El tema de las tomas de tierra se ha puesto de nuevo en la agenda nacional, como consecuencia de la reciente acción que en desarrollo de su proclama por “Libertad para la Madre Tierra", hicieron los indÃgenas del Resguardo de Huellas en Caloto – Cauca- al reocupar su antiguo territorio, mal llamado ahora Hacienda La Emperatriz; un nombre por demás medieval que irónicamente nos recuerda la colonización de nuestras tierras y culturas.
Hace rato que los indÃgenas y los colombianos no escuchábamos hablar de aquellas epopeyas que partieron en dos esa historia de los desterrados y dieron lugar no sólo a la legalización de nuestros resguardos, sino también a la consagración de unos derechos especiales como grupos étnicos y pueblos indÃgenas, muy bien plasmados en la Constitución del 91, que dizque buscó ser “un pacto de paz entre los colombianos†y pagar las deudas históricas con los marginados y discriminados por razones de clase, etnia o religión.
Lamentablemente ese objetivo de acuerdo de paz entre los colombianos no se cumplió y hemos asistido al desangre de la nación, al despojo de campesinos, afrocolombianos e indÃgenas, en una vorágine de muerte que ha dejado profundas heridas en el alma de un gran porcentaje de los colombianos; que ha concentrado de una manera grosera en los más ricos la riqueza y ha hecho cada vez más pobres a los pobres.
Esta cruzada de muerte y expropiación no ha afectado solamente a las personas y su economÃa, sino también a la madre tierra que vemos cada dÃa más saqueada y feriada a los intereses de las grandes transnacionales de la industria y del comercio. Por eso es común hoy ver grandes cementerios de naturaleza, que esgrimen como testigos del la barbarie pedazos de troncos secos, despellejados y muertos, regados por grandes extensiones cuya vocación es cambiada de la noche a la mañana por cultivos intensivos de palma africana, ganaderÃa, pozos petroleros y demás artificios de la sociedad occidental. Son éstas, estatuas que desgraciadamente representan la muerte humana que yace bajo los suelos de Colombia, donde también duermen un trágico sueño sus mejores hijos.
En la maquinaria de esta misma lógica de depredación y exterminio hemos estado inmersos los pueblos indÃgenas de Colombia, sobre todo durante los últimos años de agudización del conflicto y de la “lucha por la tierraâ€, no de los pobres y los desterrados sino de los ambiciosos del sector industrial, del narcotráfico, de los ahistóricos terratenientes y hacendados, que resurgieron del pasado con más voracidad que antes, para abrir sus fauces y devorar todo lo que encuentran a su paso como los monstruos de los cuentos infantiles.
Todos en este paÃs hemos sido tele espectadores de este atentado contra la maravillosa diversidad humana, contra la rica pluralidad de saberes y conocimientos, que parece recordarnos la máxima de Hobbes: “el hombre es lobo para el hombreâ€. Asà lo evidencian la serie de hechos que han venido sucediendo en el paÃs contra los pueblos indÃgenas sin que nadie haga nada de fondo por erradicar la situación, pero muy especialmente la serie de abusos que desde el año pasado se vienen cometiendo contra los resguardos indÃgenas del Cauca en ToribÃo, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Jambaló, Tierra Adentro y otros.
Abusos y excesos que no sólo han sido atribuidos a los grupos armados ilegales, autodefensas de narco terratenientes o guerrillas en disputa por el control de estos territorios de gran importancia económica y geopolÃtica, sino también a las fuerzas del Estado, que desobedecen su mandato de protegerlos y asegurar su bienestar amparados en una falsa idea de gobernabilidad.
Casi mil indÃgenas han reocupado su territorio, luego de ver como sus territorios y poblados eran convertidos en escenarios de guerra y sus habitantes reducidos al papel de chivos expiatorios de una pugna de intereses perversos, donde el Estado ha sido un actor determinante, muchas veces más por omisión que por acción.
Estas personas, “armadas†con palitos de madera ó bastones de mando, cuya única capacidad coercitiva está en el simbolismo de una autoridad reconocida que moviliza la palabra, fueron agredidas por los fusiles de la Fuerza Pública que entró “disparando, a golpes y con gases lacrimógenos contra comuneros y comuneras que ocupan pacÃficamente la finca “La Emperatrizâ€, recuperada por las comunidades como consecuencia de los incumplimientos recurrentes de compromisos anteriores asumidos por el Estado con los pueblos indÃgenas del Caucaâ€[1], a raÃz de la vergonzosa masacre del Nilo.
Dichos compromisos fueron asumidos por el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, quien además reconoció la responsabilidad del Estado y se comprometió con la Corte Interamericana de Derechos Humanas a desarrollar las acciones reparación pertinentes y restablecer los derechos indÃgenas al territorio y la vida.
Cansados de la eterna espera, y un poco del habla que ha sido su escudo, los indÃgenas retomaron nuevamente la senda de la acción directa para recordarle al Estado que la gobernabilidad se funda en la acción y el compromiso, y en la legitimidad que estos conceptos dan con las comunidades. Legitimidad que lamentablemente el Estado colombiano perdió hace rato cuando desatendió las necesidades de su gente y cedió su autoridad a los actores armados ilegales. Por fortuna estas comunidades no quedaron del todo huérfanas porque permaneció su espÃritu de viejos guerreros, que les permitió desarrollar su autonomÃa y empoderar su capacidad para sustituir a ese Estado ausente, que hoy con la correa en la mano reclama la paternidad que perdió.
El tema entonces es de gobernabilidad y legitimidad. Ambas categorÃas, no sólo polÃticas sino también éticas, no se recuperan ejerciendo la violencia sino la maternidad amorosa de quien reconoce a sus hijos como propios y legÃtimos, les apoya en su misión de vida y les da la autonomÃa que requieren para crecer y desarrollarse.
Mis hermanos indÃgenas sólo han querido una cosa: reunir a sus autoridades tradicionales y las comunidades comprometidas en la recuperación de la finca “La Emperatrizâ€, con las autoridades del Gobierno para presentar y discutir una propuesta que permita una salida justa y negociada a la situación tensa y de recurrentes agresiones que se viven en esa finca, recuperada el 2 de Septiembre. En dicha propuesta se comprometÃan a estar en un área restringida y previamente acordada, para preparar la agenda de negociación con el Gobierno; a esperar una comisión del Gobierno conformada por los ministros de Agricultura, del Interior y el Director del INCODER, acompañada por personalidades serias, de legitimada experiencia y transparencia; y también asumÃan el compromiso de atender la solicitud de la fuerza pública en el sentido de pedir la salida de los periodistas y medios comerciales de comunicación, para mantener un bajo perfil del proceso de negociación.
A esta petición se respondió con una demostración de fuerza digna del enfrentamiento con un actor armado: a las 17:00 horas del 5 de Septiembre, unos comuneros fueron retenidos y otros heridos.. El Viceministro del Interior se negó a viajar de Popayán al resguardo de “Huellas†Caloto para recibir la propuesta de las comunidades, muy influenciado por el Gobernador Juan José Chaux, quien ha incurrido reiteradamente en actitudes xenófobas contra los indÃgenas y ha tratado de obstaculizar sus procesos de vida.
Señor Presidente, señores congresistas: Lo único que exigen mis hermanos, y digo exigen porque aprendimos que no somos mendigos, es lo siguiente: 1. El cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las comunidades indÃgenas, campesinos y afro descendientes del Cauca por parte de los gobiernos Nacional y Departamental. 2. La solución polÃtica, pacÃfica y negociada de los conflictos por la vÃa del diálogo con las comunidades que luchan por la recuperación de sus derechos. 3. El retiro inmediato de la fuerza pública de las zonas en conflicto, la presencia de funcionarios de carácter nacional con capacidad de negociación y el cumplimiento de las exigencias de las comunidades. 4. La presencia y participación permanente de garantes reconocidos por las comunidades.
Puntos todos que, con el gesto generoso que nos debe caracterizar, se pueden dialogar.
Como Senador de la República, electo para representar a los pueblos indÃgenas en el escenario de la democracia, no puedo menos que exigir que los actos de buena de voluntad de mis hermanos sean correspondidos por el Estado con actos similares de buena voluntad. En este sentido, saludo y agradezco todas las expresiones de apoyo y solidaridad con el pueblo Páez expresadas por los movimientos sociales de Colombia y del mundo.
En nombre de los pueblos indÃgenas, me uno a todas las voces de solidaridad con las vÃctimas de este modelo arrollador de esperanzas de vida y de la “Seguridad Democráticaâ€, para exigir del Gobierno Nacional y Departamental, del Congreso, la búsqueda de una solución concertada con las peticiones de las comunidades que deponga los interese particulares, los odios y la arrogancia del xenófobo mandatario regional.
A todos los colombianos, también mis hermanos, sà les pido expresar su solidaridad con nuestra causa.
