Este rosario de asesinatos tachados por la política oficial como errores, es precisamente lo que las comunidades aborígenes rechazan, denunciando que lo que existe es una política de exterminio por parte del Estado.
Dicha política se manifiesta en el consejo comunitario del 15 de marzo de 2008 en Popayán, cuando el presidente Uribe, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca SAG, el ejercito en cabeza de la III brigada, el fiscal, el Ministro de gobierno, etc., buscaban fórmulas para "reventar" el movimiento indígena caucano, colocándole precio a la cabeza de los líderes indígenas con el pago de recompensas.
El interrogante que surge es ¿por qué se acentúa la criminalización y asesinatos contra los indígenas en este régimen?
Tres razones pueden explicarlo:
1. 1. En un régimen político en donde se restringe cada vez más el derecho a disentir de la política oficial, se convierte en un mal ejemplo la dignidad y la forma con que estos pueblos lo hacen. Recuérdese que la cohesión social como principio de nación Uribista, tiene entre sus objetivos fortalecer la pertenencia a las instituciones, entre ellas a la figura Uribe. Pocas personas le han dicho la verdad al presidente como lo hizo Aida Quilcue, consejera mayor del CRIC, el pasado mes de noviembre en La María-Piendamó, casualmente, hoy su esposo, Edwin Legarda fue asesinado por fuerzas del Estado.
2. 2. A pesar de ser los pueblos indígenas menor al 10% del total de la población colombiana, pueden ser un movimiento social y político capaz de articular otras expresiones sociales y populares, como sucedió en Ecuador y Bolivia, lo cual representa un riesgo para la inversión extranjera y el régimen político actual. Para evitarlo se aplican los criterios de la guerra preventiva traspolados contra el movimiento social, por medio de la política de seguridad democrática.
3. 3. Indudablemente otro de los motivos tiene que ver con la necesidad de aplicar las leyes ambientales, como la de páramos, del agua, del vuelo forestal y el código minero, que tienen como fin desmembrar los territorios indígenas para concesionarlos a los megamonopolios. Para lo que requieren de un movimiento indígena sometido.
No puede pensarse que lo sucedido con el comunero Edwin Legarda en Totoró, cuando se baleó 17 veces por lado y lado la camioneta del CRIC, ampliamente conocida por las autoridades, en la que además se transportaba personal de misión médica, haya sido un simple error de las fuerzas militares, indudablemente esta es otra muestra de la política de criminalización que como lo dijeron en el citado consejo comunitario, pretende reventar el movimiento indígena y así facilitar el proyecto homogenizante de nación Uribista.
Tomado de Revista Viento del Sur.
