciado de los generales. De ahí que tampoco sea casual que los distintos actores armados, incluidos los estatales, violando las normas del DIH de proteger la población civil, incorporen estas figuras en sus tácticas de control de la población indígena y no indígena, pues “un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos ni oídos”. Pero además de ser los ojos y oídos de los ejércitos regulares e irregulares las mujeres y los hombres indígenas voluntaria o involuntariamente no sólo han sido sus proveedores, su carne de cañón, sino también por qué no decirlo, sus combatientes y hasta planeadores o comandantes.  

El Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU (2004), se refiere a esto de la siguiente manera: “La presión de los actores del conflicto por vincular a las mujeres a sus filas ha venido aumentando; es difícil identificar la diferencia entre reclutamiento voluntario y forzado. Muchas veces las mujeres jóvenes y los menores de edad deciden unirse a las filas de los grupos armados, debido a las graves condiciones de pobreza en que viven y a los altos índices de violencia en el interior de sus hogares. Además, desafortunadamente no pocas mujeres han entrado en contactos afectivos o de amistad con miembros actores armados que, mediante el convencimiento o el engaño, las llevan a involucrarse con ellos o a ingresar a sus filas, lo cual también las convierte en objetivo de sus adversarios. Si tenemos en cuenta, además, el aumento de los embarazos en las jóvenes de las zonas en conflicto, muchos atribuidos a miembros de la fuerza pública, se puede concluir que además del desmadre de las tropas hay que buscar los impactos del conflicto en los entramados de la cotidianidad de las comunidades, más allá de las tipologías establecidas por las normas de DDHH y DIH. Estamos hablando de niñas embarazadas por paramilitares, miembros del ejército y guerrilleros, no siempre en contra de su voluntad o producto de violaciones, lo cual evidencia que el problema de los actores armados no es simplemente el problema de la violencia que ejercen: han logrado insertarse por el útero de las mujeres de algunas comunidades, construir nuevas relaciones y generar dinámicas sociales que las corroen por dentro.

Pero volviendo al punto, de alguna manera se ha venido consolidando la idea de una mujer también guerrera, no indefensa y potencialmente ofensiva. Se ha ido transformando ese imaginario de la mujer indígena como dadora de vida, apolítica, doméstica, en fin, idea que medianamente la protegía de las agresiones o atrocidades de aquellos que más que machos se sentían caballeros. La mujer ha dejado de ser sólo un botín de guerra que se toma, usa y desecha para zaherir o desmoralizar al enemigo. Un poco la hipótesis un tanto aventurada es que de la representación como ser  indefenso, inofensivo, víctima, la mujer indígena ha pasado a tener una doble condición que también la ubica como guerrera. Y es muy factible que a medida que aumente su protagonismo, aumenten también las cifras que la muestren como víctima del conflicto, pues aniquilando las mujeres se aniquila la misma posibilidad de vida de las comunidades; toda vez que la mujeres son quienes garantizan hoy en día la reproducción física, social, cultural y hasta material de las etnias. Tradicionalmente, ellas han tenido promedios de vida muy bajos: actualmente el DNP lo sitúa en 57 años, frente al promedio nacional de 73 años. De continuar esta perspectiva en materia de violación de sus derechos humanos y a la vida, los impactos para la pervivencia de sus culturas serán sencillamente devastadores.

¿Quiénes son los principales detractores de la mujeres indígenas? Vistas las violaciones de derechos humanos y DIH que afectaron a individuos (no a grupos o colectivos de personas) durante el primer semestre de 2003, encontramos que los principales presuntos responsables de las violaciones de derechos de las mujeres indígenas (y también de los hombres) fueron las Autodefensa Unidas de Colombia (7 y 92 respectivamente), seguidas de autores desconocidos en un porcentaje importante de los casos (5 y 26), de las Fuerzas Militares (24) y de policía (1), de las FARC (2 y 14) y otros.

Curiosa y concomitantemente con el incremento desmesurado de violaciones de DDHH contra mujeres indígenas, en ese mismo periodo del año 2004, si bien las AUC se mantienen en el liderazgo de presuntos responsables (7 mujeres y 31 hombres), hay un repunte preocupante de las violaciones contra mujeres atribuidas a las fuerzas militares que, de un caso denunciado en el periodo anterior pasaron a 10, con un incremento de 1.000%, mientras se redujo el número de víctimas hombres atribuidas a ellos (15).   

(*) Investigadora Fundación Hemera

Codirectora Actualidad Étnica

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