Uno de los planes más avasalladores, depredadores y arbitrarios que se mueven en Chocó es el llamado Proyecto Minero Mandé Norte, situado entre Carmen del Darién, Chocó, y Murindó, Antioquia. Desde los años 70 grandes compañías, con la venia de Ingeominas, han merodeado la zona catando metales preciosos. Ya seguros de la existencia de grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco nombrado, molibdeno, el gobierno de Uribe ha otorgado a la Muriel Mining Co. todas las concesiones posibles e imposibles para que hagan y deshagan sobre un territorio de 160 km2, aproximadamente 16.000 hectáreas. La cosa habría pasado inadvertida si no fuera porque esa superficie coincide con los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y con los resguardos indígenas de Urada-Jiguamiandó y Murindó del pueblo embera-catío.
Mediante manejos fraudulentos, la compañía hace pasar como legal una supuesta consulta previa obligatoria en el país de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Ley 21 del 91 y a las sentencias de la Corte Constitucional SU-039 del 97 y SU-510 del 98. El fraude consiste, según los Cabildos y los Consejos Mayores, en que muchos indígenas son invitados a un taller en el cual, subrepticiamente, se les hace firmar un recibido de gastos en refrigerio, transporte y alojamiento y luego aparecen esas firmas en un documento autorizando a la Muriel Mining y Co., domiciliada en Colorado, USA, y con sucursal en Medellín desde cuando Uribe fue gobernador de Antioquia, a desarrollar los trabajos necesarios para la exploración minera. Los indígenas agregan que una consulta previa debe ser antecedida por suficiente información del proyecto, un debate sobre su alcance y una consulta interna libre y legítima, según sus propias normas.
Sobre la base de ese fraude, la Muriel ha entrado "a las buenas o a las malas", como les ha hecho saber a los indígenas- en su territorio el pasado 30 de diciembre, acompañado de un pelotón del Ejército de las tenebrosas Brigadas Cuarta (Medellín) y decimoséptima (Carepa). Los jaibanas han movilizado su gente, unos 700 indígenas, al cerro Careperro Usa-Kirandarra en lengua nativa, y lugar ceremonial con miras a paralizar la construcción de campamentos y las perforaciones del subsuelo de 300 y 400 metros. La consulta hecha por la Muriel ha sido avalada por el Ministerio del Interior, no así por la Defensoría del Pueblo. Más aun, la empresa no ha presentado un estudio de impacto ambiental de sus acciones ni el Ministerio de Medio Ambiente la ha exigido, alegando que para la explotación no se requiere, como si derribar selva, abrir trochas, hacer excavaciones y perforaciones y construir campamentos, calcula como si no fueran destrozos que merecen regulaciones y reparaciones. ¿Acaso son acciones hechas en el mismo aire por donde llegan las tropas aerotransportadas con los geólogos de la empresa y del Gobierno?
El problema queda planteado. Los embera-catío harán una gran reunión el 23 de febrero para protestar ante el país y la comunidad internacional contra los atropellos cometidos por la socia del gobierno Uribe Compañía Muriel, asociada a la Rio Tinto Mining and Exploration Ltda.; sólo falta que por ahí aparezca Don Mario el fugitivo, socio del Señor del Vino, hermano del Ministro del Interior para que la sangre corra y se acuse a los dirigentes afros, cabildos y jaibanas de ser socios de las guerrillas.
Alfredo Molano Bravo es sociólogo, escritor, periodista y columnista editorial. Artículo especial para EL ESPECTADOR.
