Yaneiris Baiter Ruiz, una afrocolombiana desplazada del Cesar, es una de los cientos de asistentes a la III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta mujer que actualmente vive en Cartagena debido a las amenazas que sufrió en la Jagua de Ibirico (Cesar), por grupos paramilitares, ya tiene tres de sus familiares muertos.

“Nosotros tenemos 3 familiares asesinados por los paramilitares en diferentes fechas, nos hicieron amenazas directas porque realizamos un trabajo político organizativo, nos enviaron las cartas que ellos saben mandar, y no hay más opción sino la de salir”, relata esta mujer que a pesar de el dolor de llevar 3 muertos en su pasado, continúa luchando por defender los derechos humanos de quienes lo han perdido todo debido a la guerra que vive el país.

Además de tener cómo expectativa la de conocer otras experiencias de víctimas, también tiene la firme convicción de continuar consolidando el trabajo que viene realizando en su comunidad, “En el cesar trabajamos con mujeres, realizamos un trabajo social comunitario de generación de procesos, para que la gente reclame sus derechos, porque somos convencidos de que en este país algún día se debe acabar con la impunidad”.

Y es que en su caso, todos los crímenes que vivió su familia han quedado en la impunidad, porque a pesar de que los han denunciado en diferentes instancias, hasta el momento no han recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni ningún tipo de explicación.

“Estos encuentros han logrado cimentar las bases de nuestra organización, nuestra meta es seguir fortaleciendo el proceso, se deben seguir haciendo denuncias, se debe consolidar ese gran numero de víctimas por la defensa de los derechos y por el rescate de la verdad, de la justicia y la reparación integral para todas las víctimas colombianas”, afirma Yaneiris.

Ella junto a un gran número de personas, pertenecen a la organización de desplazados ANDAS (Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), una ONG de carácter nacional con su sede central en Bogotá, y con 13 seccionales oficialmente constituidas en Bucaramanga, Medellín, Cartagena, Cali, Itsmina, Neiva, Carmen de Bolívar, Cúcuta, Buga, Tulúa, Popayán, Barranquilla y Pasto. Esta organización promueve la defensa de los desplazados y víctimas de la violencia política en Colombia.

Indígenas son víctimas del olvido del Estado

Por otra parte Arturo Valencia, líder indígena Embera Katío del Chocó colombiano, alza su voz para hacer un llamado no sólo por las comunidades indígenas sino también por los afrocolombianos que viven en esa zona “Somos una comunidad abandonada donde más de 700 indígenas hoy sufrimos la misma consecuencias, que el resto de víctimas de todo el país. Las Fuerzas armadas han acusado a nuestro pueblo de ser colaborador de la guerrilla y nosotros sólo queremos vivir en paz”, asegura el líder indígena.

Este embera katío, es desplazado, y lleva 15 años trabajando en el departamento del Quindío, “Nosotros los líderes tenemos que ser persistentes, sin embargo es muy triste que ni siquiera se presenta la Defensoría del Pueblo en nuestra comunidad, mientras se mueren los niños por enfermedades ya que nuestra zona esta totalmente olvidada.

Arturo Valencia asegura que este año capturaron a 5 indígenas, después de ser acusados de ser colaboradores de la guerrilla y la Fiscalía tiene analista de 45 más en espera de ser capturados. “Necesitamos más presencia de la Defensoría del Pueblo, porque el tiempo es muy corto, y mientras ellos no están las Fuerzas armadas acribillan a los indígenas, y después de muertos les ponen los uniformes y un fusil para decir que son guerrilleros, yo pienso que la guerra no es ni con los indígenas ni con las negritudes ni con los campesinos”.

Para este líder indígena este encuentro debe arrojar conclusiones contundentes, que no se dejen estos casos en la impunidad, y que se solidaricen mucho más todas las personas que han sido víctimas, para que se generen procesos más concretos de ayuda no sólo con las comunidades indígenas sino también con las negritudes del Chocó.

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