El pasado 26 de mayo Pedro Loperena comisionado de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona (OWYBT) se reunió en Bogotá con representantes de CancillerÃa, FiscalÃa, ProcuradurÃa, DefensorÃa del Pueblo, ONIC y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con el objeto de determinar una lÃnea de acción para avanzar en el proceso de concertación de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005.
En el marco de dicha reunión, los asistentes acordaron realizar una nueva reunión con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia para avanzar en la concertación de de las medidas de seguridad individual adecuadas socioculturalmente para los lÃderes indÃgenas amenazados por los diferentes actores armados. A pesar de dicho acuerdo, los representantes del gobierno no asistieron a la reunión, lo cual ha sido interpretado como una muestra del poco interés del gobierno nacional para garantizar la vida e integridad de los indÃgenas wiwa. Lo más grave del asunto es que se trata de la segunda reunión en la que las entidades gubernamentales “brillaron por su ausenciaâ€, afirmaron las autoridades indÃgenas.
Este incidente es otro de los eslabones de una larga cadena de permanentes incumplimientos por parte del Estado frente a los compromisos asumidos con los indÃgenas. A pesar de esta situación que definitivamente no contribuye a la resolución de la problemática de derechos humanos que enfrentan los wiwa, los representantes de la OWYBT señalaron que continuaran trabajando y dinamizando los espacios que sean necesarios para que las medidas cautelares o “propiasâ€, como las han denominado, se hagan realidad y se puedan poner en práctica en los territorios indÃgenas.
Cabe recordar que las medidas cautelares fueron decretadas luego del asesinato de dos lÃderes indÃgenas durante el mes de enero de 2005 y de que la Comisión Interamericana puedo constatar que entre los años 2003 y 2004 cincuenta lideres indÃgenas habÃan sido asesinados y otros 800 se encontraban en situación de desplazamiento. A raÃz de esta situación el organismo interamericano insto al Estado Colombiano adoptar las medidas necesarias para “proteger la vida e integridad personal de los miembros del Pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraÃdas por el Estado; brindar atención humanitaria a las vÃctimas de desplazamiento y de la crisis alimentarÃa, en particular a las niñas y niños del pueblo indÃgena; concertar las medidas de protección colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los beneficiarios, a través de sus organizaciones representativas Wiwa Yugumaiun Bukuanarrúa Tayrona (OBYBT) y la Organización Gonawindua Tayrona y los peticionarios y adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiariaâ€.
Aunque el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las medidas cautelares son un mecanismo a través del cual se busca evitar daños irreparables a las personas en el contexto de situaciones de gravedad y urgencia, parece ser que para el actual gobierno la permanente y continuada situación de violencia en contra de los indÃgenas wiwa no reviste la importancia que le ha otorgado la Comisión. Ha transcurrido más de un año desde el decreto de las medidas y desde entonces, los indÃgenas han reclamado en varias oportunidades espacios de diálogo con el gobierno para ponerlos al tanto de la continuidad de las acciones violentas en contra de su pueblo y para acordar la definición e implementación de unas medidas de protección adecuadas socioculturalmente.
Hasta el momento estos esfuerzos y reclamaciones públicas no han servido para avanzar en la protección y la defensa de los derechos de todo un pueblo. Si a esto se suman las permanentes agresiones de las cuales son vÃctimas, puede pensarse en la repetición de una historia de desarraigo tan grave como la del pueblo kankuamo.
En ese contexto la Organización Wiwa hizo pública la detención del indÃgena Jaider Nieves Loperena, de la comunidad de Ulago, por parte de efectivos del Batallón Rondón de Buenavista. Los hechos ocurrieron el martes 28 de junio en San Juan del Cesar, cuando el indÃgena se dirigÃa al casco urbano del municipio para atender una invitación del alcalde. Al parecer el indÃgena fue señalado por los militares de hacer parte de la guerrilla. Actualmente se encuentran detenidos 17 indÃgenas wiwa, 16 de ellos bajo el cargo de rebelión, mientras que en el caso restante los cargos son fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
