El departamento del Putumayo enfrenta una situación de violación sistemática de los derechos humanos que se ha visto agravada por la expansión de los cultivos de coca y la polÃtica de erradicación de cultivos a través de las fumigaciones aéreas. Durante mucho tiempo, los cultivos de coca han sido la única alternativa económica de las comunidades del Putumayo y aunque recientemente se han adelantado programas orientados a la sustitución manual de los cultivos, el incumplimiento reiterado por parte del gobierno ha hecho que las comunidades identifiquen como única opción la resiembra de cultivos ilÃcitos.
En ese contexto las denuncias de las comunidades del departamento han sido reiterativas al señalar que las fumigaciones aéreas han causado de manera paulatina daños en los suelos, las fuentes de agua y los cultivos lÃcitos, causando asà una verdadera situación de inseguridad alimentarÃa que pone en riesgo la vida y la salud de los indÃgenas y campesinos. Aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades reiterando la obligación del Estado de cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades y de adelantar los procesos de consulta previa, lo cierto es que hasta el momento se ha hecho caso omiso de dichos pronunciamientos judiciales.
Además de ello y en el marco del Programa de Ãreas de Desarrollo Alternativo Municipal (Fase II del Plan Colombia) se han venido adelantando labores en torno a la implementación de monocultivos que atentan y afectan la cultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades indÃgenas. El pasado 12 de abril los pueblos Embera y Awa presentaron un derecho de petición solicitando al gobierno dar continuidad a los programas acordados con las comunidades en el marco del Acuerdo Mutuo, sin embargo hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta
De otra parte, el Consorcio Colombia Energy integrado por las empresas Petrotesting Colombia S.A., Southeast Investment Corporation y Holsan Oil S.A, viene adelantando desde hace tres años una explotación petrolera en el municipio de Puerto AsÃs. Según las comunidades esta explotación se hizo sin el consentimiento de las comunidades y hasta el momento no les ha reportado ningún beneficio e incluso señalan que la Dirección de Etnias expidió certificaciones, mediante las cuales negó la existencia de las comunidades indÃgenas de la zona.
La actividad petrolera en el departamento se remonta a los años 50, cuando las empresas estadounidenses Texas Petroleum Company y Gulf Oil Company lograron a través de un contrato de concesión la explotación de petróleo por un perÃodo de 30 años. “El Putumayo llegó a producir el 30% del total nacional de petróleo, generando empleo para aproximadamente unas 10.000 personas, la mayorÃa de ellos colonos de otros lugares del paÃs. "Pero también creó desintegración familiar, social y ambiental y agudizó los problemas de prostitución, pobreza y abandono. Fueron 30 años de regalÃas destinadas a fines particulares de gente foránea, dejando al pueblo sin energÃa, servicios públicos, estancando su desarrollo", según el Obispo del Vicariato de Sibundoyâ€[i].
Actualmente, en el municipio de Puerto AsÃs los proyectos petroleros son el Bloque Alea a cargo de Repsol y ECOPETROL que afecta al pueblo Embera Chamà del resguardo La Italia y al Cabildo Siona de las Minas; el Bloque Ãrea Nororiente B2 que afecta al cabildo Nasa de El Ãguila; el Bloque Ãrea Suroriente que afecta a los cabildos nasa de Alto Lorenzo, La Libertad, Las Delicias y el Palmar. El movimiento indÃgena ha sido sumamente crÃtico respecto a la implementación y ejecución de la polÃtica petrolera en los territorios indÃgenas, pues los mismos han generado graves situaciones que han puesto en jaque el bienestar y la pervivencia de dichas comunidades. Entre los impactos se cuentan la pérdida de identidad cultural y de territorios, desequilibrio cultural, el incremento del conflicto social, el debilitamiento organizativo, la transformación completa de los sistemas productivos, inseguridad alimentarÃa, extinción de especies de fauna y flora y la contaminación de los recursos hÃdricos debido a la explotación petrolera y a la voladura de tramos del oleoducto por cuenta de los actores armados ilegales.
De acuerdo a la información suministrada por lÃderes indÃgenas del departamento, la estrategia que se ha implementado para adelantar las labores de exploración y explotación petrolera ha sido la llegada directa de las empresas a los territorios y comunidades indÃgenas, sin haber mediado la realización de la consulta previa. Lo único que hacen de manera posterior para tratar de solventar este requisito es convocar a las comunidades a reuniones, en donde se presentan los beneficios de los proyectos y con las firma de los documentos presentados se hace validar un supuesto proceso de consulta. Algunos indÃgenas señalan que este tipo de procedimientos han sido avalados por la dirección de etnias y lo único que han provocado son divisiones al interior de las comunidades que han contribuido a la fractura de los procesos organizativos de los pueblos indÃgenas.
Situación de derechos humanos
En materia de derechos humanos, los lÃderes señalan que en los últimos dos años se han registrado 40 asesinatos en el departamento que han estado acompañados de amenazas permanentes en contra de los lÃderes y del continuo señalamiento por parte de los miembros del Batallón Energético y Vial No. 11, en contra de indÃgenas y campesinos señalándolos de ser guerrilleros. El caso más reciente ocurrió hace dos semanas, cuando miembros del Ejército Nacional llegaron a la casa de un indÃgena Awa en el corregimiento de Teteyé, Puerto AsÃs y se lo llevaron con rumbo desconocido. DÃas después fue encontrado en una fosa común y según las declaraciones de los representantes del Ejército Nacional se trataba de un guerrillero que habÃa muerto en combate.
El 25 de mayo el Mayor Erazo, perteneciente al Batallón Energético y Vial No. 11 señalo de terroristas a las comunidades indÃgenas y campesinas, cuando estos retiraron algunos tablones de madera del Puente ubicado sobre el caño Huitoto en la Vereda la Carmelita para efectos de evitar posibles accidentes. Ese mismo dÃa, a través de la emisora Latina Stereo se dio a conocer una información falsa, según la cual el objeto de la manifestación era evitar la celebración de los comicios electorales del 28 de mayo.
De otra parte la constante presión de los actores armados y en particular de un grupo paramilitar integrado por 400 hombres que viene operando en Puerto AsÃs desde hace dos meses, provocó el desplazamiento de una familia y se teme que en próximos dÃas se genere una oleada migratoria por cuenta de las presiones y amenazas de este grupo armado.
Para efectos de exigir respuestas concretas a la grave situación que viven las comunidades del Putumayo, indÃgenas, campesinos y afrocolombianos decidieron hacer desde el pasado 24 de mayo una movilización pacÃfica en la vÃa Puerto Vega – Teteyé, en el municipio de Puerto AsÃs en la cual participaron el Resguardo kiwnas Cxhab, los Cabildos Nasa Fiw, Kiwe Nxusxa, Sat Tama, del pueblo Nasa, Inga el Palmar del pueblo Inga, el Resguardo la Italia del pueblo Embera y setenta y tres (73) veredas agrupada en cinco (5) corregimientos: Puerto Vega, Alto CuembÃ, la Carmelita, Perla amazónica y Teteye.
A través de esa protesta pacÃfica, las comunidades reclamaron la afirmación y efectividad de los derechos de los pueblos indÃgenas, asà como la titulación de los territorios y el saneamiento y ampliación de los resguardos. Igualmente reclamaron su derecho a la verdad, la justicia y la reparación frente a los hechos violatorios de los derechos humanos, en donde juega un papel fundamental la memoria histórica de lo ocurrido y que tal y como lo señala la comisión interamericana de derechos humanos en su informe más reciente, este ha sido uno de los aspectos que se ha marginado dentro de la ley de justicia y paz.
Para efectos de resolver la problemática, las comunidades indÃgenas y campesinas presentaron una propuesta al Gobierno y el Consorcio Colombia Energy, en el que solicitaron garantizar la vida, seguridad, libertad y tranquilidad de quienes hacen parte de la manifestación; el cese de la guerra psicológica y del censo que adelantan miembros del Ejército Nacional; respetar el derecho de las comunidades indÃgenas a la consulta previa e indemnizarlas por el desconocimiento del mismo; diseñar y materializar planes, programas y proyectos de erradicación manual de cultivos ilÃcitos; crear un Fondo Comunitario para adelantar diversos proyectos sociales en beneficio de las comunidades; titulación de tierras a campesinos y legalización, saneamiento y ampliación de los Resguardos; la reparación de las vÃctimas.
Acercamiento y diálogo con las autoridades
Desde que se inicio la manifestación, se realizaron tres encuentros con las autoridades locales. El primer encuentro tuvo lugar con el alcalde de Puerto AsÃs, a quien se le solicitó desplazarse a la zona de concentración para verificar la situación de los manifestantes y conociera de manera directa sus planteamientos. El 26 de mayo, una comisión integrada por las autoridades locales arribaron a la zona de la movilización, en donde varios lÃderes dieron a conocer las causas y objetivos de la manifestación. En dicha reunión, el gobernador del Putumayo se comprometió a facilitar una mesa de diálogo. El 31 de mayo, se realizó la tercera reunión en la cual los manifestantes insistieron en la necesidad de convocar a una mesa de diálogo, mientras que las autoridades locales condicionaron dicho diálogo al levantamiento de la manifestación.
El pasado 10 de junio se realizó una misión humanitaria en la zona de la concentración, cuyo objetivo era avanzar en los posibles mecanismos y metodologÃas de concertación con el gobierno para resolver la problemática planteada por las comunidades. Finalmente, el jueves 15 de mayo y luego de una reunión sostenida con el Gobernador del Putumayo y el Alcalde de Puerto AsÃs se acordó conformar tres mesas de trabajo para abordar los temas de derechos humanos, explotación petrolera e inversión de recursos en el departamento, cuyos diálogos iniciaran el próximo 10 de julio. Luego de este acuerdo las casi 400 personas que estaban concentradas en la Carmelita decidieron levantar la manifestación a la espera de que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos.
[i] “Putumayo: el estratégico Surâ€. En: Actualidad Colombiana. Diciembre 15 de 1999. http://www.actcol.ibiblio.org/doc/putumayo99.html#actividad
