SerÃa incomprensible que la Unión Europea no acogiera la propuesta del presidente Uribe de conformar una comisión para verificar la aplicación de la ley de Justicia y Paz en Colombia. Eso serÃa repetir el error de Santa Fe de Ralito, cuando para evitar contaminarse de tanta podredumbre, permitieron el gol del expresidente César Gaviria sustituyendo la veedurÃa internacional por un despistado delegado de la OEA que no vio ni la cancha. Con ello, le dejaron el camino despejado al Comisionado para negociar por debajo de la mesa, mientras le mentÃa al paÃs diciendo que todo se harÃa de frente a la opinión pública. Si la diplomacia y la prensa internacional hubieran estado presentes, el gobierno hubiera tenido menos margen de tolerancia y compromiso, y menos dudas se habrÃan suscitado respecto al proceso con los paramilitares y con la ley de Justicia y Paz.
A los cuestionamientos de Naciones Unidas y de los organismos internacionales de derechos humanos y de tantas otras voces en el paÃs y en el exterior, se sumaron, en lo corrido del presente mes, el editorial del NewYork Times advirtiendo que la ley de Justicia y Paz representaba la claudicación de Colombia ante la mafia, y las condiciones exigidas por el Senado de los Estados Unidos que ponen en aprietos al gobierno colombiano para recibir el apoyo económico para la desmovilización de los paramilitares.
La propuesta de la Comisión de Verificación no fue gratis sino el precio que el gobierno se ve obligado a ofrecer para que no se le vengan encima las cortes internacionales. Por algo duró más de dos años el trámite de la ley y sólo hasta hoy (22 de julio) la firma el Presidente, dos meses después de haber sido aprobada en el Congreso. El viaje del presidente a Europa y el envÃo de sus mosqueteros al congreso de Estados Unidos indican que aún no se sentÃan en terreno seguro. Y no lo estarán, porque la justicia internacional será cada vez más exigente. Dos dÃas después de la reunión con el presidente RodrÃguez Zapatero, el ministro de relaciones exteriores de España se compromete con las ONG a luchar contra la impunidad en Colombia.
A las dudas jurÃdicas se suman tantos hechos que evidencian el avance del paramilitarismo y su persistencia en el juego sucio: nunca cumplieron el cese de hostilidades; nuevamente reclutaron gente en MedellÃn para inflar la desmovilización de 800 personas de las cuales se sospecha que menos de la mitad estaban en sus filas; empezaron la campaña electoral vendiéndole lotes ilegalizados y en terrenos no aptos a familias desplazadas; continúan apropiándose de todo tipo de negocios subterráneos, como los juegos de azar, el contrabando, los casinos, la prostitución, las loterÃas, las ventas de carros, mototaxis, moteles, compañÃas de vigilancia, el paso de la gasolina venezolana, etc. Y como ante todo esto el gobierno se ha mantenido callado, impasible, ellos se muestran prepotentes y desde ya pronostican su triunfo en las próximas elecciones.
En nuestro paÃs, lo más grave no es la ley sino su aplicación, máxime cuando una ley, como la de Justicia y Paz, está hecha para premiar a los delincuentes, desconociendo los derechos de sus vÃctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Colombia se precia de tener una Constitución PolÃtica y unas leyes, en general, progresistas, que contrastan con la situación estructural de violencia, corrupción e injusticia que caracteriza a nuestro paÃs. Pero es que saltarse la ley ha sido un deporte nacional. Instituciones de control y de justicia como la FiscalÃa, la ProcuradurÃa, la Corte Suprema, en vez de árbitros se han colocado estratégicamente en los arcos, pero no para tapar goles sino para dejar que los hagan. Al fiscal Osorio lo reemplaza ahora Mario Iguarán, el viceministro de Sabas, y la primera tarea que le encomienda el Presidente es sumarse a la comisión para defender la ley de Justicia y Paz en los EE.UU. Podrá el paÃs estar seguro de su anunciada independencia y autonomÃa frente al gobierno?.
A lo máximo que se puede esperar en el término del presente gobierno serÃa a un acuerdo humanitario, que se hará cuando le convenga a la campaña electoral para la reelección. Varios hechos han revivido este tema tantas veces muerto: el nombramiento de Monseñor Castro como presidente de la Conferencia Episcopal, la entrevista del emisario del presidente Chirac con Raúl Reyes de las FARC, las gestiones de Jorge Leyva y, desde luego la insistencia de varios expresidentes y de los familiares de los secuestrados.
Ahora sà que, de verdad, no tiene justificación que la comunidad internacional no se haga presente, como veedora de todos estos procesos en que se está jugando no sólo los derechos humanos de las vÃctimas del conflicto armado sino la paz, la vida y el futuro de una nación que, como va, terminará claudicando no solo ante la mafia.
