La mirada crÃtica de la comunidad internacional le ha resultado muy incómoda al gobierno del presidente Uribe desde que se inició su mandato. Han sido muchas las visitas de comisiones europeas y de relatores especiales de las Naciones Unidas que han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano, e incluso crÃticas muy fuertes desde el congreso de los Estados Unidos.
Al iniciar la negociación con los paramilitares en Sata Fe de Ralito, el gobierno contó con la oportuna colaboración del expresidente Gaviria quien en su calidad de Secretario general de la OEA envió un comisionado, Caramagna, que le tocó comerse las violaciones al cese de hostilidades y no pudo garantizar nada, pero avaló el proceso, sustituyendo formalmente lo que ha debido ser una verdadera veedurÃa internacional.
Ahora, en uno de los capÃtulos más vergonzosos ante el mundo, cuando se aprueba la ley de Justicia y Paz premiando a los autores de delitos atroces, el gobierno envÃa un nuevo gesto agresivo a la comunidad internacional al pretender censurar el lenguaje diplomático, de por sà tan refinado y cuidadoso en sus términos. Con ese memorando, en el que se le pide a los organismos internacionales, embajadas y entidades de cooperación que no utilicen términos como conflicto armado, actores del conflicto, comunidades o territorios de paz, etc. se pretende esconder la realidad bajo argumentos de semántica. Ojalá el conflicto armado no existiera en la realidad, para no tener que nombrarlo asÃ, y que la fuerza pública fuera totalmente respetuosa de los derechos humanos para no tener que criticarla como a los otros actores armados! Ese no es un memorando técnico ni tuvo como propósito consensuar el lenguaje, como afirmó el Comisionado de paz, sino un agravio para insinuarle a las agencias de cooperación internacional de derechos humanos, que deberÃan empacar maletas como le tocó a James Lemoine hace unos meses.
Me imagino que esta vez también estarán negociando un sustituto, que podrÃa ser por el lado del gobierno estadounidense, como la USAID o cualquiera de esas instancias relacionadas con el Plan Colombia, Plan Patriota y demás fachadas hechas para que el conflicto no cese, no interfieran los derechos humanos, ni se acabe el negocio del narcotráfico que tanto dinero aporta a las finanzas internacionales.
Puede que a corto plazo se logre evitar la incomodidad de la presencia de organismos internacionales de derechos humanos y de la Unión Europea. Pero si algo tiende a globalizarse en el mundo, es la justicia contra las violaciones de los derechos humanos, de manera que tarde o temprano, los actores directos y quienes los apoyaron tendrán que comparecer ante las cortes nacionales o internacionales, como lo están viendo Pinochet y los militares argentinos. La Corte Suprema de Argentina, el pasado 14 de Junio, declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida con las que se cubrió de impunidad durante 20 años los crÃmenes de las dictaduras que martirizaron a ese paÃs entre 1976 y 1983. Lo mismo podrá suceder también en Brasil, Uruguay y Paraguay y, desde luego, en Colombia, aunque en este momento ello no haya afectado para nada a la bancada uribista que, en medio de una zambra vergonzosa, aprobó la mencionada ley, liderados por el ministro Sabas y el Alto Comisionado. La senadora Uribista Gina Parodi, quien salió abucheada por sus compañeros, dijo que esa ley no va a traer la paz para Colombia sino beneficio e impunidad para los autores de los peores crÃmenes y que a lo que sirve es a las negociaciones secretas del comisionado.
Quienes leÃmos con tanto interés a precio las obras de ese psiquiatra Restrepo nos quedamos cada vez más sorprendidos de ver cómo el sentimiento de la ternura y los valores de la dignidad humana se cambiaron por un plato de lentejas. Pero el poder es efÃmero. Después llegará el escarnio de la vergüenza.
Los organismos internacionales deben tener presente que la nación colombiana, especialmente la población vÃctima de la violencia –que en su gran mayorÃa son los sectores sociales más pobres y desprotegidos del Estado- necesitan y agradecen su presencia porque saben que no pueden esperar apoyo de su propio Estado Nacional. Que quienes rechazan su presencia no lo hacen por facilitar la paz sino la impunidad. Por ello, las agencias internacionales de cooperación y los organismos de derechos humanos, lejos de pensar en dejar el paÃs, deben afirmar su presencia e intensificar su mirada crÃtica sobre las atrocidades que están sucediendo. Lo que se juega no es la soberanÃa de un paÃs sino la dignidad humana y la justicia.
Me parece discutible la posición del director de ACNUR cuando dice que se retiran si el gobierno manda oficialmente el memorando a través de CancillerÃa ya que el que les llegó no está fechado ni firmado: “para nosotros ese documento es inexistenteâ€. Pues claro que sà existe! El camino no es salir agachado sino exponer sus argumentos, como lo hizo el director de la Cruz Roja Internacional cuando reafirmó que sà hay conflicto armado. No serÃa tampoco difÃcil demostrar que lo que se está profundizando en Colombia no es la democracia sino el paramilitarismo.
