En el 2003 la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-383 ordenó a las entidades estatales adelantar procesos de consulta con los pueblos indÃgenas de la AmazonÃa colombiana en lo referido al Programa de Erradicación de Cultivos IlÃcitos. El proceso de consulta culminó el 14 de noviembre de 2003 con la suscripción de un acta de acuerdo entre las autoridades y organizaciones de los pueblos indÃgenas de la amazonÃa colombiana y el gobierno nacional representado, por Juan Carlos Vives Mennoti, Ministro de Justicia y del Interior (E) y MarÃa Inés Restrepo Cañón, directora del Programa Presidencial Plan Nacional de Desarrollo Alternativo.
En el mencionado documento se acordó que la erradicación de cultivos ilÃcitos en los territorios indÃgenas se realizarÃa de manera concertada, incluyendo mecanismos de verificación, asà como la definición de un programa de sustitución y desarrollo alternativo adecuado a las particularidades culturales de los pueblos indÃgenas. Además de ello, también se incluyó el compromiso de dar continuidad a las acciones de erradicación manual de cultivos ilÃcitos en el marco del Acuerdo Mutuo y la Mesa Permanente del Pueblo Kofan.
Teniendo en cuenta la existencia de acuerdos previos en materia de erradicación de cultivos ilÃcitos, se acordó hacer una evaluación de los programas "Acuerdo Mutuo para la sustitución de cultivos de uso ilÃcito de coca en el departamento del Putumayo" "Plan Integral RaÃz por RaÃz por la pervivencia de los pueblos indÃgenas" y "Mesa Permanente del Pueblo Cofan", por parte de las entidades estatales y los representantes de los pueblos indÃgenas firmantes.
El acuerdo mutuo fue suscrito el 26 de julio de 2001 por el gobierno nacional y los pueblos indÃgenas del Putumayo. Se trató de un Plan Integral para la pervivencia de los pueblos indÃgenas, en el cual se plantearon alternativas para atacar el problema de los cultivos de coca con fines ilÃcitos. Al mismo tiempo también se incluyeron estrategias para reivindicar el uso ceremonial de la hoja de coca. En ese sentido y a partir del reconocimiento de la diferencia, uno de los objetivos del acuerdo fue construir una base productiva lÃcita, en consonancia con las perspectivas culturales y de conservación de la cultura ancestral de los pueblos indÃgenas.
El principal compromiso de dicho acuerdo fue la sustitución voluntaria y manual de los cultivos ilÃcitos, a partir de “un proceso de reconversión de la economÃa y del fortalecimiento de la organización socialâ€. En esa lÃnea de acción, la sustitución estarÃa acompañada por el gobierno, a través de acciones concretas para apoyar los planes de vida, los procesos organizativos, los proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo, los proyectos de seguridad alimentarÃa, la titulación de tierra y la recuperación de la memoria colectiva.
Al amparo del Acuerdo Mutuo, se ejecutó el Programa RaÃz por RaÃz o Programa de seguridad AlimentarÃa, cuya finalidad fue “contribuir a la reconstrucción de la economÃa comunitaria con énfasis en el autoconsumo, y generando excedentes para el intercambio, fortaleciendo la territorialidad, el gobierno y la cultura, y mejorar la infraestructura social comunitaria. En contraprestación las comunidades y los cabildos se comprometieron a sustituir los cultivos ilÃcitos de coca de sus territorios y a no establecer nuevos cultivosâ€[i].
La principal apuesta del programa fue aportar al fortalecimiento organizativo de las comunidades, en ejercicio de su derecho al autogobierno, con el objeto de que ellas mismas gestionaran, mantuvieran y fortalecieran su propio proceso.
A pesar de estos acuerdos, durante el año 2002, se reanudaron las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los territorios que hacÃan parte de la sustitución manual de cultivos ilÃcitos, afectando con ello los cultivos de pancoger, asà como los proyectos productivos que se estaban ejecutando como parte del programa RaÃz por RaÃz. El incumplimiento de los acuerdos suscritos por parte del gobierno y los hechos denunciados por los pueblos indÃgenas del Putumayo fueron verificados por la DefensorÃa del Pueblo. Dicha entidad, a través de la Resolución Defensorial No. 26 del 9 de octubre de 2002, instó a las entidades estatales involucradas en la polÃtica de erradicación de cultivos a evaluar las acciones adelantadas y dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los pueblos indÃgenas durante el 2001.
Luego de esto, la OPIAC (Organización de los Pueblos IndÃgenas de la AmazonÃa Colombiana) instauró una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y otras entidades públicas, para efectos de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indÃgenas de ésta parte del paÃs que venÃan siendo vulnerados como consecuencia de la fumigación de cultivos ilÃcitos. Este caso fue revisado por la Corte Constitucional y su sentencia determinó la suscripción del acuerdo del 14 de noviembre de 2003, referido a la concertación de los mecanismos de erradicación con los pueblos indÃgenas.
El pasado 22 de marzo, en el Putumayo se hizo la presentación de la segunda fase del Plan Colombia, denominado Ãreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM). Se trata de un programa financiado por ARD, USAID y FUPAD, cuyos recursos serán manejados a través de acción social. El programa pretende generar opciones en materia de desarrollo productivo y de fortalecimiento de los gobiernos locales, en noventa municipios con graves problemas de cultivos ilÃcitos.
Para evitar las dificultades que se han presentado en los últimos años con la erradicación de cultivos, el gobierno anunció que se han venido implementando mecanismos para trabajar de manera conjunta con las alcaldÃas, gobernaciones y lÃderes comunales. La intención de esta segunda fase del Plan Colombia es dinamizar las economÃas locales a partir del fomento de cultivos alternativos enfocados en la producción y comercialización regionales.
Ante esta nueva fase del Plan Colombia, los Pueblos Awa y Embera, a través de sus representantes presentaron, un derecho de petición al Ministro del Interior y de Justicia, asà como al Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, en el que manifestaron algunos desacuerdos en relación con el programa ADAM.
Los pueblos indÃgenas del Putumayo manifiestan que, luego de dos años de la firma del último acuerdo el gobierno no ha cumplido con la evaluación del Acuerdo Mutuo firmado en el 2001, ni con su ejecución que debe hacerse de manera concertada. De otra parte, expresan que esta segunda fase del Plan Colombia esta formulada en términos generales para toda la población, sin contemplar ningún tipo de proceso que tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural de los indÃgenas.
De otra parte, los dirigentes señalan que el programa de erradicación de cultivos en el marco del Acuerdo Mutuo y del programa RaÃz por RaÃz, no produjo el resultado esperado que era acabar con todos los cultivos de coca en el Putumayo. La primera fase, que era el proyecto de asistencia alimentarÃa funcionó bien y en ella se empezaron a ejecutar varios proyectos productivos formulados desde la perspectiva diferencial de los pueblos indÃgenas. Sin embargo, los lÃderes señalan que el programa RaÃz por RaÃz se acabó y con ello se acabaron también los recursos para las fases posteriores del proceso. Esto paralizó los proyectos productivos debido a que los indÃgenas no contaban con la asesorÃa técnica para poder continuar.
Además de este fracaso, es importante señalar que la inexistencia de la infraestructura necesaria para comercializar los productos lÃcitos ha impulsado a indÃgenas y campesinos a hacer una resiembra de la hoja desde comienzo de año. Actualmente, esta parece ser la única alternativa económica en el departamento.
En ese sentido, los Awa y Embera del Putumayo afirman que no es posible la ejecución del programa ADAM en los territorios indÃgenas hasta tanto no se evalué y ejecute el último acuerdo, que hasta el momento viene siendo incumplido por el gobierno nacional. Ello implica de manera necesaria habilitar espacios efectivos de participación y dialogó con las comunidades, para lo cual solicitaron al gobierno programar una reunión de evaluación sobre los avances en la sustitución de cultivos de coca con fines comerciales en territorios indÃgenas, en la que participarÃan la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia y las comunidades indÃgenas.
[i] OZIP, CECOIN, CORFAS. “Desarrollo indÃgena y sustitución de cultivos ilÃcitos de coca. Experiencia del Programa RaÃz por RaÃzâ€. Bogotá, febrero de 2003. p.30
