El miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana, cuarenta soldados de Batallón Matamoros llegaron a la comunidad Siapana de Uribia en la Alta Guajira, en donde detuvieron a Bonifacio Cohe, líder wayúu de la comunidad y a otros dos indígenas, los cuales fueron trasladados al Batallón en Uribia, en donde los uniformados se negaron a entregar cualquier tipo de información a los familiares. Solo hasta la noche del jueves y luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo, dos de los indígenas fueron puestos a disposición de la Fiscalia en Riohacha. Sin embargo aun se encuentran incomunicados.

El pasado 7 de abril, Rafael Cohe, hermano de Bonifacio fue asesinado por un grupo de paramilitares en la comunidad de Puerto López, en la Alta Guajira. Al parecer Bonifacio había sido amenazado de muerte por los paramilitares en el mes de marzo y ese día fueron a buscarlo, pero al no encontraron asesinaron a su hermano.

El jueves 22 de junio en horas de la tarde otros cuatro indígenas wayúu fueron capturados por miembros del Batallón Cartagena en las comunidades de Castillete y Guarapa. Se trata de Juan Carlos Barroso, Josué Fernández y Alex, aun no se tiene precisión acerca de la identidad del otro indígena. Al parecer, los detenidos fueron trasladados a Riohacha, sin embargo el Ejército aun no ha admitido que los tiene en su poder y actualmente los indígenas se encuentran incomunicados. Según líderes wayúu los indígenas detenidos son solo pescadores. En este momento los líderes wayúu están solicitando, al igual que en el caso de Bonifacio la intervención de la Defensoría del Pueblo para que los indígenas sean entregados a las autoridades judiciales. Como consecuencia de esta detención, se produjo el desplazamiento de ocho familias wayúu hacia Venezuela.

Estos hechos resultan preocupantes para el pueblo wayúu, pues se trata de la continuidad de una serie de agresiones que vienen acentuándose desde que ocurrió la masacre en Bahía Portete y que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del gobierno nacional, a pesar de la militarización de la región. A estos hechos se han sumado las amenazas de muerte en contra de Débora Barros, por parte de los paramilitares y de las cuales fueron testigos las personas que participaron en el segundo aniversario de la masacre, así como el permanente seguimiento e intimidaciones en contra de los familiares de las víctimas.

Este año han sido reiteradas las denuncias públicas que han hecho tanto los organismos de derechos humanos, como los propios indígenas en relación con la connivencia entre los militares y el Frente Contrainsurgencia Wayúu. Las capturas ilegales realizadas por los miembros del Ejército Nacional, demuestran de manera clara, según los indígenas, dicha relación. Incluso han llegado ha pensar que las agresiones por parte de la Fuerza Pública hacen parte de una estrategia para limpiar el territorio y dejarlo a disposición de los paramilitares. El pueblo wayúu no entiende, como es posible que el Ejército en vez de perseguir, capturar e impedir el accionar del grupo paramilitar comandado por alías “Walter” se dedique a capturar a indígenas inocentes.

Actualmente, la situación humanitaria del pueblo wayúu se ha ido invisibilizando, pues los paramilitares han acudido a los asesinatos selectivos y algunos indígenas, sobre todo los desplazados han sido presionados, incluso por funcionarios públicos para que no hagan las denuncias correspondientes bajo el argumento de que los paramilitares pueden tener acceso a dicha información y tomar represalias. Al parecer esta ha sido la manera en que las autoridades locales han pretendido ocultar la verdadera crisis humanitaria que viven el pueblo wayúu.

Lo preocupante es que todas estas situaciones, sumadas al creciente desinterés de las autoridades públicas y las agresiones por parte del Ejército coadyuvan proceso de desarraigo de todo un pueblo indígena en función de la consolidación del paramilitarismo.

Debido a estos hechos los wayúu hacen un llamado urgente para se respeten los derechos humanos del su pueblo, se garantice la vida y la integridad física de los indígenas capturados por el Ejército, así como de los líderes indígenas. Así mismo están exigiendo a la OEA y al gobierno nacional abordar el tema del paramilitarismo en la Guajira, e incluso están solicitando la desmilitarización del territorio, pues “lo único que han hecho los militares es destruir las pocas casas que quedaban para decir que en Bahía Portete nunca vivieron los Wayúu”, afirmo Débora Barros.