A pesar de la fuerte oposición realizada por grupos sociales, ambientalistas y ecologistas, ex ministros del medio ambiente, el Procurador General de la Nación, el Contralor General y las comunidades campesinas, negras e indÃgenas, la Ley Forestal fue aprobada ayer en la Cámara de Representantes. Con 81 votos a favor y 11 en contra, pero sin votar artÃculo por artÃculo como señala la reglamentación, la Ley pasará a sanción presidencial en próximos dÃas. La alternativa ahora es demandar la Ley ante la Corte Constitucional.
Los representantes opositores manifestaron que la Ley se aprobó violando el reglamento interno. Según el representante Pedro Arenas, “se aprobó sin dejar hablar a los congresistas, no se votó articulo por articulo, haciendo que se votaran 25 artÃculos relevantes en bloqueâ€.
Arenas puntualizó también que durante las 8 votaciones anteriores no hubo quórum necesario para realizar la votación, y que cuando esto pasa, el proyecto se hunde, sin embargo en el caso de la Ley Forestal, “se revivió cada semana aunque pasara el tiempo reglamentario que señala el artÃculo 5, además tenÃa problemas de unidad de materia en cuanto se revolvieron temas tributarios con forestalesâ€.
Una vez el presidente haya sancionado la Ley, la alternativa para frenar los severos efectos de esta es demandarla ante la Corte Constitucional. Sin embargo, los opositores a la ley son pesimistas en frente a este camino jurÃdico. Sostienen que será muy difÃcil tumbarla, en cuanto “no hay condiciones favorables, pues se tienen coactadas las instancias decisorias del paÃsâ€, aseguró Germán Vélez, director del Grupo Semillas.
Aunque para el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, “el proyecto de ley busca generar empleo con el sector forestal colombiano, proteger el bosque natural, mantener la protección a las zonas de reserva forestal, mantener la protección a los nevados y a los parques naturalesâ€, para los ecologistas es claro que la aprobación de la Ley significa poner la biodiversidad en venta al mercado internacional como recurso monetario.
Como un “desastre†calificó el senador indÃgena Gerardo Jumà la aprobación de la Ley Forestal. “Es irresponsable que el Gobierno impulse ese proyecto y que el Congreso le dé su bendiciónâ€, afirmó JumÃ. Aseguró que esa irresponsabilidad atenta contra las riquezas naturales y con la diversidad que tenemos como patrimonio, pues la Ley “pretende explotar masivamente recursos naturales y no permitirá hacer reforma agraria, en sectores interés forestalâ€.
Uno de los puntos de rechazo a la Ley más relevantes, tiene que ver con el desarrollo de la actividad maderera. Según el senador Jorge Enrique Robledo “el proyecto no aspira a otra cosa que a entregar la administración de las reservas forestales y de los bosques naturales a las multinacionales madereras, introduciendo elementos hoy por fuera de la legislación en la materia, como la concesión y la asociación para el manejo de las áreas boscosas, las que pone al alcance de los intereses financieros de las compañÃas multinacionalesâ€.
Otro de los fuertes opositores a la aprobación del proyecto de ley ha sido el Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, quien señaló esta semana las graves consecuencias que traerÃa la aprobación de la Ley para los ecosistemas y en especial para la convivencia de los habitantes del corredor pacÃfico colombiano, “dado que esta disposición deroga todas las normas que le sean contrarias incluidas entre otros, los artÃculos 2 al 18 de la Ley 2 de 1959 que reglamentan las zonas de reserva forestal en Colombiaâ€.
En la carta reciente dirigida a Julio Gallardo Archibold, presidente de la Cámara de Representantes, el Procurador mostró su preocupación frente al masivo desarrollo de cultivos agroindustriales en el corredor pacÃfico, en donde se han deforestado aproximadamente seis mil hectáreas de bosque, y que ha afectado directamente a las comunidades afro colombianas y étnicas que habitan viven en esa región. Aunque el Procurador habÃa manifestado su asistencia al debate en la Cámara de Representantes ayer para enfatizar sobre las consecuencias negativas del Proyecto, no se hizo presente.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez ha afirmado en varias ocasiones que con el proyecto “no se está afectando la estructura jurÃdica de parques nacionales naturales, y no permite ningún tipo de aprovechamiento forestal en ellosâ€, sin embargo, la preocupación va mucho más allá de los parque naturales, pues no solo estos, que ocupan cerca de 9 millones de hectáreas de bosques, se verán afectados (de los 55 millones que quedan de bosques en el paÃs), sino también las comunidades negras e indÃgenas que están en más de 30 millones de hectáreas, según datos de Germán Vélez, director del Grupo Semillas.
Vélez también aseguró que la Ley está diseñada para privatizar los bosques de las comunidades indÃgenas y negras, y que permitirÃa hacer explotación de las maderas en áreas protegidas. “La Ley Forestal tiene una visión utilitaria del bosque. Hay un desconocimiento de otros servicios ambientales del bosque que no son monetarios. La intención de la Ley, es poner al servicio de las trasnacionales madereras nuestros recursos naturalesâ€, afirmó Vélez.
Desde que se empezó a debatir el Proyecto de Ley en el Congreso de la República, hace tres meses, las razones de porqué habÃa que archivar los artÃculos que atentan contra el bosque natural no dieron espera. En carta dirigida al presidente del Congreso y a los ponentes del proyecto de Ley, ex ministros y viceministros del medio ambiente dejaron en evidencia graves fallas y vacÃos de naturaleza sustantiva y de procedimiento de la propuesta. Según el documento, “el Proyecto presenta graves fallas y vacÃos conceptuales y jurÃdicos en relación con el manejo integrado de los bosques, y se desvirtúan principios fundamentales que soportan la legislación e institucionalidad ambiental vigente, que se ha venido construyendo paulatinamente a partir de 1974, la cual recoge las obligaciones adquiridas por Colombia en el ámbito internacionalâ€.
Asà mismo sostiene que la opinión de quienes, en forma colectiva, son titulares de la mayor extensión de los bosques naturales merece respeto y por eso “no es en absoluto razonable que se siga adelante con la aprobación de un Proyecto de Ley que las comunidades indÃgenas y negras consideran como atentatorio de sus derechos culturales y territoriales, y contrario al buen uso y conservación del medio ambienteâ€.
Algunos argumentos para rechazar la Ley
Son varios los temas que han generado polémica dentro del proyecto. Según los ecologistas y expertos en el tema, consultados por Actualidad Étnica, algunos de los argumentos con los que se ha mostrado rechazo a la ley forestal son:
La no realización de la consulta previa con las comunidades afectadas previstas en la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993. El proceso de consulta nunca se hizo. El 25 y 26 de agosto de 2005 se realizaron dos foros informativos sobre el Proyecto de Ley Forestal con comunidades indÃgenas, afrocolombianas y campesinas. Desde esas primeras instancias estas comunidades expresaron enfáticamente su desacuerdo con el Proyecto, y dejaron clara su posición mediante documentos que fueron radicados en la mesa de coordinación del evento, solicitando entre otros aspectos retirar y archivar el proyecto de ley.
Hace un énfasis hacia la extracción de uno de los componentes del bosque: la madera. Es una visión utilitaria del bosque, como su explotación.
Hace un cambio en la polÃtica nacional ambiental, porque transfiere al Ministerio de Agricultura gran parte de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, con relación a la conservación y manejo de bosques del paÃs.
La Ley Forestal en Bolivia, similar a la nuestra, pronostica consecuencias que sufrirÃa Colombia. El resultado en este paÃs es dramático. Se han hecho concesiones de más de 300 mil hectáreas.
Intereses económicos. Durante la sesión de votación de la Ley de la semana pasada, el representante liberal Juan de Dios Alfonso denunció los rumores sobre la compensación de dinero a quienes votaran positivamente al proyecto.
Los viajes de los senadores y representantes para conocer las experiencias de leyes forestales en Chile y Bolivia, fueron financiadas por empresa norteamericana Chemonics, que administra recursos del Plan Colombia y programas forestales bolivianos.
Las empresas que van a solicitar para entrar al paÃs son las mismas que destruyeron el bosque del Sudeste Asiático.
