La Constitución PolÃtica de Colombia del año 1991 marcó un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Latinoamérica. Después de 15 años, intentar hacer un balance serÃa un ejercicio de contraste entre los desarrollos normativos y los hechos de la vida cotidiana.
Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, dice la carta. Tanto los pueblos indÃgenas como los afrocolombianos hicieron parte del proyecto de reconocimiento de la diversidad en nuestra nación, lo cual se vio plasmado en la garantÃa de derechos como la educación, la salud y el territorio. Sin embargo no todo funciona como se esperaba.
El artÃculo transitorio 55 ordenó al legislativo promulgar una ley que garantizara los derechos colectivos a las comunidades negras en Colombia. Efectivamente, con la ley 70 de 1993 se dio cumplimiento a este mandato, y se estableció que los pueblos descendientes de los africanos en los actuales territorios colombianos tendrÃan derecho a una posesión colectiva de territorios, para lo cual debÃan organizarse en Consejos Comunitarios. La ley determinó que estos territorios tenÃan el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que en últimas les darÃa el carácter colectivo y garantizarÃa su uso por parte de las comunidades contra algún interés individual.
Poco a poco se fueron conformando los consejos a lo largo del Litoral PacÃfico, y poco a poco los insurgentes fueron apareciendo tras cada titulación. Los desplazamientos y los casos de violación de derechos humanos se intensificaron en los territorios colectivos, y las ciudades empezaron a ser receptoras de los afrodescendientes que salÃan de sus territorios tradicionales, y ahora se verÃan enfrentados a vivir en una ciudad donde el racismo y la discriminación no brillan por su ausencia sino por su forma de camuflarse.
El litoral pacÃfico no sólo fue escenario de titulaciones colectivas y desplazamientos forzados. Además es el foco de los ojos de las empresas que se dedican a la explotación de los recursos naturales. Los pescadores de las ensenadas pescan a la sombra de las grandes flotas pesqueras y las camaroneras. Los bosques son el hábitat de los aserrÃos y más recientemente las selvas y los mismos territorios colectivos son el lugar codiciado para sembrar palma africana. Todo ello favorecido con una intención de polÃtica forestal encaminada a privatizar los bosques y sus recursos.
Caso similar ocurre con los territorios indÃgenas, donde yacen los recursos naturales objeto del interés multinacional. La explotación de petróleo, la construcción de hidroeléctricas y represas, cultivos de coca, entre otros, son los proyectos “de modaâ€, donde los pueblos indÃgenas se convierten en un obstáculo al que hay que “quitar†para llevar a cabo los proyectos.
De manera tal, que si bien existe un cuerpo legislativo que ampara y promueve la garantÃa de los derechos colectivos de los grupos étnicos, las polÃticas no funcionan acorde con ello. Mientras por un lado se citan y vuelven a citar los derechos de los pueblos étnicos, por el otro se promueven proyectos y demás acciones que afectan directa e indirectamente el bienestar de las etnias.
Sin embargo, vale la pena destacar que los derechos no están simplemente escritos. IndÃgenas y afrocolombianos promueven acciones y movilizaciones a favor de la defensa de sus derechos y solicitando la reparación por los daños causados por diferentes actores. Las tomas pacÃficas de las entidades públicas, las marchas de una ciudad a otra, las protestas no son más que la prueba de que algo falla.
