Se ha anunciado que en próximos dÃas llegará a Colombia el juez Baltasar Garzón con el propósito principal de visitar el Resguardo IndÃgena de La Maria. De confirmarse la noticia tendremos cerca a una persona que puede llevar a los más altos tribunales internacionales este caso que ilustra como pocos lo que se está volviendo costumbre en Colombia como polÃtica de seguridad y orden público: el uso de las armas para responder a la protesta pacifica con el argumento de enfrentar a aliados o cómplices camuflados del narco terrorismo. La presencia de Naciones Unidas y de organismos de control, DefensorÃa del Pueblo y ProcuradurÃa, ojala ayude a documentar lo que viene sucediendo y a ponerle lÃmites a la respuesta violenta del Estado.
Muchos tratadistas han señalado que la arbitrariedad como costumbre en materia de orden público es el hilo que conduce a formas disfrazadas de dictadura. Arbitrariedad es entendida como ejercicio del poder sin sujeción a las normas o acomodándolas a cada ocasión recurriendo a frases como: “General desaloje a esa gente cueste lo que cueste. Ni un minuto de bloqueo ni de tramites dilatoriosâ€.
En la ocupación del Resguardo de La Maria se pasó por encima de todas las normas. ¿Puede la fuerza pública allanar un centro comunitario en territorio indÃgena sin previa consulta, información o autorización del Cabildo? ¿Puede el ejército y la PolicÃa convertir un centro ceremonial, cultural y de salud de una comunidad en base de operaciones militares? ¿Es lÃcito que para reprimir una acción ilegal pacifica se usen armas de fuego y se realice una operación de guerra?
Al autoritarismo poco le importan estas preguntas. Para él primero está la eficiencia que la Ley; primero el orden que los derechos humanos. No le importa que la Constitución PolÃtica de Colombia establezca la Jurisdicción IndÃgena (articulo 246), designe a los territorios indÃgenas como “entidades territoriales†al igual que los departamentos, distritos y municipios (286) y menos que le asigne a las autoridades de los Cabildos y sus consejos “funciones especÃficas para el mantenimiento del orden público dentro de su territorio†(330). Al autoritarismo le incomodan los Convenios de la OIT que, como el 169, ratificado por Colombia en 1991, obliga al Estado a proteger de manera especial a los pueblos indÃgenas y a respetar su autonomÃa y territorio. El reclamo de “consulta†se le antoja un embeleco a los intolerantes que hacen carrera para pequeños dictadores.
A la arbitrariedad tampoco le importan las normas que prohÃben el uso de armas de fuego para reprimir protestas civiles, asà sean ilegales. Los Principios adoptados por Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego deben parecerles otro atentado camuflado contra la seguridad nacional; debe resultarle extraño que desde esas alturas se les advierta contra el uso de armas letales contra protestas inermes.
Dice la declaración de 1990 sobre Empleo de la Fuerza en situaciones de excepción “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza†En ninguna situación se aceptan armas letales contra civiles y para situaciones extremas, que no es el caso en La Maria, se recomienda dotar a la fuerza pública de armas con balas de goma que no produzcan trauma.
Los arbitrarios consideran impertinente que se les pregunte por la orden de allanamiento de propiedad colectiva o por el acta oficial e inventario de bienes que debieron entregar al Cabildo. Si la Ley no conviene a la seguridad autoritaria, hay que hacerle atajos mientras se cambia.
Talvez lo único que les conmueva sea la Ley del Congreso de los Estados Unidos que cuando aprobó el Plan Colombia, incluyó un inciso advirtiendo que el uso de medios comprados con ese presupuesto, incluidos helicópteros y armas, para reprimir comunidades indÃgenas, deberá llevar a la inmediata suspensión de la “ayudaâ€. Mientras el juez Garzón investiga este punto, los áulicos nos recordaran otras normas que limitan libertades y autorizan hasta la tortura y el disparo preventivo para enfrentar a los terroristas omnipresentes.
